La regla de la carga pública ha estado en la ley federal de inmigración por más de cien años, pero no fue hasta que Donald Trump la trajo a su retórica que se volvió un verdadero tormento para las familias migrantes. El expresidente amplió su alcance para negar visas o la residencia a quienes reciben ayuda federal. Un grupo muy reducido resultaba afectado, pero Trump logró una victoria que aún se mantiene: el miedo paralizante.
Cerca de un quinto de los adultos de familias migrantes de bajos ingresos dijeron en encuestas en 2018 y 2019 que se privaron de recibir beneficios por temor a la regla. Durante el Gobierno de Trump cayó además un 18% la participación en Medicaid y CHIP de niños ciudadanos que viven con indocumentados, según un análisis de Migration Policy Institute.
Mientras tanto, la cantidad de personas que estaban en riesgo de no calificar para una tarjeta verde por recibir asistencia federal bajo esta norma era ínfima: menos del 1% de los más de 22 millones de extranjeros que viven en el país, de acuerdo con una estimación hecha por el instituto.
La regla de Trump fue anulada en marzo por el Gobierno de Joe Biden, que restituyó una anterior más limitada. Sin embargo, muchos temen que sea rehabilitada ya sea por la demanda pendiente ante la Corte Suprema de estados republicanos o por una futura administración.
En consecuencia, muchas familias siguen renunciando a los cupones de alimentos que les permiten tener pan, fruta y carne en su mesa, mientras otras no solicitan coberturas de salud de bajo costo, esenciales para sus hijos, y algunas incluso temen enviar a los pequeños actividades como clases de fútbol después de la escuela.
“El miedo es real, incluso para quienes no se aplicaría la regla”, cuenta a Noticias Telemundo Allan Wernick, director de CUNY Citizenship Now!, programa de servicios legales migratorios gratuitos. Con el asesoramiento de especialistas, y en base a un análisis de las normas actuales, respondemos seis preguntas claves para entender la norma y su alcance.
1. ¿Cuándo se aplica la regla de la carga pública y a quiénes?
La prueba de inadmisibilidad de carga pública fue creada para identificar a quienes dependen o pueden depender del Gobierno como su principal fuente de sustento. Se tienen en cuenta varios factores, entre ellos las ayudas federales recibidas.
SÍ. Se aplica a algunos solicitantes de visas, admisión al país y ajuste de estatus y principalmente a quienes piden residencia permanente o green card.
NO. Refugiados, asilados, muchos sobrevivientes de tráfico de personas, violencia doméstica u otros crímenes graves y muchos otros inmigrantes “humanitarios”están excluidos de esta norma. Los residentes permanentes sólo enfrentan una prueba de carga pública si salen del país por más de 180 días y tratan de reingresar.
[Así es la reforma migratoria aprobada en la Cámara de Representantes. ¿Y ahora qué?]
Si un funcionario determina que es probable que alguien se convierta en una “carga pública”, puede negar una solicitud de ingreso o ajuste migratorio.
2. ¿Qué beneficios se tienen en cuenta?
El Gobierno de Biden anuló la regla de la carga pública de Trump de 2019 y restituyó una norma y guía anterior, de hace dos décadas, con parámetros muy limitados.
SÍ. Sólo se consideran ayudas en efectivo para mantenimiento de ingresos como SSI y TANF, y asistencia general (subsidios en efectivo de estados y localidades), como así también la atención institucional prolongada pagada por el Gobierno, por ejemplo, en un hogar de ancianos o un centro de salud mental.
NO. Están excluidos pagos en efectivo para propósitos específicos como ayuda con la factura de electricidad del hogar o el servicio de guardería. Tampoco se consideran ayudas de emergencia por desastres, servicios comunitarios y jubilaciones y beneficios a veteranos.
Tampoco se tienen en cuenta beneficios no monetarios que había agregado Trump. Esto incluye programas gubernamentales de atención sanitaria como Medicaid o CHIP, programas de asistencia nutricional y de vivienda pública como SNAP, WIC, comidas escolares y Sección 8, y también ayudas por el COVID-19 como Pandemia-EBT, créditos fiscales para niños y cheques estímulo; entre muchos otros.
Pero, ¿qué pasa si el solicitante tiene un familiar, por ejemplo un hijo, que recibe un beneficio? Como regla general no se tiene en cuenta, a menos que esa ayuda sea el único sustento financiero de la familia.
3. ¿Por qué son muy pocos los afectados por esta regla?
