Una veintena de estados republicanos, liderados por Texas, demandaron este martes a la Administración de Joe Biden para bloquear su recientemente ampliado programa de parole humanitario, que permite la entrada mensual de 30,000 migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, siempre que cuenten con patrocinadores y lleguen a Estados Unidos en avión.
La demanda, también impulsada por el grupo conservador America First Legal, defiende que el Gobierno no tiene derecho legal a otorgar ese permiso humanitario a migrantes, sino que debe ser el Congreso quien lo haga “caso por caso” y “por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
Los demandantes afirman además que el Gobierno tiene un poder “excepcionalmente limitado” para otorgar este beneficio migratorio.
Biden anunció en octubre el programa de parole humanitario para inmigrantes venezolanos y ucranianos, en un intento por controlar el éxodo en la frontera con México. Al tiempo que ponía en marcha este sistema, anunció que los migrantes de esos países que intentaran solicitar asilo en la frontera serían devueltos, como le sucede a la mayoría, en virtud a la norma sanitaria conocida como Título 42.
El Gobierno amplió el programa en diciembre a migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití, estableciendo la admisión de 30,000 migrantes de esas nacionalidades cada mes siempre y cuando cumplan las condiciones (entre ellas, tener un patrocinador dentro del país). De la misma forma, la expulsión exprés a México del resto de migrantes llegados a la frontera por el Título 42 se amplió también a estas nacionalidades.
La llegada de migrantes a la frontera sur alcanzó un nuevo récord en diciembre antes de que Biden ampliara el programa, según los datos más recientes. Ese mes, los agentes fronterizos procesaron a migrantes 251,487 veces, un aumento del 7% respecto a noviembre, según datos oficiales.
Los estados republicanos que impulsan la demanda, además de Texas, son Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming.
Los demandantes alegan que el programa de parole humanitario es "ilegal" porque aún que no ha pasado por el proceso de notificación y comentario público contemplado bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
La Casa Blanca no se había pronunciado sobre la demanda hasta este martes en la tarde.
Según la demanda, el programa de parole humanitario falla en tres puntos principales.
“No se aplica caso por caso, no obedece a razones humanitarias urgentes y no aporta ningún beneficio público significativo”, se lee en la querella, que describe el programa como “un nuevo programa de visados”.
American First Legal, el grupo legal conservador que se unió a los estados en la demanda, fue fundado por Stephen Miller, exasesor del expresidente Donald Trump. La coalición ha participado en importantes batallas legales contra los migrantes: se opuso a que quedaran en libertad en Estados Unidos niños migrantes que dieron positivo al COVID-19 y a las prioridades de deportación de la Administración Biden.