Ella recuerda que tuvo que salir de Nicaragua a fines de septiembre de 2018, evitando los aeropuertos por la intensa persecución del Gobierno de Daniel Ortega. Había participado en muchas manifestaciones y dice que no puede olvidar la masacre del Día de las Madres, cuando miles de personas caminaron por las calles de Managua y fueron reprimidas a balazos por las fuerzas de seguridad. Ese 30 de mayo hubo siete muertos en la capital.
“Después empezaron a disparar contra nuestra casa, ahí supimos que teníamos que irnos”, dice Marian Pérez Guerra, de 39 años, con la mirada triste mientras cuenta las amenazas que recibía constantemente. “Decían que me iban a secuestrar, en algunos casos me decían que me iban a violar, a desaparecerme”, asevera.
Asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y, finalmente, el exilio desesperado, son los hitos que vivió durante ese año sangriento que culminó con más de 300 muertos y miles de heridos por la represión del estallido social en Nicaragua. Por eso, decidió meter toda su vida en unas bolsas plásticas y atravesar fronteras.
“Cuando vine a México pesaba 49 kilos, había perdido el apetito y la capacidad de dormir porque tenía un insomnio constante. Me daban ataques de pánico”, explica y recalca que pisó tierras mexicanas el 2 de octubre, justo en el aniversario de la masacre de Tlatelolco.
“Uno llega muy golpeado, y tienes que aprender a transformar el dolor. Por eso siempre le agradeceré a México haberme dado refugio”, concluye.
Pérez Guerra forma parte de una marea que recorre el mundo, borrando límites y escapando de los horrores. A veces, esa huida masiva es generada por regímenes totalitarios, guerras cruentas, el cambio climático o, simplemente, economías en ruinas que impulsan un flujo humano que ni siquiera la mortal pandemia de COVID-19 pudo disminuir: en 2020 se registraron 82.4 millones de personas refugiadas y desplazados internos, según el informe más reciente de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Se trata de una cifra récord que muestra un aumento del 4% respecto a los 79.5 millones de 2019, y que es más del doble de los casi 40 millones de hace una década. Es como si Alemania entera se quedara vacía.
El drama de Venezuela
Acnur también advierte que el 68% de los refugiados y desplazados de todo el mundo provienen de cinco países: Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Birmania. Resalta el caso de Venezuela que, sin sufrir un conflicto armado, totaliza 4 millones de personas desplazadas por la crisis política y económica.
Ángel Sucre es uno de esos millones de venezolanos que han fatigado las carreteras y senderos de América Latina buscando un futuro mejor. A sus 28 años ha transitado por más de siete países en su afán por escapar de la persecución del régimen de Nicolás Maduro que lo encarceló y torturó por más de un año.
“Casi no podía dormir porque me obligaban a hacer ejercicio hasta desmayarme y luego agarraban una tabla para golpearme en la espalda y las costillas. El dolor me despertaba”, dice sobre su estancia en el centro penitenciario 26 de julio, donde estuvo recluido por año y medio. Su caso fue denunciado por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos como el Foro Penal Venezolano que resaltaba la “incertidumbre procesal” y los maltratos físicos que sufrió.
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“No me perdonaban que luché en las calles y vi cómo mataban a mis compañeros, vi caer a Roberto Redman y Bassil DaCosta, a todos esos estudiantes inocentes asesinados por la dictadura. Maduro se envileció en el poder”, explicaba la semana pasada durante su paso por Ciudad de México. Sucre era estudiante de ingeniería y fue el vocero de Jóvenes Venezolanos, una organización opositora que participó en múltiples movilizaciones contra el gobierno entre 2014 y 2017.
“Lo peor era cuando te enrollaban en una colchoneta y te caían a batazos. ¿Sabes por qué hacían eso? Porque no te deja cicatrices, pero te rompe por dentro”, decía mientras caminaba por el zócalo de la capital mexicana.
Sucre fue liberado en septiembre de 2018, pero a las pocas semanas fue notificado de un nuevo proceso judicial en su contra, por lo que decidió marcharse del país. Llegó a Perú en octubre de ese año y se radicó en Lima donde aprendió a cocinar, al punto de que asegura que hacía “el mejor arroz con pollo de Miraflores”. Cuando apenas se acostumbraba a la libertad y empezaba a soñar con tener su propio local que fusionaría la gastronomía de Perú y Venezuela llegó el COVID-19.
