Tres estados con gobernadores republicanos presentaron este lunes una demanda judicial para evitar que el Gobierno de Joe Biden elimine el 23 de mayo el Título 42, una norma que ha permitido rechazar a miles de inmigrantes en la frontera durante la pandemia.
Esta regla fue aprobada por el expresidente Donald Trump en marzo de 2020 para bloquear el ingreso de solicitantes de asilo al país bajo el argumento de evitar la propagación del coronavirus. Biden la mantuvo tras su llegada a la Casa Blanca pese a las críticas de activistas, pero el pasado viernes confirmó finalmente que la levantará en mayo tras la caída generalizada de contagios.
Los fiscales generales de Arizona, Louisiana y Missouri anunciaron el lunes que cuestionarán la decisión ante la justicia, alegando que es ilegal y daña a los estados, según dijeron a la cadena Fox News.
“Esta demanda desafía una calamidad inminente, provocada por el hombre y autoinfligida: la eliminación abrupta de la única válvula de seguridad que evita que las desastrosas políticas fronterizas de esta Administración se conviertan en una catástrofe absoluta”, indica la demanda.
La posible eliminación del Título 42 ha renovado las ilusiones de miles de solicitantes de asilo que aguardan en la frontera, así como la de aquellos que están en camino desde Centroamérica, pero al mismo tiempo ha generado preocupación en la Casa Blanca ante una posible ola de inmigrantes en las próximas semanas.
“Estamos aumentando nuestra capacidad para procesar a los recién llegados, evaluar las solicitudes de asilo y expulsar rápidamente a aquellos que no califican para la protección”, señaló el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Una decisión “arbitraria y caprichosa”
La demanda de los estados republicanos, presentada ante la Corte de Distrito de Louisiana, argumenta que la finalización del Título 42 por parte de la Administración Biden no solo es una mala política en sí misma, sino que infringe además los requisitos de notificación y comentarios de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y es "arbitraria y caprichosa". Este argumento ya ha sido usado con éxito para anular políticas migratorias de Trump y de Biden.
La demanda argumenta que el Gobierno federal no calculó el impacto económico que sufrirán los estados, como el aumento de los costos de atención médica para tratar a migrantes con síntomas de COVID-19, y otros gastos ante la presencia de un número mayor de solicitantes de asilo.
¿Qué pasará a partir del 23 de mayo?
El Título 42 ha sido cuestionado por defensores de inmigrantes y de los derechos humanos que consideran que niega el derecho legal de los inmigrantes a solicitar asilo en el país. Un juez federal del distrito de Columbia prohibió recientemente el Gobierno que rechace a familias en la frontera apoyándose en esta norma.
Si la demanda republicana no prospera, y el Título 42 se levanta finalmente el 23 de mayo, los solicitantes de asilo ya no podrán ser expulsados de forma inmediata: si logran pasar la prueba de miedo creíble, sus casos serán examinados ante un corte migratoria.
[¿Qué pasa si pido asilo político y me lo niegan?]
Como era habitual antes de marzo de 2020, los agentes fronterizos procesarán los pedidos de acuerdo con la ley de inmigración, explica un análisis de Defense Oversight Program (WOLA), una organización que investiga y promueve los derechos humanos.
- Muchos adultos solteros esperarán sus audiencias de asilo en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aunque cada vez son más los que son liberados con dispositivos de vigilancia GPS o por teléfono celular.
- La mayoría de las familias serán liberadas en Estados Unidos y supervisadas con estos programas “alternativos a la detención”.
- Los menores que llegue solos de países distintos de México serán admitidos y ubicados con familiares o patrocinadores por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR). La decisión de admitir a menores mexicanos corresponde a los agentes de la Patrulla Fronteriza, que son quienes determinan en primer lugar si tienen necesidades de protección.
Expertos indican que es posible que el Gobierno de Biden pida a un número cada vez mayor de solicitantes de asilo que esperen sus audiencias en México, bajo el programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés) o Quédate en México.
Este programa de la era Trump, que la Administración de Biden canceló pero un juez federal de Texas obligó a reiniciar, ha enviado a casi 900 migrantes a esperar en las ciudades fronterizas de México entre diciembre y febrero. Más del 90% de afectados proceden de Nicaragua, Venezuela y Cuba, según indica WOLA.
El Gobierno federal anunció la semana pasada una nueva regla con cambios en el proceso de pedido de asilo en Estados Unidos para acortar el tiempo entre que un inmigrante cruza la frontera y la decisión de si debe ser deportado o puede permanecer en el país. Esto podría empezar a aplicarse en mayo o junio.
Quienes acaban de cruzar la frontera también están aún sujetos al estatuto de deportación exprés, que permite la expulsión rápida de quienes han estado menos de 14 días en el país.