Una pareja de origen guatemalteco, dueña de un restaurante y una empresa de limpieza en California, se declaró culpable este martes por el delito de conspiración para someter a trabajos forzados a tres inmigrantes, una madre y sus dos hijas menores de edad, informó el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).
El hombre de 53 años, Ney Martínez, y su esposa Maura N. Martínez, de 53 años, ambos estadounidenses naturalizados, confesaron haber conspirado para traer a una mujer guatemalteca y sus dos hijas a Estados Unidos con visas de visitante y, tras expirar su estancia legal, las obligaron a trabajar largas horas por un pago mínimo o nulo.
Los abusos ocurrieron entre septiembre de 2016 y febrero de 2018, en el restaurante Latino's y una empresa de limpieza que prestaba servicios a varios negocios en la localidad de Shasta Lake, en el norte de California.
Según el DOJ, sometieron a las víctimas, que eran sus familiares, a abusos físicos, psicológicos y verbales y separaron a la madre de sus hijas para forzarlas a trabajar. También les inventaron una deuda para evitar que regresaran a Guatemala y las amenazaban, si no cumplían con sus exigencias, con llamar a las autoridades y “hacerlas arrestar” por exceder su estadía legal.
“Los acusados usaron la promesa del sueño americano para atraer a la madre y sus hijas a Estados Unidos en búsqueda de una vida mejor y torcieron esa esperanza hasta explotar sus sueños bajo condiciones crueles”, aseguró en el comunicado la fiscal Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del DOJ.
Las menores no asistían a la escuela porque les aseguraron que las autoridades “arrestaban y deportaban a los niños que no son ciudadanos estadounidenses”.
Las víctimas vivían en remolque sin calefacción ni agua potable, y la pareja las humilló frente a otras personas usando incluso la fuerza. Nery Martínez, dice la acusación, golpeó a las niñas con un palo.
“No hay lugar para una conducta tan cruel en la sociedad, y el Departamento de Justicia sigue comprometido con la erradicación de la trata de personas”, sentenció Clarke.
Pese a que los trabajos eran públicos, las víctimas estaban demasiado aterradas para denunciar, indicó el agente especial, Sean Ragan, de la oficina del FBI en Sacramento. “Ninguna persona y mucho menos una familia, debería ser obligada a trabajar y vivir como ellas lo hicieron (...) Buscamos justicia para las víctimas, independientemente de su estatus migratorio”, aseveró.
No era la primera vez
En un comunicado de junio de 2021, el Departamento de Justicia indicó que se agregaría a la acusación los cargos de secuestro y conspiración para cometer secuestro.
El texto además menciona otro caso de enero de 1997 en el que la pareja conspiró para secuestrar a una niña de 13 años. A sus padres les prometieron que la devolverían en una semana. A la niña la atrajeron con regalos y dinero. La semana se convirtió en casi dos años.
Se la llevaron de Las Vegas, Nevada, a la casa de la pareja en Redding, California. En el tiempo que la tuvieron contra su voluntad y la de sus padres, la obligaron a labores de limpieza por siete días a la semana sin pago.
La acusación señala que Nery A. Martinez además acosaba sexualmente a la niña y la violaba.
Está previsto que el juez federal de distrito William B. Shubb dicte sentencia el 8 de noviembre. La pareja enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 250,000 dólares por los delitos de trabajo forzado.
Si es declarada culpable por el cargo de secuestro, podría ser condenada a una vida en prisión y una multa de 250,000 dólares. De acuerdo al DOJ el caso es resultado de una investigación del FBI.
“Pedimos al público que denuncie si sospecha de un caso de trata de personas y alentamos a las víctimas a que hablen para escapar del ciclo de explotación en el que se sienten atrapadas”, solició el agente especial, Sean Ragan, de la oficina del FBI en Sacramento.
Con información de Efe