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“Todo cerró, a veces Lima parecía una ciudad fantasma. Era desesperante y eso aumentó la xenofobia por la crisis. Cuando hicieron un grafiti cerca de mi casa que decía ‘malditos venezolanos’, entendí que me tenía que ir. Salí en enero de 2021 y acá estoy”, dice con una sonrisa, luego de recorrer miles de kilómetros en bus, autos, motos y lanchas para atravesar Ecuador, Colombia y el peligroso Darién en una insólita travesía por la selva donde varias veces se topó con la muerte.
“A todas las mujeres las violan en el Darién, por favor, no vayan. A los hombres nos roban todo, es casi imposible cruzar sin que te pase algo grave. Además, mucha gente se muere reventada por el cansancio”, advierte. Luego de fugarse de un campamento de refugiados en Panamá, atravesar Centroamérica huyendo de las maras y subirse a la Bestia (el célebre tren de carga mexicano), Sucre dice que intentará llegar a Estados Unidos para cumplir su sueño de “estudiar y ser mejor persona”.
Pero no descarta quedarse en México, si las autoridades migratorias estadounidenses deciden retornarlo. “Es un país increíble, me siento feliz aquí. En todas partes hay problemas pero los mexicanos son gente emprendedora, la verdad que te inspiran a quedarte”, decía con emoción.
Destino de refugiados
En los últimos años, México ha dejado de ser un país de paso para las personas que se dirigen hacia Estados Unidos y se ha convertido en el destino final de un importante flujo migratorio. Las cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) son elocuentes: entre 2014 y 2019, el número de solicitudes de asilo registradas en el país aumentó de 2,137 a 70,418, lo que muestra un incremento de más del 3,000%.
Por ejemplo, en 2013 solo se registraron 1,296 solicitudes, pero cuatro años después ya se ubicaban en 14,619, y para 2019 se recibieron más de 70,000. En años recientes se ha duplicado el número de peticiones, a excepción de 2020 cuando las restricciones de viaje hicieron que la cifra bajara a 41,179 pero, para mayo de este año, ya se superó el total de 2020 con casi 42,000 solicitudes. Se proyecta que la cifra total de 2021 podría ubicarse entre 90 y 100,000 solicitudes de asilo.
Para Andrés Ramírez Silva, titular de la Comar, las razones del estallido de solicitudes son múltiples. Por su extensión territorial y las oportunidades económicas, México tiene la capacidad de recibir el actual flujo migratorio impulsado, sobre todo, por las sucesivas crisis de los países centroamericanos que arrastran décadas de malos gobiernos, además de la pobreza exacerbada por los cierres de la pandemia y el cambio climático que destruye las cosechas y las poblaciones más vulnerables.
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“El país tiene la capacidad para recibirlos, sin embargo, eso plantea un reto importante para nosotros porque estamos preparados para atender a un número determinado de personas y, de repente, sube muy rápido hasta convertirse en algo emergencial. Por eso no alcanza el presupuesto, ni la capacidad operativa. Es un fenómeno que está ocurriendo en muchos países, no solo en México”, explica Ramírez, quien trabajó por más de dos décadas en Acnur y es un experto de las políticas migratorias en la región.
Una de las características del proceso de asilo en el país es que la persona debe permanecer en el estado donde realiza la solicitud durante el tiempo que duran sus trámites que, en tiempos normales, debería oscilar entre 45 y 90 días hábiles. Sin embargo, debido a la pandemia, la Comar anunció el 24 de marzo de 2020 que suspendía los plazos para estos procesos lo que ha generado múltiples denuncias por parte de los migrantes que se ven atrapados en lugares donde no pueden trabajar porque, en su mayoría, no cuentan con la documentación adecuada mientras el Estado mexicano lucha contra el retardo generado por las medidas sanitarias.
“La inmensa mayoría de la gente entra por el sur, pero el estado que tiene el porcentaje mayor de la línea fronteriza es Chiapas, específicamente por la parte de Tapachula. Allí hacen la solicitud y, por ley, tienen que quedarse ahí. Esa es la paradoja porque se genera un cuello de botella y en Chiapas, que es uno de los estados más pobres, se queda el 71% de los solicitantes”, asevera Ramírez.
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Esa paradoja la vivió en carne propia Katsury, una mujer trans de 24 años, que salió huyendo de Guatemala luego de sufrir varios años de maltrato físico y psicológico por parte de su pareja. Explica que las golpizas y abusos afectaron tanto su salud mental que intentó suicidarse en dos ocasiones. Luego de atreverse a denunciar a su pareja, que fue encarcelada, comenzó a recibir amenazas y en enero de este año solicitó protección en la frontera con México.
