Por Marcos Alemán - The Associated Press
Más de 10.000 soldados y policías salvadoreños, apoyados por las fuerzas de elite de los servicios de seguridad, cerraron este sábado por completo una ciudad de la periferia de la capital, que es el tercer municipio más populoso del país, para arrestar a pandilleros.
"A partir de estos momentos, Soyapango está totalmente cercado", dijo el presidente, Nayib Bukele, en la red social Twitter. Y agregó: "8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la ciudad, mientras los equipos de extracción de la policía y el Ejército se encargan de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí".
Policías y soldados controlaron todos los accesos a Soyapango, a cinco millas al noreste de la capital, que hasta hace meses era uno de los principales bastiones de las pandillas. Todos los vehículos estaban siendo inspeccionados y las personas debían identificarse para entrar y salir de la zona, mientras las unidades antiterroristas hacían registros en las comunidades para localizar a pandilleros.
"Los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente", dijo Bukele, "esta es una operación contra criminales, no contra los ciudadanos honrados”.
Soyapango, con más de un millón de habitantes, es el primer municipio intervenido por Bukele en de la quinta fase del Plan Control Territorial —denominada “extracción”— contra las pandillas.
El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, explicó a los periodistas que se ubicaron equipos de "extracción" en 40 puntos estratégicos; en la primera hora se arrestó a 12 personas.
Bukele anunció a finales de noviembre que intensificaría la persecución a las pandillas y retomaría la experiencia del cerco militar montado en el municipio de Comasagua, al sur de San Salvador, para capturar a los responsables del asesinato de un campesino. Avisó que se impondrán cercos en las grandes ciudades sin importar las críticas de los defensores de los derechos humanos.
Esa política de mano dura se acentuó después de que el 26 de marzo se reportaran 62 homicidios en un solo día. El Congreso, a pedido de Bukele, aprobó una declaración de estado de excepción para combatir a las pandillas que limita la libertad de asociación, y suspende el derecho de las personas a ser informadas de sus derechos y del motivo de arresto, y la asistencia de un abogado.
Desde el inicio del estado de excepción se ha capturado a más de 58.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas, según el Gobierno. Organizaciones sociales han dicho haber documentado más de 4.000 casos de violaciones de los derechos humanos durante esos ocho meses y dicen tener informes de que al menos 80 personas han muerto bajo custodia .
Según estadísticas oficiales, del 1 de enero al 30 de noviembre se registraron 598 homicidios, un 43% menos que los 1.052 en el mismo periodo de 2021.
Las maras están involucradas en el narcotráfico y la delincuencia organizada. Extorsionan a comerciantes y empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
En agosto de 2015, la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. En su sentencia declaró terroristas a los jefes, miembros y colaboradores.