Una jueza federal bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del gobernador de Texas, Greg Abbott, para impedir a los individuos y empresas privadas el transporte de inmigrantes indocumentados que fueron liberados por la Patrulla Fronteriza después de cruzar la frontera con México ilegalmente.
La jueza de distrito Kathleen Cardone falló a favor del Departamento de Justicia, que demandó al Gobierno tejano el viernes argumentando que estaba usurpando poderes que le corresponden a la federación. El jueves, el fiscal general, Merrick Garland, criticó la orden de Abbot en una carta abierta al público, pidiéndole que la retirara de inmediato: “La orden es peligrosa e ilegal”, escribió.
La medida del gobernador republicano le permitía al Departamento de Seguridad Pública de Texas detener cualquier vehículo sospechoso de transportar inmigrantes que hubiesen cruzado la frontera irregularmente, alegando que de este modo buscaba combatir la propagación de la infecciosa variante delta del coronavirus.
Abbot ha emprendido una serie de acciones en la frontera para frenar la llegada de los inmigrantes indocumentados.
A principios de junio declaró un estado de emergencia en los condados fronterizos por el aumento de los cruces irregulares y una semana después anunció que construiría un muro en la frontera y empezaría a imponer penas de prisión a los inmigrantes. Un mes después, las autoridades tejanas comenzaron a encarcelar a los primeros migrantes que cruzaron la frontera irregularmente, acusándolos de allanamiento cuando pasaron por propiedades privadas.
La jueza Cardone determinó que la medida sería invalidad mientras se estudia el caso en las cortes, porque “muy probablemente” prevalecería el argumento del Departamento de Justicia de que usurpa los poderes del Gobierno federal.
La polémica ordenanza de Abbott ocurrió días después de un incidente con una familia de migrantes contagiada con COVID-19 que fue vista en un restaurante en La Joya, condado de Hidalgo, estornudando y sin cubrebocas. Se habían hospedado en un hotel alquilado por la organización caridades católicas en McAllen para que pudieran mantenerse aislados junto con otras 30 familias, luego de que la Patrulla Fronteriza los liberara de su custodia.
[En esta morgue de la frontera el 40% de los inmigrantes murieron con COVID-19]
La familia evadió la seguridad del hotel y salió a comprar algo de comida en un establecimiento de comida rápida. La noticia provocó el pánico entre los residentes y el juez Richard Cortez le pidió al Gobierno federal en una carta que dejara de “liberar a migrantes infectados en nuestra comunidad”.
La preocupación por los reportes sobre los posibles contagios de coronavirus entre los inmigrantes que Protección Fronteriza y Aduanas (CBP, en inglés) libera en las comunidades también llevó el mes pasado a un juez en el condado de Webb a prohibir a las autoridades federales que trajeran personas detenidas en otros condados, alegando que hasta el 40% podía haber contraído el virus.
Este lunes por la noche, el alcalde de McAllen, también en el condado de Hidalgo, emitió una declaración de desastre por el repunte de la pandemia y la llegada de inmigrantes liberados por CBP.
Los funcionarios de CBP actualmente se asocian con organizaciones no gubernamentales para practicar pruebas de COVID-19 a los inmigrantes que liberan de su custodia. Luego, si dan positivo, son enviados a albergues u hoteles que estas organizaciones alquilan con fondos de la Agencia para el Manejo de Desastres para que puedan permanecer aislados durante dos semanas, tras lo cual se les permite continuar su viaje a otras ciudades del país.