Yorje Pérez Moreno atravesó miles de kilómetros para llegar hasta Nuevo Laredo, México. Tuvo que dejarlo todo: familia, amigos, estudios y a su país, Venezuela, del que huyó ante la violencia de los cuerpos de seguridad estatales que lo perseguían por haber participado en las protestas contra el gobierno.
“Mi sueño era terminar la universidad, pero no me dejaron. Me golpearon, me persiguieron y me amenazaban con meterme preso, por eso me tuve que ir”, explica Moreno, de 23 años.
A inicios de agosto, cuando finalmente estaba a pocos kilómetros de la frontera estadounidense, tomó un taxi con un amigo que lo acompañó a solicitar asilo en la frontera. “Tú no eres de aquí. Eres venezolano y vienes a pedir asilo, ¿no?”, le preguntó el chofer que, sin darle tiempo a pedir ayuda, bajó los seguros del coche y comenzó a dar vueltas por la ciudad, mientras hacía llamadas a otras personas y les pedía dinero.
Llenos de pánico, Pérez y su amigo pagaron más de 600 dólares para poder ser liberados, antes de que los confinaran en las “casas seguras” donde los cárteles del narcotráfico retienen a las personas que secuestran en la frontera. Luego de ser extorsionado tuvo que cambiarse de hotel por temor a que lo localizaran y porque vio cómo hombres armados llegaron a buscar a otra persona migrante.
Al día siguiente cruzó un puente fronterizo para solicitar asilo pero, a pesar de que explicó los peligros que había sufrido en carne propia, las autoridades estadounidenses lo retornaron a México. “Vivimos con miedo porque es una zona muy corrupta. Toda la gente te dice que los cárteles imponen las reglas, el narco es la ley”, dice con desaliento.
El caso de Pérez muestra la cruda realidad que enfrentan las personas migrantes en México, una problemática que es analizada en el más reciente informe de Human Rights First, una organización de defensa de los derechos humanos con sede en Washington, que desde enero ha registrado 6,356 ataques violentos —que incluyen violaciones sexuales, secuestros, extorsiones, trata de personas y otras agresiones— contra migrantes que fueron deportados a México o personas a las que se les impidió solicitar asilo en la frontera por el Título 42, una ordenanza sanitaria implementada durante la pandemia de coronavirus.
[La Corte Suprema valida la decisión judicial que obliga a Biden a restablecer ‘Quédate en México’]
“En los siete meses que lleva la Administración Biden hemos documentado más de 6,000 casos de abusos, agresiones y corrupción. Como la mayoría de las personas no hacen las denuncias ante las autoridades, nosotros creemos que esto es una cifra mínima de lo que está pasando en la frontera”, explica Ana Ortega, abogada e investigadora de Human Rights First, en una entrevista con Noticias Telemundo.
El informe titulado Human Rights Travesty: Biden Administration Embrace of Trump Asylum Expulsion Policy Endangers Lives, Wreaks Havoc advierte que casi un 83% de los solicitantes de asilo que fueron retornados a México reportaron haber sufrido agresiones o amenazas durante el último mes, según los datos de la encuesta realizada desde mediados de junio hasta mediados de agosto de 2021.
En los últimos dos meses, Human Rights First ayudó a 69 personas asentadas en Tijuana (Baja California) y Piedras Negras (Coahuila) para que solicitaran una visa humanitaria. Un 62% (43 de 69 casos) denunciaron haber sido secuestrados en México, y casi un 19% (13 de 69) manifestó haber sufrido agresiones sexuales en esas ciudades mexicanas.
El mes pasado, el número de migrantes interceptados por las autoridades estadounidenses tras cruzar la frontera con México de manera irregular se disparó a más de 212,000 arrestos, una cifra que supera todos los registros de las últimas dos décadas.
Además, Estados Unidos ha comenzado a utilizar vuelos para expulsar a familias y adultos centroamericanos al sur de México, una medida que ha sido condenada por Naciones Unidas.
Agresiones contra las minorías
Los datos de la investigación revelan que el 89% de las personas de la comunidad LGBTQ+ que participaron en las encuestas fueron atacadas o recibieron amenazas recientemente. Además, el análisis de los datos recopilados desde mediados de junio hasta mediados de agosto de 2021 muestra que casi el 20% de los solicitantes de asilo haitianos que se encuentran en la región fronteriza fueron víctimas de abusos por parte de la policía, incluidas agresiones como palizas, extorsiones y amedrentamiento.
Una mujer hondureña, miembro de la comunidad LGBTQ+, dijo a los investigadores que fue violada y agredida en Ciudad Acuña, una población mexicana fronteriza con Del Rio, Texas. “Tenía el brazo roto, y muchos moretones en la cara y el estómago. Algo que nos conmovió mucho fue que nos dijo que jamás se imaginó que la violencia y la discriminación de la que venía huyendo la iba a acompañar hasta la frontera”, comenta Ortega.
