El activista nicaragüense Moisés Alberto Ortega Valdivia fue expulsado de vuelta a su país junto con su familia el pasado mes de julio, luego de que intentaron solicitar asilo en Estados Unidos. Ortega huyó con su esposa y su hija de 9 años, después de que agentes del Gobierno lo encarcelaran y torturaran. La policía nicaragüense golpeó también a su esposa que estaba embarazada y más tarde sufrió un aborto.
Después de su expulsión a Nicaragua, las autoridades llevaron a Ortega a la cárcel, lo interrogaron y registraron su casa. Se vio obligado a tragarse las cinco páginas de su solicitud de asilo por miedo a que la policía de su país lo descubriera.
Como él, un solicitante de asilo guatemalteco fue expulsado a México por la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés) en octubre, a pesar de que expresó más de una vez su temor de regresar a México, donde fue secuestrado durante un mes antes de llegar a Estados Unidos. Eran las 2:00 de la mañana cuando los agentes lo llevaron a Nogales, en el estado fronterizo de Sonora. El hombre fue golpeado por un agente que lo dejó con moretones y dificultades para caminar.
Lo mismo sucedió con un solicitante de asilo nicaragüense que estuvo a punto de morir tras ser abandonado en el desierto por un coyote. El hombre estuvo sin comida ni agua durante días, hasta que fue hospitalizado por 9 días. Requirió diálisis para el daño renal con el que terminó, resultado de la deshidratación. También fue expulsado más tarde a Nogales, solo y en bata de hospital.
Estas son solo unas de miles de historias de inmigrantes y solicitantes de asilo que han sido expulsados de Estados Unidos desde que comenzó la pandemia de coronavirus en marzo, según un reporte presentado este miércoles por la organización Humans Rights First.
Algunos de sus nombres no aparecen por protección a estas personas.
El reporte denuncia que, bajo el pretexto de la pandemia, el Gobierno de Donald Trump ha incrementado la expulsión de los solicitantes de asilo y ha devuelto a muchos a México, donde la tasa de homicidios este año es la más alta en décadas, según datos del Gobierno mexicano.
La organización asegura que el Departamento de Seguridad (DHS, en inglés) ha utilizado la orden de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que controla la llegada de inmigrantes a EE.UU. con motivo de la pandemia, para expulsar a más de 260,000 inmigrantes y solicitantes de asilo entre marzo y octubre de 2020, sin ningún tipo de protección. Muchos se vieron obligados a regresar a los países de los que huyeron, otros fueron enviados a México.
Tan solo en noviembre, el DHS envió a más de 68,000 personas a algunas de las zonas más peligrosas de México, dice el informe.
De acuerdo con la organización, sigue habiendo unos 23,000 casos pendientes de solicitantes de asilo, de estos, el 70% han estado esperando en México un año o más para una audiencia. La mayoría de quienes solicitaron asilo a partir de octubre son de Cuba (6,463), Honduras (5,422), Guatemala (3,979), Ecuador (2,142), Venezuela (1,408) y El Salvador (1,397).
El número de ataques a solicitantes de asilo en México sigue en aumento, según la organización que documentó al menos 1,310 casos de violaciones, secuestros y agresiones hasta el 15 de diciembre. Lo mismo denuncia la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en su último informe, ‘En la boca del lobo’.
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De acuerdo con la organización, los crímenes no han sido investigados y la mayoría de las víctimas no se atrevieron a denunciar a las autoridades por miedo.
Menores no acompañados
Al menos 8,800 menores no acompañados han sido expulsados por la Administración, de acuerdo con la organización, que apunta que esta cifra podría llegar incluso hasta los 14,000 niños, tomando en cuenta a los menores de 5 años. En noviembre, un tribunal federal bloqueó preliminarmente al DHS para que no usara la orden de los CDC para expulsar a los menores no acompañados.
Acuerdo entre EE.UU y El Salvador
Muchos de estos solicitantes de asilo son devueltos a países donde sus vidas corren peligro, como es el caso de El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua.
Pese a esto el Gobierno de Trump y El Salvador firmaron un acuerdo para enviar a los solicitantes de asilo a la nación centroamericana. EE.UU. tiene acuerdos similares con Guatemala y Honduras.
Para Alex Gálvez, abogado de inmigración, se trata de una forma con la que el actual presidente, Donald Trump, quiere mostrar su "mano dura" con los indocumentados. El experto opina que se trata de un acuerdo que "no es viable" porque se espera que la próxima Administración demócrata, que se pondrá en marcha en enero, no dará mucho espacio a esta política.
La política de Biden con los inmigrantes
La organización insta al presidente electo, Joe Biden, a retirar la orden de los CDC que controla la llegada de inmigrantes a Estados Unidos con motivo de la pandemia.
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En entrevista con Noticias Telemundo, Biden se comprometió a poner fin a las políticas de Trump en materia de inmigración. El demócrata aseguró que congelaría todas las deportaciones en los primeros 100 días de su mandato de llegar a la Casa Blanca.
La jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo hace unos días que espera que la Administración de Biden sea "mucho, mucho mejor" en lo que se refiere a los derechos humanos.