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Unas 100,000 tarjetas de residencia están en riesgo de caducar debido a los retrasos por el COVID-19

Desde el inicio de la pandemia, USCIS ha experimentado problemas de presupuesto y la reducción de su capacidad de procesamiento, por lo que las tarjetas de residencia se aprueban a un ritmo muy lento.

El Gobierno de Estados Unidos corre el riesgo de perder alrededor de 100,000 residencias permanentes (tarjetas verdes o gren cards) basadas en empleo este año, porque la agencia federal encargada de su emisión se enfrenta a retrasos históricos en el procesamiento de las solicitudes debido a las complicaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19.

Según reportó The Wall Street Journal, la situación complica lo que ya ha sido la espera de un año para muchos de los 1.2 millones de inmigrantes, la mayoría son oriundos de India, trabajan en el sector tecnológico y han realizado los procesos legales para convertirse en residentes permanentes en Estados Unidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés) comenzó su año fiscal en octubre de 2020 con 120,000 tarjetas de residencia adicionales a las 140,000 que normalmente entrega cada año. Pero con menos de dos meses para que finalice el año fiscal, está lejos de alcanzar esa meta.

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No se disponen de datos recientes sobre cuántas tarjetas de residencia basadas en empleo se han procesado pero Charlie Oppenheim, un funcionario del Departamento de Estado, dijo en un foro transmitido por YouTube en julio que estimaba que el Gobierno finalizaría el mes de septiembre con unas 100,000 solicitudes de green cards sin procesar. Cualquier tarjeta verde que no sea procesada para fines de septiembre se vencerá.

Desde el inicio de la pandemia, el USCIS ha experimentado problemas de presupuesto y la reducción de su capacidad de procesamiento, por lo que las tarjetas de residencia se aprueban a un ritmo muy lento. The Wall Street Journal afirma que, según datos del Gobierno, las solicitudes de las green cards están demorando, en promedio, unos 10.5 meses en completarse, dos meses más que el año pasado. En algunos casos extremos, las solicitudes de residencia han llegado a tardar hasta cinco años.

Un grupo de 125 ciudadanos indios y chinos han presentado una demanda en las cortes estadounidenses por la lentitud en la adjudicación de las tarjetas de residencia en un intento por salvar las solicitudes que caducan al final del año fiscal.

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Los demandantes presentaron solicitudes de residencia permanente durante o antes de diciembre de 2020, junto con sus familiares dependientes (cónyuges e hijos menores solteros).

La demanda dice que el Departamento de Seguridad Nacional no adjudicó las solicitudes en el lapso que les correspondía, por lo que “cientos de miles” de tarjetas verdes caducarán y cientos de miles de profesionales indios y chinos perderán la oportunidad de convertirse en residentes permanentes. Muchos se enfrentan a la posibilidad de caer en un retraso que podría durar varios años.

El hecho de no adjudicar completamente todas las visas disponibles en un año fiscal es un desperdicio gubernamental de proporciones épicas. El Congreso creó una disposición para que las visas no utilizadas de la categoría familiar sean procesadas en la categoría de empleo”, dijo Jeff Joseph, uno de los abogados que presentó la demanda. “La retención ilegal de la adjudicación de esas visas por parte del USCIS frustra la intención del Congreso, exacerba aún más los retrasos históricos para los ciudadanos de China e India, y es simplemente un desperdicio administrativo”.

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Si no se produce una revisión drástica de los tiempos de procesamiento, el Gobierno del presidente, Joe Biden, realizará uno de los mayores recortes a la inmigración legal en la historia de Estados Unidos.

Sin embargo, los expertos advierten que el inicio de este retraso sucedió durante la gestión del expresidente Donald Trump que prohibió que la mayoría de los inmigrantes patrocinados por sus familiares ingresaran a Estados Unidos. Esto provocó que no se utilizaran 120,000 cupos para tarjetas de residencia familiares.

La Administración Trump debió prever que se necesitaría un gran esfuerzo para adjudicar las 120,000 solicitudes adicionales basadas en el empleo. Y tuvo mucho tiempo para preparar una respuesta: Trump firmó su orden ejecutiva que prohíbe el ingreso de la mayoría de los familiares en abril de 2020. Pero nunca se materializó ningún plan”, aseveró David J. Bier, investigador del Instituto Cato, en una columna publicada en The Washington Post.

Con información de AP, The Economic Times y The Washington Post.