Por Dareh Gregorian - NBC News
Un juez federal de Texas extendió este viernes una orden que permite temporalmente que cientos de miles de beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) continúen trabajando y estudiando en Estados Unidos sin temor a ser deportados.
El juez de distrito Andrew Hanen, basado en Houston, dictaminó el año pasado que DACA —implementado en 2012 por Barack Obama— era ilegal. Sin embargo, permitió que permaneciera intacto mientras abogados defensores apelaban a su fallo.
En una decisión la semana pasada, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito devolvió el caso a Hanen y dijo que le correspondía a ese juez considerar una nueva propuesta de la Administración Biden, con la que la Casa Blanca busca blindar el programa para fortalecer las protecciones de los dreamers.
Ese nuevo programa de DACA propuesto por Biden entrará en vigor el 31 de octubre.
En su fallo del viernes, Hanen dijo que permitiría al Departamento de Seguridad Nacional otorgar renovaciones de beneficios a aquellos dreamers ya inscritos al programa, pero impedir que la agencia “otorgue el estatus de DACA a cualquier nuevo solicitante”.
Hanen también ordenó a los abogados defensores de DACA que proporcionaran más información y agregó que espera que se presenten más argumentos jurídicos relacionados con el nuevo programa propuesto por Biden.
Aunque no estableció un calendario para el avance del caso, se espera que las protecciones actuales sigan vigentes durante al menos varios meses más mientras cada parte presenta sus argumentos.
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El presidente Barack Obama estableció DACA por orden ejecutiva en 2012. El programa abrió una vía para que los jóvenes migrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños —a menudo denominados dreamers en base a una legislación nunca aprobada en el Congreso llamada DREAM Act— pudieran estudiar y trabajar sin temor a ser deportados.
Texas, que alberga a más de 100,000 personas beneficiarias de DACA, presentó una demanda para poner fin al programa en 2018, alegando que es ilegal porque debería haber sido creado por legislación, no por orden ejecutiva.
Hanen estuvo de acuerdo en que el programa era ilegal en su fallo de julio de 2021. Encontró que el Departamento de Seguridad Nacional no tenía la autoridad para implementar DACA y que el programa no había sido objeto de notificación pública y períodos de comentarios requeridos bajo la Ley de Procedimientos Administrativos federales, una de las cuestiones que el Gobierno de Biden trató de abordar en su nueva propuesta el mes pasado.
Si no se toman medidas legislativas, se espera que el destino de DACA sea decidido en última instancia por la Corte Suprema de Estados Unidos. El programa sobrevivió por poco margen a un desafío diferente ante el alto tribunal en un fallo de 5-4 en 2020, pero el tribunal tiene ahora una mayoría conservadora más amplia.