La Administración Biden habría considerado obligar a algunas de las familias que entran al país sin autorización a que permanezcan en Texas, cerca de la frontera, a la espera de una resolución en sus casos de asilo, revelaron tres funcionarios del Gobierno al diario Los Angeles Times.
De concretarse, la medida limitaría el movimiento de esas personas dentro de Estados Unidos mientras esperan una respuesta a sus pedidos de asilo, ampliaron las fuentes.
Se informó que quienes apoyan el supuesto plan, que todavía no se ha concretado, creen que ayudaría a la Administración a deportar con más rapidez a las familias que no cummplan los requisitos de asilo y desalentaría a otras a cruzar la frontera.
Noticias Telemundo contactó al Departamento de Seguridad Nacional para obtener confirmación, pero la agencia se limitó a indicar en un correo electrónico que "de manera continua lleva a cabo discusiones operativas y de política sobre cómo mejorar la posición de las autoridades para asegurar un proceso de inmigración justo, humano y efectivo que remueve eficientemente a aquellos sin una base legal para permanecer en el país.
Aún cuando no ha habido un anuncio oficial al respecto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ha sido un acérrimo crítico de la política migratoria de Biden, atacó la propuesta en un mensaje en la red social X, antes conocida como Twitter:
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"Biden considera obligar a las familias migrantes a permanecer en Texas. Esta estafa ya se intentó hace años y fue rechazada por un juez. Enviaremos a Biden la misma justicia rápida. Y añadiremos aún más autobuses de migrantes a Washington D.C".
Abbott, quien ha criticado lo que considera una política de fronteras abiertas de la Administración Biden, ha enviado a más de 30,000 migrantes que han cruzado hacia Texas desde México hacia ciudades como Chicago, Washington, Nueva York, Philadelphia, Denver y Los Ángeles como parte de una operación que ha denominado Lone Star.
Los antecedentes históricos
En el año 1988, la Administración Reagan obligó a miles de inmigrantes a quedarse en campamentos y estructuras abandonadas en zonas de la región sur de Texas a la espera de respuesta a sus casos de asilo.
El juez Filemon B. Vela puso un alto temporal en 1989 al plan de la Administración mientras dilucidaba si el Gobierno tenía la autoridad para aplicar esa medida.
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Finalmente, en febrero de 1989, cuando el presidente George H. W. Bush ocupó la Casa Blanca, el juez Vela decidió que el Gobierno tenía la autoridad para retener a los inmigrantes en el sur de Texas mientras esperaban por la decisiones de sus casos de asilo.
Las críticas de grupos proinmigrantes
La filtración de detalles sobre el supuesto plan también desató las críticas de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.
"Cuando la gente cruza las fronteras, sus derechos humanos van con ellos", dijo Marisa Limón Garza, directora del Centro de Defensa del Inmigrante de El Paso, en un comunicado citado por Los Angeles Times.
Añadió que políticos como el gobernador Abbott y el presidente Biden "no pueden seguir jugando con las vidas de miles de niños y familias [...] Los migrantes no son papas calientes", afirmó.
Por su parte, Eleanor Acer, directora de protección de refugiados de Human Rights First, afirmó en un mensaje en la red social X que "resucitar (más) políticas fracasadas y divisivas de administraciones anteriores no es la respuesta. Castigar a las personas que buscan refugio viola la ley de refugiados y hace el juego a los autores de la retórica del miedo y la invasión que presentan a las personas que buscan refugio como amenazas".
Los detalles del supuesto plan
Las familias de inmigrantes tendrían que permanecer en Texas u otros estados de la frontera y serían monitoreadas con dispositivos de localización (GPS), de acuerdo con las fuentes citadas por Los Angeles Times.
Según las fuentes, se ha discutido la posibilidad de trabajar con organizaciones locales para proveerles alojamiento mientras pasan por el proceso de asilo.
En un comunicado respondiendo a una pregunta de Noticias Telemundo sobre el plan, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) indicó que "la Administración Biden-Harris se ha comprometido a ampliar las vías seguras y ordenadas para que los migrantes entren legalmente en los Estados Unidos, al tiempo que impone consecuencias a aquellos que no utilizan esas vías"
Y amplió: "Desde mayo de 2023, el DHS ha expulsado o devuelto a más de 200,000 personas, incluidos más de 17,000 miembros de unidades familiares individuales. El DHS mantiene continuamente discusiones políticas y operativas sobre cómo aprovechar nuestras autoridades para garantizar un proceso de inmigración justo, humano y efectivo que elimine de manera eficiente a aquellos sin una base legal para permanecer en el país".
De llevarse a cabo, el plan sería una notable expansión del programa conocido como Family Expedited Removal Management (FERM), en el que algunos jefes de familias que buscan asilo en Estados Unidos pero cruzan la frontera sin autorización son monitoreados con dispositivos GPS y son sujetos a toques de queda.
El programa que comprende los toques de queda fue anunciado en mayo y se aplicó inicialmente a inmigrantes que residían en Newark (Nueva Jersey), Washington D.C., Baltimore (Maryland) y Chicago (Illinois).
Los toques de queda para algunos inmigrantes, que comenzaron a aplicarse a comienzos del verano, se extienden de las 11:00 pm a las 5:00 am.
La medida fue ampliada a otras tres ciudades de California: San Francisco, San Diego y San José. Se esperaba que Boston, en Massachusetts, también fuera agregada a esa lista. El objetivo del Gobierno, precisaron fuentes del Gobierno las fuentes a Los Angeles Times a principios de agosto, era que el programa fuera extendido a decenas de ciudades de todo el país en los siguientes dos meses.
La Administración Biden también está ampliando el uso de los monitores en los tobillos de migrantes con hijos como parte del programa para aumentar la vigilancia de quienes son liberados para llevar sus procesos de asilo dentro del país y acelerar las deportaciones de los que no resultan elegibles, informó el jueves el diario The Wall Street Journal.
La nueva política busca hallar un punto medio entre mantener detenidos a los padres con sus hijos en prisiones o liberarlos para que esperen años por una comparecencia en una corte de inmigración, según oficiales citados por el periódico.
De acuerdo con cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), hasta la fecha unas 62,000 personas han sido colocadas en el programa FERM.