Un juez federal de Texas dictaminó este jueves que la Administración de Joe Biden no puede poner fin todavía al programa ‘Quédate en México’, la política adoptada por Donald Trump en 2019 que ha expulsado a miles de migrantes a ese país a esperar la resolución de sus casos de asilo.
El juez Matthew Kacsmaryk dictó que el programa, que Biden ha intentado desmantelar desde 2021, debe mantenerse vigente mientras continúa el litigio sobre su futuro.
A principios de este verano, la Corte Suprema dictaminó que la Administración Biden tenía autoridad para dejar el programa sin efecto, rechazando los retos legales de varios estados republicanos. Sin embargo, el máximo tribunal devolvió el caso al juez Kacsmaryk para un análisis más profundo.
Ese análisis reside en si la Administración Biden cumplió con la ley al determinar el fin del programa en un memorando de octubre de 2021.
En agosto de 2022 , después de la decisión de la Corte Suprema, el Departamento de Seguridad Nacional se comprometió a poner fin “de manera rápida y ordenada” a este programa, cuyo nombre oficial es Protocolos de Protección de Migrantes.
Esto significaría que ya no se inscribiría a nuevos solicitantes de asilo y que los ya inscritos serían “dados de baja” para seguir su proceso dentro de Estados Unidos.
[La Corte Suprema permite a Biden acabar la política migratoria ‘Quédate en México’]
‘Quédate en México’ ha afectado a más de 75,000 inmigrantes, según el Comité Internacional de Rescate. Organizaciones de derechos humanos han denunciado desde su instauración que pone a los migrantes en peligro de ser víctimas del crimen organizado en el lado mexicano, donde muchos han tenido que vivir en carpas callejeras.
“La falta de asesoría legal, combinada con el peligro e inseguridad que las personas enfrentan en las ciudades fronterizas, hizo casi imposible que alguien sujeto a los MPP ganara su caso de asilo”, reportó en enero de 2022 el American Immigration Council.
El programa ‘Quédate en México’ es una política separada al Título 42, la norma sanitaria que se espera termine este 21 de diciembre y que ha servido desde 2020 para expulsar de Estados Unidos a más de dos millones de migrantes, bajo el pretexto de la pandemia de COVID-19.
Las últimas decisiones legales sobre inmigración llegan en un momento en que la frontera sur, sobre todo el área de El Paso (Texas), enfrenta una de mayores oleadas de solicitantes de asilo en los últimos años, pondiendo a prueba el sistema de acogida y procesamiento de migrantes.