El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Estado, Antony Blinken, anunciaron este jueves un plan para hacer frente a la prevista avalancha de inmigrantes en la frontera tras el final el 11 de mayo de las restricciones por el COVID-19 conocidas como Título 42, y cuando ya falta espacio en los centros de detención y fondos federales para hacer frente a la crisis.
Su principal medida será la apertura de centros de procesamiento de solicitantes de asilo en países de Centroamérica y Latinoamérica para iniciar los trámites (o denegarlos) mucho antes de que los migrantes puedan llegar a la frontera de Estados Unidos y México.
Ademas, anunciaron la creación de un nuevo proceso de paroles de reunificación familiar para personas de El Salvador, Honduras y Colombia, y cambios en el que ya existe para Cuba y Haití, que permitirá aprobar peticiones de esponsorización familiar.
Cómo funcionan los centros de procesamiento
Los centros se abrirían en lugares de tránsito en la ruta a Estados Unidos, según indicó Blinken. Oficiales consulares determinarían en esos centros si los inmigrantes cumplen los requisitos de asilo, con la esperanza de disuadirles de seguir su camino si no es así.
Los primeros centros se abrirán en Guatemala y Colombia en las próximas semanas. Además, otros países como Canadá y España aceptarán a migrantes enviados desde esos centros; se reforzará la app para celulares CBP One con la que se tramitan casos de asilo
Los solicitantes de asilo podrán acudir a los centros en lugar de emprender el peligroso viaje a la frontera, y obtener allí además información sobre cómo solicitar el estatuto de refugiado u otras opciones de inmigración a Estados Unidos u otros países.
Los centros estarían gestionados por organizaciones internacionales. Según una hoja informativa publicada por el Departamento de Seguridad Nacional, los solicitantes de asilo podrían concertar una cita por teléfono para visitar un centro.
Las autoridades también están trabajando para duplicar el número de refugiados procedentes del hemisferio occidental. Además, la Administración afirma que está trabajando con Colombia y Panamá para frenar la migración a través del Paso del Darién.
"La frontera no va a estar abierta el 11 de mayo"
"Este enfoque se basa en hacer la migración más segura, ordenada y humanitaria", dijo Blinken, ante "un problema sin precedentes"; y señaló que el Gobierno busca "enfocar las causas de la migración".
Mayorkas advirtió que los migrantes y los traficantes de personas no deben interpretar que el próximo plazo significa que la frontera está abierta: "Esta frontera no va a estar abierta el 11 de mayo".
Las personas que lleguen ilegalmente también serán expulsadas rápidamente y se les prohibirá volver a entrar en el país durante al menos cinco años y no podrán solicitar asilo, explicó Mayorkas.
Mayorkas también abordó la preocupación por el fuerte aumento de la migración en el mar Caribe y el estrecho de Florida durante el último año. Aseguró que descalificaría a los migrantes cubanos y haitianos del programa de patrocinio lanzado a principios de este año si son interceptados en el mar por la Guardia Costera.
Mayorkas insistió en que está buscando soluciones para mitigar el aumento en la migración (incluyendo una solicitud de $4,700 millones en fondos de emergencia al Congreso, detalló hace una semana). "Le pedimos al Congreso que apruebe los recursos que necesitamos para seguir haciendo nuestro trabajo", insistió.
La frontera, al borde del colapso
Más de 2.8 millones de migrantes han sido retornados en la frontera sin derecho a solicitar asilo en virtud al Título 42, aprobado en marzo de 2020 por el expresidente Donald Trump escudándose en la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
El domingo pasado salió desde Chiapas, México, una caravana con cerca de 3,500 migrantes (según el Gobierno mexicano), que espera llegar a Ciudad de México para exigir justicia por la pérdida de vidas de migrantes, como los 40 fallecidos en un centro en Ciudad Juárez, y el hondureño muerto en la propia caravana. Mevil Saúl Chacón Mendoz, recorrió unas 26 millas desde Tapachula, en la frontera con Guatemala, hasta el municipio de Huixtla, donde falleció.
El comisionado en funciones de la Patrulla Fronteriza, Troy Miller, explicó en el Congreso hace unas semanas, citando cifras de Naciones Unidas, que hay unos 660,000 migrantes en México que podrían llegar a la frontera, y que el número de cruces podría doblarse, alcanzando entre 10,000 y 13,000 al día, tras el final del Título 42.
El domingo había unas 18,000 personas en centros temporales de procesamiento de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés) en la frontera sur, según informaron bajo anonimato dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que está punto de agotar su límite presupuestario anual, según reportó la cadena de noticias NBC News.
El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), Tae Johnson, indicó por su parte en una audiencia ese mismo día en la Cámara de Representantes que no tiene suficientes plazas para todos los inmigrantes interceptados.
El Gobierno de Joe Biden ha reducido la capacidad de los centros de ICE en una cuarta parte, explicó, con un máximo de 34,000 plazas. Así, un incremento en las llegadas podría colapsar el sistema si no se amplían los recursos, advirtió, llevando a que miles de migrantes sean liberados en territorio estadounidense.
Más deportaciones pero también vías legales
El Gobierno ha anticipado que evalúa varias medidas para frenar la llegada de migrantes. Entre ellas está la posibilidad de impedir que soliciten asilo en la frontera si no pidieron protección en alguno de los países en su camino a Estados Unidos.
Blinken reitero este jueves que mantendrá el programa de parole humanitario (de dos años de duración) que desde octubre permite la llegada de 30,000 migrantes venezolanos que inician el proceso de asilo desde su país con un patrocinador en EE.UU. y viajen luego en avión; esta medida, instaurada al tiempo que se incluía a estos migrantes entre los afectados por el Título 42, se extendió después a nicaragüenses, haitianos y cubanos.
En febrero llegaron al país 22,755 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos con este permiso humanitario, casi el doble que en enero, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés). Hasta ahora, la política ha conllevado un descenso del 97% en los cruces fronterizos ilegales por parte de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, según las autoridades.
Expulsiones bajo el Título 8
“Vamos a utilizar a nuestras autoridades de inmigración en virtud del Título 8, que establece una consecuencia para las personas que llegan entre los puertos de entrada y que no tienen una base legal para permanecer en el país”, señaló el secretario.
El Título 8 ya es implementado por la Administración Biden en la frontera: solo en febrero de 2023, las autoridades procesaron 82,407 migrantes bajo esta norma y puestos en proceso de expulsión con la prohibición de regresar en cinco años y consecuencias penales si lo intentan, según el Departamento de Seguridad Nacional.