[No, el aumento de los casos de COVID-19 no es culpa de los inmigrantes]
El informe retrata de manera precisa los múltiples peligros que acechan a las personas migrantes en el norte de México.
Un hombre hondureño, que pertenece a un pueblo indígena, denunció que fue secuestrado y separado de su hijo de 5 años luego de ser expulsado a Reynosa, México. Una madre salvadoreña, y su hijo de 7 años también fueron secuestrados en Reynosa, una migrante guatemalteca fue violada en Ciudad Juárez, luego de que las autoridades estadounidenses la retornaron a esa ciudad con su hija de 5 años.
En cada apartado de la investigación abundan las denuncias de los migrantes que fueron víctimas de cárteles y otros grupos criminales en las ciudades mexicanas, además los investigadores advierten sobre el aumento del número de personas que viven en campamentos improvisados en ciudades como Tijuana, Matamoros y Reynosa, donde un campamento en la plaza central de la ciudad alberga a miles de personas migrantes.
A fines de junio, la organización publicó un reporte en el que registraban 3,300 incidentes violentos, por lo que la nueva cifra muestra un aumento del 95% en estos ataques.
El documento se basa en entrevistas con solicitantes de asilo, encuestas aplicadas a las personas migrantes, informes de prensa e información proporcionada por abogados y grupos de ayuda humanitaria. La organización señala que las autoridades mexicanas no actúan debidamente ante las agresiones contra los solicitantes de asilo y las personas migrantes.
Según los investigadores, el amplio control ejercido por los cárteles en vastas franjas del territorio y la complicidad de las autoridades mexicanas “evidencian que las políticas estadounidenses que obligan a los solicitantes de asilo a esperar en México o requieren una exención inicial u otro procesamiento en ese país ponen en peligro a las personas migrantes, los abogados y los grupos humanitarios”.
Eunice Rendón, académica y consultora internacional en temas migratorios, no participó en la investigación, pero comparte la mayoría de sus hallazgos. “Estamos hablando de gente que viene huyendo del riesgo a perder la vida, que sufren persecuciones y están en situaciones muy complejas pero, como dice el informe, al aplicar el Título 42 son empujados a una situación más peligrosa. Los deportas directo al peligro, en algunos casos, a la muerte”, advierte la experta.
Rendón ha visto de cerca los efectos de los retornos de migrantes porque estudia la situación de los flujos de personas en regiones como Ciudad Juárez, por eso advierte sobre las violaciones a los derechos humanos que implican estas prácticas.
“Ahorita lo que se está viviendo en los albergues de Ciudad Juárez es que cerca del 20% de las personas retornadas están infectadas de COVID-19. Supuestamente las autoridades estadounidenses les hacen exámenes, pero la realidad es que a muchos los mandan contagiados a México”, advierte la investigadora.
Tanto la Secretaría de Gobernación como el Instituto Nacional de Migración mexicano fueron contactados sobre el contenido del informe, pero no hicieron comentarios.
[Una corte federal bloquea las nuevas reglas de ICE que limitaban las deportaciones]
‘Quédate en México’
La investigación fue divulgada ayer mientras la Corte Suprema de Estados Unidos fallaba en contra del recurso legal que presentó el Gobierno la semana pasada para suspender la orden de un juez federal en Texas que exigía reinstaurar el programa migratorio Quédate en México.
Esta decisión significa que las autoridades estadounidenses tendrán que reanudar la práctica de regresar a México a los migrantes que soliciten asilo en la frontera, mientras esperan que sus casos sean procesados en las cortes migratorias de Estados Unidos.
El presidente, Joe Biden, suspendió los Protocoles de Protección al Migrante (nombre formal del programa) durante su primer día en el cargo, y el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que lo concluiría de forma definitiva en junio, según los documentos judiciales.
Recientemente, más de 70 organizaciones de México y Estados Unidos firmaron una carta abierta en la que le piden al gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que se oponga al restablecimiento de ese programa.
Se calcula que más de 70,000 migrantes (en su mayoría centroamericanos, pero también cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades) fueron devueltos a México por el gobierno de Trump durante la aplicación de este programa en 2019.
“Al igual que la política de expulsión del Título 42, el programa ‘Quédate en México’ (…) no puede llevarse a cabo de manera legal o humana y solo incrementará el peligro de las personas que buscan seguridad en Estados Unidos. Eso provocará más secuestros, agresiones, torturas y otros ataques violentos”, declaró Kennji Kizuka, director asociado de investigación y análisis en Human Rights First.
Para miles de migrantes, la frontera de México y Estados Unidos es la antesala a sus sueños. En albergues, campamentos o desde la calle miran hacia el norte donde esperan conseguir la seguridad y las oportunidades que sus países les han negado.
“Quiero vivir en un sitio donde no sienta que mi vida corre peligro. Mientras tanto me toca aguantar y tener paciencia”, dice Pérez, el migrante venezolano que, por ahora, está en un albergue de Nuevo Laredo.
Si tiene denuncias sobre la situación migratoria en México y Centroamérica puede escribir a albinson.linares@nbcuni.com