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Una corte de apelaciones confirma que no retrasará el fin del Título 42 previsto para el 21 de diciembre

Biden y 19 estados republicanos recurrieron el dictamen de un juez de Washington D.C. que ordenó acabar con la medida, ante el temor de que aumente la llegada de migrantes.

La corte de apelaciones del Distrito de Columbia decidió este viernes que no retrasaría la cancelación del Título 42, la controvertida medida aprobada por el expresidente Donald Trump en marzo de 2020 para retornar en la frontera a la mayoría de solicitantes de asilo, escudándose en el riesgo que supone la pandemia de coronavirus, luego de que el Gobierno de Joe Biden y 19 estados republicanos apelaran hace días la decisión de un juez federal de ponerle fin.

Los magistrados podían mantener la orden de la corte inferior de acabar con el Título 42 el 21 de diciembre; o anularla, de forma que Título 42 siguiera en vigor indefinidamente; o extender el plazo unas semanas o meses para darse más tiempo para tomar una decisión final. En este último caso, la prórroga no entra a valorar la validez o la suerte futura del Título 42, sólo gana tiempo.

La decisión de la corte de apelaciones puede en cualquier caso ser recurrida ante la Corte Suprema tanto por el Gobierno como por los estados republicanos, dejando así a este tribunal (de mayoría conservadora) la decisión final sobre la política migratoria.

El portavoz de la Casa Blanca, Abdullah Hasan, se pronunció la noche del viernes aclarando que el dictamen “no significa que la frontera esté abierta” y que quien diga lo contrario “está haciendo el trabajo de los traficantes (de personas) que difunden información errónea para ganar dinero rápido a costa de los migrantes vulnerables”.

Hasan indicó que seguirán aplicando las leyes de inmigración y se trabajará para “ampliar las vías legales”.

“Tenemos un esfuerzo robusto en marcha para gestionar la frontera de una manera segura, ordenada y humana cuando el Título 42 se termine como lo requiere la orden judicial”, prometió, mientras instó a los funcionarios republicanos a financiar la propuesta de Biden para fortalecer la frontera sur y modernizar el sistema migratorio a través de una reforma integral. 

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Emmet Sullivan, juez de distrito de Washington, D.C., dictaminó el 15 de noviembre que el Título 42 es “arbitrario y caprichoso” y “viola” la ley federal, y ordenó con efecto inmediato al Gobierno que acabara con esa política. Daba la razón así a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que alegó que el Título 42 pone a los migrantes en una situación de peligro al otro lado de la frontera y viola la ley de asilo estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional pidió cinco semanas de prórroga “para prepararse para la transición”, que el juez le concedió el 16 de noviembre “con grandes reticencias”, aplazando así el final del Título 42 hasta el 21 de diciembre. En ese momento, el Gobierno anunció que no recurriría la decisión judicial, pero semanas después decidió apelar.

Biden ya había intentado acabar con el Título 42 en mayo, pero otro juez federal, Robert Summerhays, del distrito judicial de Lafayette (Louisiana), se lo impidió, en respuesta a una demanda presentada por 15 estados republicanos.

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El 22 de noviembre, esos mismos estados (Arizona, Louisiana, Alabama, Alaska, Kansas, Kentucky, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Virginia, West Virgina y Wyoming) presentaron al juez Sullivan una moción para participar en el proceso judicial y lograr que se mantenga el Título 42, defendiendo que la decisión les “puede afectar directamente” porque la llegada de inmigrantes les “impondrá cargas financieras".

Además, otro grupo de 19 estados republicanos (Alabama, Alaska, Arizona, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, West Virginia y Wyoming) recurrieron la decisión del juez Sullivan directamente ante la corte de apelaciones.

El Título 42 ha permitido al Gobierno rechazar a 2.5 millones de migrantes (aunque algunos pudieron intentarlo más de una vez) en la frontera por el riesgo que, según dijeron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) en marzo de 2020, suponen para la expansión de la enfermedad. El pasado mes de abril, sin embargo, los CDC retiraron esta motivación, alegando que las vacunas ya no hacen necesaria esta medida.

Ante el posible final del Título 42, el Departamento de Seguridad Nacional recalcó esta semana que seguirá deportando a migrantes a través de una norma en vigor conocida como Título 8, que permite expulsar a los indocumentados en la frontera que no tengan una causa probable de asilo, prohibiéndoles regresar en cinco años.

“Con el Título 42 o sin él, quienes no puedan establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsados”, dijo.

El Título 8 no es nuevo: forma parte de las leyes de inmigración y permite a los migrantes solicitar asilo si pasan la prueba de miedo creíble a ser perseguidos en sus países por una serie de motivos.

A la decisión de este viernes se suma la de un juez federal que dictó el jueves que el Gobierno no puede poner fin todavía al programa migratorio Quédate en México, la otra política puesta en marcha en 2019 por Trump para devolver a los solicitantes de asilo al país vecino hasta que se resuelvan sus casos, y que Biden lleva intentando desactivar desde su llegada a la Casa Blanca en 2021.