Los beneficios que se tiene en cuenta son escasos y un inmigrante no se convierte automáticamente en “carga pública” por haber recibido o recibir uno de ellos. Las ayudas federales son sólo un factor a sopesar entre otros como edad, salud, estatus familiar, finanzas y educación. También se tiene en cuenta si hay un formulario de patrocinio económico, que se requiere a la mayoría de los inmigrantes basados en la familia y algunos en el empleo para que demuestren que tienen apoyo financiero y no serán una carga pública.
Expertos remarcan además que la mayoría de los indocumentados no son elegibles en primer lugar para las ayudas federales, e incluso si lo son, hay excepciones, como tener una visa humanitaria, y formas de sortear esta prueba de admisibilidad. “Si cuenta con el asesoramiento legal adecuado, casi siempre puede superar la carga pública”, explica Wernick.
[“Me van a beneficiar en mis gastos de comida”: Familias en Los Ángeles anhelan la ayuda económica]
Un no ciudadano puede ser deportado si se convierte en una carga pública dentro de los cinco años tras su llegada al país, pero esto raramente ocurre ya que la prueba se aplica en contadas ocasiones y tiene varias limitaciones.
4. ¿Cuál fue el cambio que trajo Trump y su impacto?
Trump cambió drásticamente el significado y aplicación de la carga pública, agregando calificantes, como beneficios no monetarios: Medicaid, SNAP y ayuda de vivienda. Pero incluso con estos cambios, la carga pública se aplicaba a casos muy limitados, como se explica en el punto anterior.
El verdadero problema, explica Wernick, fue que se volvió más engorroso el trámite y requirió la ayuda de un abogado. “Un proceso que llevaba algunas horas, se convirtió en uno de múltiples horas”, indica. Shawn Rahman, quien trabaja como abogado gerente en Citizenship Now!, cuenta que incluso las personas con mayores recursos y con educación, “tenían dificultades para navegar el proceso”.
La norma de Trump fue anunciada al comienzo de su presidencia y promulgada en 2019, pero tras múltiples batallas legales, sólo estuvo en vigor desde febrero de 2020 hasta el 9 de marzo de 2021, cuando fue anulada por Biden.
En solicitudes pendientes, el Gobierno ya no tiene en cuenta los requisitos o formularios exigidos por Trump. Y en algunos casos, los inmigrantes a quienes se les denegó su caso bajo la norma de 2019 pueden hacer una nueva solicitud.
5. ¿Cuál es el consejo ante el miedo a obtener beneficios?
“Las familias pueden estar seguras de que pueden inscribirse ellas mismas o sus hijos sin riesgo en un gran número de programas”, dijo a Noticias Telemundo Cindy Ji, asociada de Políticas de Salud del Fondo de Defensa de la Infancia (CDF, por sus siglas en inglés). Esto incluye múltiples programas gubernamentales de salud, alimentos y vivienda, como así también ayudas ante la pandemia.
Expertos recomiendan hablar con un experto de confianza antes de renunciar a una ayuda que puede ser vital. Wernick señala que desafortunadamente, muchos grupos políticos y organizaciones, ya sea por ignorancia o conveniencia, fomentaron “la histeria colectiva” en torno a la carga pública.
“Es muy importante que consulten a una fuente calificada y un abogado de inmigración”, agrega Rahman, y aconseja evitar el asesoramiento por ejemplo de personas que estén en otras áreas, como tiendas que ofrecen asesoría en impuestos.
Su organización, CUNY Citizenship Now!, ofrece asesoría migratoria gratuita, pero también se puede buscar un especialista por código postal a través del directorio de Immigration Advocates Network.
Además, hay guías disponibles en línea sobre qué tener en cuenta al inscribir a los hijos en beneficios públicos o cómo determinar si aplica la carga pública en su caso.
También se recuerda que los datos personales de quienes reciben beneficios están protegidos, y que los programas públicos no deben pedir información acerca de la condición de inmigración de los solicitantes.
6. Pero, ¿qué pasa si se vuelve regla de Trump?
Los cambios políticos siempre tienen una ley de base que deben seguir, señala Wernick, y se puede contar con que habrá organizaciones y grupos que darán una batalla legal contra políticas que afectan los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.
“No será fácil para una nueva Administración”, remarca Rahman. Del mismo modo que ocurrió con Trump: hay reglas de procedimiento que se deben seguir, de lo contrario, las medidas tienen un alcance limitado en tiempo o en grupos afectados.
La orden ejecutiva de Biden de febrero dio a las agencias federales la tarea de revisar la carga pública, y se espera que se establezca en el corto plazo una nueva reglamentación definitiva que restringe la aplicación de la prueba.
De todas formas, el consejo es que aquellos que califiquen para un estatus migratorio, la residencia o la ciudadanía, presenten la solicitud ahora, remarca Wernick.
