Una jueza federal de Nevada dictaminó este miércoles que el estatuto que desde hace 70 años castiga como si fuera un crimen el regresar a Estados Unidos después de ser deportado es en realidad inconstitucional, puesto que, según dijo, discrimina a los latinos y viola por tanto la cláusula de igualdad incluida en la 14 Enmienda.
La magistrada Miranda Du ordenó así archivar el caso judicial contra Gustavo Carrillo López, que fue detenido en verano de 2019 en Estados Unidos pese a haber sido deportado anteriormente en 1999 y 2012.
La sección 1326 del código legal prevé penas de hasta 10 años de cárcel para los inmigrantes que retornen tras ser expulsados, y aunque ha sido cuestionada anteriormente ante la justicia, aparentemente es la primera vez que se pone en duda su constitucionalidad de esta manera, según informa el diario The Nevada Independent.
"El expediente ante la corte refleja que en ningún momento el Congreso se ha enfrentado a las raíces racistas y nativistas de la Sección 1326", escribió la jueza, según recoge el diario Las Vegas Review Journal.
"Es el primer fallo de este tipo", dijo la defensora pública federal Lauren Gorman al citado diario, "en el pasado ya se ha cuestionado que viole la cláusula de igualdad, pero es la primera vez que se declara inconstitucional".
[Una corte federal bloquea las nuevas reglas de ICE que limitaban las deportaciones]
En un dictamen de 43 páginas, la jueza traza los orígenes y la historia de la Sección 1326 hasta la década de 1920, "la primera y única época en la que el Congreso se basó abiertamente en la ahora desacreditada teoría de la eugenesia para promulgar la legislación de inmigración".
El Congreso penalizó por primera vez la reentrada ilegal en Estados Unidos en 1929. Cuando se promulgó el artículo 1326, unos 20 años después, el Congreso adoptó el lenguaje de esa ley anterior "palabra por palabra" y sin "limpiar" sus orígenes racistas, según la jueza.
"Aunque no existen datos disponibles públicamente sobre el origen nacional de las personas procesadas en virtud de la Sección 1326", subrayó, "más del 97% de las personas detenidas en la frontera en el año 2000 eran de ascendencia mexicana, el 86% en 2005, y el 87% en 2010."
Los fiscales "no discuten que la Sección 1326 afecta más a los individuos mexicanos y latinos", añade el dictamen judicial, sino que argumentan que "es producto de la geografía, no de la discriminación", siendo así las estadísticas "una característica de la proximidad de México, la historia de los patrones de empleo mexicanos y otros factores sociopolíticos y económicos que impulsan la migración de México a los Estados Unidos'".
"El poder plenario del Gobierno federal sobre la inmigración no le da licencia para promulgar estatutos racialmente discriminatorios en violación de la protección igualitaria", dictaminó la jueza.
"La historia racista de la Sección 1326 es, en el fondo, la historia de millones de vidas individuales de latinos arruinadas, y degradadas, por la aplicación de esta ley injusta", aseguró Gorman.
Este dictamen supone un revés para el Departamento de Justicia, que presentó el caso bajo la presidencia de Donald Trump (abiertamente contrario a la inmigración, legal o ilegal) pero lo continuó ya con Joe Biden en la Casa Blanca (que había prometido políticas más comprensivas y compasivas).
Julián Castro, excandidato presidencial y exscretario de Vivienda con Barack Obama en la Casa Blanca, publicó un mensaje en la red social Twitter asegurando que esa disposición legal “tiene una historia increíblemente racista”. “Dudo de que el Departamento de Justicia de Biden quiera defenderla en una corte de apelaciones”, agregó.