Solicitar la nacionalidad estadounidense o la residencia permanente puede ser desalentador para muchos inmigrantes, teniendo en cuenta los largos tiempos de espera y otros obstáculos sustanciales.
Pero en los últimos años, un requisito ha generado ansiedad adicional entre quienes aplican para recibir estos beneficios migratorios: la a menudo confusa regla de la ‘carga pública’.
Desde hace décadas, las autoridades migratorias realizan una evaluación de cada caso para determinar si es probable que una persona llegue a ser “principalmente dependiente” de los programas de ayuda del Gobierno en el futuro.
Si los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración identifican a una persona como carga pública, se la considerará inadmisible en Estados Unidos. A una persona que ya esté en el país también se le puede impedir que obtenga la green card o incluso la ciudadanía.
Sin embargo, esta política que lleva mucho tiempo en vigor sólo se aplica a una fracción de las personas que desean entrar al país o cambiar su estatus una vez dentro.
Los cambios en la forma de aplicar la norma durante los últimos años, sobre todo tras el Gobierno de Donald Trump, provocaron una confusión que sigue generando preocupaciones en la comunidad inmigrante.
A continuación, desmontamos los mitos de la regla de ‘carga pública’ y explicamos quiénes están sujetos a ella y quiénes no deben temer a aplicar para beneficios migratorios si han recibido ayudas como los food stamps:
La confusa regla de ‘carga pública’ bajo Trump
En 1999, los funcionarios de inmigración publicaron una serie de normas sobre la determinación de la ‘carga pública’ denominadas Directrices de Campo. Según Los Ángeles Times, esas directrices identificaron dos formas de ayuda gubernamental como señales de que una persona podía ser una carga financiera: los beneficios en efectivo y la atención institucional a largo plazo.
Pero en 2019, la Administraciónde Donald Trump publicó una nueva regla que amplió la lista de programas que los funcionarios podían considerar, agregando Medicaid, los cupones de alimentos, los vales de vivienda, los programas nutricionales y numerosas otras formas de asistencia pública.
La nueva regla no estuvo en vigor por mucho tiempo. Las impugnaciones judiciales impidieron a la Administración utilizarla, salvo durante un breve periodo, y el presidente, Joe Biden, desestimó formalmente la regla pocos meses después de asumir el cargo en 2021.
Sin embargo, expertos consultados por Los Ángeles Times afirman que la confusión sobre la norma persiste y hace que muchos inmigrantes eviten usar los programas de beneficios que están disponibles, por miedo a que luego le sean denegados beneficios migratorios como la residencia permanente.
Las ayudas que no constituyen ‘carga pública’
Bajo la Administración Biden, el proceso para determinar si una persona es carga pública ha vuelto a ceñirse a las normas establecidas por la Guía de Campo de 1999, con algunas aclaraciones adicionales para las familias.
Según la política de Biden, los funcionarios basarán su decisión al detectar si un inmigrante está recibiendo o es probable que reciba atención institucionalizada a largo plazo —hogares de ancianos, por ejemplo— a expensas del Gobierno, o si recibe ayuda mensual en efectivo, lo cual incluye Seguridad de Ingreso Suplementario, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, o programas de asistencia en efectivo de los gobiernos estatales o locales—.
Sin embargo, los funcionarios no tomarán en cuenta los programas de asistencia sanitaria —incluidos los subsidios al seguro médico ofrecidos por la Ley de Asistencia Asequible—, nutrición, vivienda, educación y cuidado de niños, ayuda en caso de catástrofe y otras prestaciones públicas como vales de transporte, programas de formación laboral, comedores sociales, asesoramiento e intervención en situaciones de crisis y asistencia energética.
Tampoco se tienen en cuenta las prestaciones devengadas, como las prestaciones por desempleo o los reembolsos del crédito fiscal por ingresos del trabajo.
La norma aclara que si un miembro de la familia del solicitante utiliza programas de asistencia pública, eso no tendrá un impacto en la evaluación de la carga pública del solicitante.
Por ejemplo, si una persona solicita una green card y sus hijos utilizan Medi-Cal, programas nutricionales (programas de comidas escolares gratuitas, por ejemplo) o asistencia en efectivo, eso no afectará su solicitud.
¿Quién está sujeto a la regla de ‘carga pública’?
Sólo una parte de las personas que pretenden entrar en el país o cambiar su estatus se enfrentan a un proceso de determinación de carga pública.
La norma se aplica a las personas que solicitan la green card por primera vez —a través de una relación con un ciudadano estadounidense o con el patrocinio de un empleador estadounidense— y a los residentes permanentes legales que desean volver a entrar en EE.UU. tras una ausencia de más de seis meses.
Según el Departamento de Servicios Sociales de California, los residentes permanentes legales con green card no tienen que someterse a la determinación de carga pública cuando solicitan la ciudadanía estadounidense o la renovación de la residencia.
Esa evaluación tampoco se aplica a:
- Inmigrantes a los que se ha concedido asilo en EE.UU.
- Personas refugiadas.
- Inmigrantes menores de 21 años que hayan sido maltratados, abandonados o desatendidos y a los que se les ha concedido protección judicial como Inmigrantes Menores Especiales.
- Solicitantes del estatuto de residente permanente en virtud de la Ley de Violencia contra la Mujer.
- Supervivientes de delitos graves (solicitantes o titulares de visas tipo U).
- Supervivientes de trata humana (solicitantes o titulares de visas tipo T).
Si usted tiene dudas sobre la posibilidad de que algún programa pueda obstaculizar su solicitud de cambio de estatus migratorio, puede consultar esta guía de la Sociedad de Ayuda Legal del Condado de San Mateo. Además, el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes también ofrece una lista de los programas de ayuda que es seguro utilizar.
Con información de Los Ángeles Times