“Cuando llegué estaba desesperada, les dije a los militares que necesitaba un refugio y me dejaron pasar pero hay que entender que la Comar está desbordada en Chiapas, ellos no tienen la capacidad. Y cuando me dijeron que solo podían darme un permiso regional, que me tenía que quedar ahí tuve que seguir huyendo. Nadie entiende que allá me pueden matar porque eso está al lado de Guatemala y cualquiera puede pasar armado”, explica con pavor.
Con la ayuda de Acnur, Katsury inició su proceso en Ciudad de México pero aún no ha recibido respuesta debido a los múltiples retrasos burocráticos. Sigue luchando contra la depresión, pero dice que se siente feliz de poder trabajar como estilista, su oficio predilecto, y tiene la esperanza de poder quedarse en el país.
“Me siento feliz porque acá me han reconocido mis derechos, eso no pasa en Guatemala. Si tuviéramos un gobierno adecuado que ayudara a la población y que la economía estuviera bien, sin violencia, creo que nosotros no migraríamos a otro país”, explica Katsury.
El rezago y el horror
En Chiapas, los medios locales y las organizaciones de derechos humanos han denunciado las limitaciones de las autoridades para procesar el intenso flujo migratorio que ha llegado a ser de 2,000 personas al día, pero solo se pueden atender entre 600 y 700 extranjeros.
Según una investigación de El Colegio de la Frontera Norte, publicada en mayo, existe un alto rezago en las resoluciones de reconocimiento de la condición de refugiados. “Para 2019, el número de solicitudes fue de 70,609 y el número de casos resueltos fue de 14,234, que sólo es un 20%, lo cual evidencia que hay un número bastante alto de casos pendientes”, explican los investigadores del informe llamado Perfiles, dinámicas y perspectivas en torno a la situación de las personas refugiadas en México.
Con base en datos de la Comar, los expertos señalan que del 1 de enero de 2018 al 25 de octubre de 2019, se realizaron 90,397 solicitudes de la condición de refugiado, de las cuales, el 70.6% (63,860) se encontraban en espera de resolución. De esa cifra, “6,230 personas llevaban más de un año de espera”, establece el documento.
Otra condición que complejiza el proceso es que cuando las personas se tienen que marchar de la entidad donde hicieron su solicitud, la Comar da por abandonado el proceso, por lo que tienen que reiniciar todo el papeleo en la mayoría de los casos.
“Hay personas que tienen un año o más esperando una resolución en esos lugares donde no hay oportunidades de empleo, pero sí hay muchísima discriminación. Además, las persecuciones llegan hasta ahí porque es la frontera, por eso es que las personas se van y pierden sus procesos volviéndose más vulnerables”, dice Alejandra Macías, directora de Asylum Access México.
Desde enero de 2020, Carlos Monge no tiene respuestas del Gobierno mexicano. Explica que nunca se quiso ir de Chalchuapa, su pueblo en El Salvador, donde se dedicaba a la agricultura y le encantaba recorrer las ruinas de Tazumal, un imponente asentamiento maya de pirámides y sofisticados templos de piedra que están rodeados de un profundo verdor.
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“Yo estoy orgulloso de ser indígena, por eso me tatué un jaguar que es sagrado para nosotros. Pero no pude con los delincuentes que siempre me golpeaban. No tenía vida”, explica con desaliento. Monge atravesó la frontera mexicana en enero del año pasado y caminó hasta Acayucan, Veracruz, donde inició su solicitud y pensaba quedarse en una estación migratoria hasta terminarlo.
Pero el COVID-19 trastocó sus planes. Semanas después, las autoridades mexicanas lo trasladaron, sin su autorización, junto con decenas de personas migrantes en autobuses hasta la frontera con Guatemala. “Nadie nos dijo nada, puras mentiras. Lo malo es que a mí me pueden matar, yo no puedo regresar”, comenta con preocupación. Así las cosas, caminó por diversos estados hasta la Ciudad de México, adonde llegó con las rodillas lesionadas.
Como lo sacaron de Veracruz, Comar consideró que abandonó su proceso. “Es una locura, la misma gente de migración arbitrariamente nos trasladó, lo único que yo quiero es vivir aquí, trabajar y ser libre pero no me dejan”, narra mientras solloza. Monge duró casi siete meses en la capital mexicana, durmiendo en locales vacíos, siempre en el suelo y a la intemperie por lo que se enfermó de un asma crónica que le impedía respirar bien. Con la ayuda de Asylum Access volvió a iniciar el proceso en Ciudad de México, pero tuvo que interrumpirlo porque nunca consiguió trabajo.
“Parecía un alma en pena por la ciudad. Nadie me daba una oportunidad porque todo estaba mal por la pandemia. Me gustaba ir a los parques, mirar a la gente y me iba a Chapultepec, donde mi país firmó la paz”, dice refiriéndose al Castillo de Chapultepec donde el Gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional finalizaron 12 años de guerra civil en 1992. Monge es uno de los niños de esa guerra que produjo más de 70,000 muertos y miles de desaparecidos.
