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Un juez federal prohíbe la aprobación de nuevas solicitudes de DACA pero permite seguir renovando las existentes

El juez atiende la petición de fiscales generales republicanos para acabar con este alivio migratorio pero evita un final “repentino” porque cientos de miles de dreamers dependen de DACA.

Una corte federal de Texas dictaminó este viernes en contra de la legalidad del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), atendiendo a la petición de nueve fiscales generales republicanos,para acabar con este alivio migratorio para los dreamers. 

Así, ordena que el Departamento de Seguridad Nacional deje de aprobar nuevas aplicaciones, pero indica que aquellos que ya disfrutaban de este alivio migratorio sí podrán renovarlo, dado que “no sería justo finalizar de repente un programa gubernamental que ha creado tan notable dependencia”.

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El juez federal de distrito Andrew Hanen aclaró que la orden no obliga al Gobierno a tomar "ninguna medida de inmigración, deportación o penal en contra de ningún beneficiario de DACA", un programa del que dependen más de 650,000 jóvenes en Estados Unidos.

Los otros estados que presentaron la demanda junto con Texas fueron Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental, todos con gobernadores o fiscales generales republicanos.

Se trata de la segunda vez en que un juez federal de Texas bloquea los planes de inmigración del presidente, Joe Biden, luego de que una corte cancelara su moratoria de 100 días a las deportaciones.

Beneficiaros de DACA frente a la Corte Suprema, el 18 de junio de 2020.AP Photo/Manuel Balce Ceneta

La Corte Suprema decidió en junio de 2020 que este alivió migratorio aprobado por el expresidente demócrata Barack Obama hace casi una década podía seguir adelante, invalidando su cancelación por parte del expresidente Donald Trump en 2017.

Tras ese dictamen, otras cortes inferiores obligaron al Gobierno a restaurar DACA a pleno rendimiento, y con la llegada a la Casa Blanca de Biden en enero han sido miles los jóvenes que se han inscrito por primera vez o que han renovado su solicitud.

Sin embargo, el dictamen de la Corte Suprema se basó en motivos formales (en concreto, en cómo tramitó el Gobierno de Trump su anulación), sin pronunciarse sobre la legalidad del programa en sí.

Por ello, un grupo de fiscales generales de nueve estados republicanos, encabezados por Texas, llevaron de nuevo DACA ante una corte federal de Houston para lograr su anulación.

Biden emitió una orden para fortalecer DACA tras su llegada a la Casa Blanca, pero la suerte de los dreamers (jóvenes llegados ilegalmente al país cuando eran niños de la mano de sus padres, que no han conocido otra patria que ésta) depende, más allá de los vaivenes judiciales, de que el Congreso sea capaz de pactar una solución definitiva.

El presidente prometió aprobar una reforma migratoria, pero se encontró con el bloqueo republicano: los demócratas tienen mayoría (exigua) en la Cámara de Representantes, pero sólo 50 senadores en la Cámara Alta frente a 50 republicanos. El voto de la vicepresidenta les da ventaja en caso de empate, pero una reforma legal requiere de 60 votos, es decir, del apoyo que los republicanos han negado en repetidas ocasiones.

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Los demócratas presentaron esta semana un ambicioso programa social en el Senado que quieren aprobar mediante un procedimiento de reconciliación, una modalidad legislativa de uso muy limitado que permitiría sacarlo adelante pese a la obstrucción republicana.

En este paquete legal quieren introducir también un camino a la ciudadanía para miles de inmigrantes, presumiblemente incluidos los dreamers (y, quizá, trabajadores del campo y otros empleados esenciales), pero los detalles no se conocen aún con claridad.

Entre tanto, la suerte y el destino de los cientos de miles de jóvenes migrantes dependerá ahora de que la decisión de la corte federal texana sea apelada ante un tribunal superior, un camino que previsiblemente terminará de nuevo en la Corte Suprema (de mayoría conservadora y con tres magistrados nombrados por Trump) si el Congreso no le pone remedio antes.