Un juez federal de Florida dictaminó este miércoles que el Gobierno que preside Joe Biden ha violado la ley al autorizar que decenas de miles de personas sean liberadas en el país tras cruzar la frontera mientras las cortes de inmigración deciden sus solicitudes de asilo.
Florida demandó al Gobierno federal para bloquear el programa denominado Alternativas a la Detención (ATD, en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha permitido a cientos de miles de migrantes esperar en libertad una decisión sobre sus casos de asilo, en lugar de en un centro de detención.
El Gobierno monitorea a estos inmigrantes mediante llamadas regulares por teléfonos celulares, una aplicación móvil o tobilleras electrónicas con GPS.
El juez T. Kent Wetherall bloqueó el programa al argumentar que que el Gobierno ha “convertido la frontera suroeste en una línea sin sentido en la arena y poco más que un obstáculo para los extranjeros que inundan el país”.
“La sentencia de hoy afirma lo que hemos sabido todo el tiempo: el presidente, Biden, es responsable de la crisis fronteriza y sus políticas de inmigración ilegales hacen que este país sea menos seguro”, reaccionó al fallo el fiscal general de Florida, el republicano Ashley Moody, en un comunicado citado por Fox News.
No quedó claro de inmediato si la Administración Biden apelará la decisión del juez, para lo cual tiene una ventana de siete días. Tampoco si el fallo significará que aquellos migrantes liberados tendrán que entrar en detención, o si aplicará solo a quienes ingresen al país a partir de esta decisión. Noticias Telemundo reportó consistentemente en 2022 los problemas de hacinamiento en múltiples albergues del Gobierno en la frontera, donde la capacidad es limitada.
De acuerdo con el centro de investigación TRAC de la Universidad de Syracuse, el número de inmigrantes liberados en el país en Estados Unidos bajo el programa ATD ha disminuido de manera consistente en los últimos meses, pasando de 377,980 en diciembre de 2022, a 305,992 en febrero de 2023.
De ellos, 268,968 están siendo monitoreados a través de SmartLINK, una aplicación de telefonía móvil que es actualmente la herramienta más usada por ICE para seguir a los inmigrantes liberados bajo palabra. Otros 14,197 son monitoreados a través de llamadas telefónicas, 5,600 mediante tobilleras con GPS, y 17,497 deben presentarse físicamente con regularidad en oficinas de inmigración.
Pero también hay miles de inmigrantes detenidos en centros de ICE. Las cifras más recientes de la Universidad de Syracuse revelan que hay 26,410 migrantes detenidos. La cifra promedio de detenidos bajo la Administración Biden ha oscilado siempre entre 22,000 y 30,000.
Texas, el estado con más inmigrantes en centros de detención
ICE implementó el programa Alternativas a la Detención —conocido como Parole + ATD— en julio de 2021, para hacer frente a la escasez de albergue en los centros de detención de migrantes.
Entre finales de marzo de 2021 y finales de enero de 2023, más de 800,000 migrantes fueron puestos en libertad bajo palabra mediante este programa. Alrededor de 214,000 de ellos acabaron recibiendo documentos legales con fechas para presentarse en corte, según NBC News, y que aproximadamente 588,000 no sabían cuándo o dónde presentarse para sus audiencias de asilo.
Texas es el estado con mayor número de inmigrantes (9,785) en estos centros de detención, según las cifras de la Universidad de Syracuse, que advirtió que estos números podrían variar debido a que ICE ha admitido "errores en sus bases de datos y no ha corregido algunas cifras".
El fallo del juez de Florida se produce dos días luego de que fuentes del Gobierno federal informaron que está valorando retomar la detención de familias migrantes, una política del expresidente Donald Trump que Biden desmanteló en 2021, tras prometer un trato más humano en la frontera.
Las fuentes dijeron que el Gobierno sopesa opciones mientras Estados Unidos espera un flujo mayor de inmigrantes a través de la frontera sur, cuando expire en mayo la norma sanitaria conocida como Título 42.
Florida demandó a Biden por el programa de liberación de migrantes bajo palabra, tras alegar que una gran parte de ellos se ha establecido allí y que esto ha puesto bajo presión los recursos del estado.