Sin dinero, ni ayuda porque los albergues dejaron de recibirlo, en noviembre comenzó a presentar síntomas de pulmonía. Presa del pánico ante la posibilidad de que, en plena pandemia, lo internaran en un hospital decidió salir de la capital. Desde entonces reside en Tijuana, donde ayuda en las tareas de seguridad de una farmacia, y asegura que el clima cálido le ayudó a mejorar su respiración.
“Desgraciadamente volví a perder todo el proceso y ahí estoy luchando con mi abogada a ver si logramos que nos responda la Comar. Si me hubiese querido ir, ahí está el muro”, decía en una videollamada, mientras señalaba la valla fronteriza con Estados Unidos. “Pero quiero ser mexicano”, asevera con firmeza.
Sin embargo, los retardos, el desempleo, la depresión y el estrés por la incertidumbre de no tener una estancia legal en el país no son los mayores peligros que enfrentan los refugiados. Existen múltiples denuncias de personas secuestradas por las organizaciones delictivas, esclavizadas por los cárteles y asesinadas mientras esperan la resolución de sus trámites como le pasó a Cristian San Martín Estrada, solicitante de asilo cubano bajo el Protocolo de Protección de Migrantes, quien en mayo fue asesinado en Ciudad Juárez cuando solo le faltaban unos días para reingresar a Estados Unidos.
Debido a esta situación, Médicos sin Fronteras, una ONG dedicada a la atención sanitaria, creó en 2018 un Centro de Atención Integral enfocado en atender los casos de las personas refugiadas que durante la ruta migratoria han sufrido episodios de violencia extrema.
“Los abusos que tratamos van desde los golpes contusos, las mutilaciones, secuestros, extorsiones, amenazas de muerte, las personas que son testigos de torturas, también las obligan a realizar acciones en contra de su voluntad y muchos son víctimas de abusos sexuales. Es una violencia caracterizada por la crueldad, que se ejecuta con el fin de causar dolor y sufrimiento a la víctima”, explica Jorge Diego López Núñez, psicólogo de la organización.
En los últimos dos años han atendido a 264 personas. Pedro, un guatemalteco de 44 años y solicitante de asilo, es una de ellas. Sentado en el patio del centro, bajo un árbol, intenta controlar su pierna derecha que tiembla sin cesar.
“No sé por qué me tuvo que pasar eso a mí”, dice entre sollozos y muestra la sonda que carga desde hace meses. Pedro, quien pidió mantener su anonimato por motivos de seguridad, llegó a México perseguido por las maras que lo extorsionaron al punto de que tuvo que abandonar los cultivos de cebolla de su familia.
En enero de 2021 abordó un tren de carga que lo llevó hasta Veracruz pero, en el camino, tres hombres abordaron su vagón. Como no tenía dinero ni celular, lo violaron repetidas veces. “Como pude me bajé en Tierra Blanca y le pedí a un señor que me diera alcohol para limpiarme, pero estaba muy maltratado. No sé por qué me hicieron eso si yo soy un hombre, por qué no me mataron”, dice sumido en el llanto.
Desafortunadamente, los abusos que sufrió no terminaron ahí. Como pudo logró llegar a una estación migratoria en Saltillo, Coahuila, donde se vio sumido en un infierno. Pedro dice que los oficiales de migración lo torturaron durante semanas, golpeándolo, tomándole fotos y videos mientras se burlaban de él. Cuando lo recuerda, tiembla sin control, y describe que le dieron descargas eléctricas en los genitales, además de todo el castigo físico y psicológico que recibió.
Cuando finalmente lo soltaron decidió poner la denuncia y se encuentra en medio de un proceso legal. Paradójicamente, aún no tiene una resolución sobre su caso de asilo. Cuando habla de fútbol sonríe un poco y cuenta que le gustaba jugar como delantero. Dice que sueña con volver a meter goles cuando le quiten la sonda.
“Todavía no puedo, me tengo que operar. Pero no pierdo las esperanzas”, comenta con aire distraído mientras se ve las manos, con los dedos coronados por sus uñas carcomidas. Cuando le preguntan si quiere seguir en México, después de todo lo que ha vivido, responde sin dudar: “Claro que me quiero quedar, si no ¿para qué sufrí todo esto? Creo que, si Dios quiere, acá estará mi futuro”.
Si usted tiene información sobre casos de discriminación en México o Centroamérica puede escribir a albinson.linares@nbcuni.com.