Por Julia Ainsley y Summer Concepcion — NBC News
Quince estados republicanos solicitaron este lunes a un juez federal que mantenga en vigor el Título 42, la medida migratoria puesta en marcha por el expresidente Donald Trump en marzo de 2020 para devolver de inmediato a los solicitantes de asilo en la frontera por la pandemia de COVID-19, después de que un juez ordenara la semana pasada al Gobierno de Joe Biden que le ponga fin en diciembre.
Los estados republicanos alegaron que levantar esta regla, a la que Biden ha tratado de poner fin sin éxito durante meses, frenado por otras demandas judiciales republicanas, aumentará la llegada de migrantes a la frontera y los “perjudicará directamente”.
Argumentaron que un aumento de llegadas a la frontera “impondrá cargas financieras a los estados que acogen involuntariamente” a los migrantes. “Los estados tienen intereses soberanos y cuasi-soberanos en el control de sus fronteras, en la limitación de las personas presentes en ellas, en la exclusión de las personas portadoras de enfermedades contagiosas y en la aplicación de la ley de inmigración”, alegaron los demandantes.
El juez de distrito Emmet Sullivan anuló la semana pasada el Título 42 como solicitaba la Unión Americana de Libertades Civiles y otros defensores de los migrantes, que argumentaron que la norma se estaba utilizando como una herramienta para reforzar la frontera más que como una medida de salud pública.
Sullivan citó la Ley de Procedimientos Administrativos y calificó el Título 42 de “arbitrario y caprichoso”. El Gobierno de Biden indicó que no se opondría a la orden pero solicitó un retraso temporal de cinco semanas “para preparar la transición”. El juez concedió “gran reticencia” el retraso hasta la medianoche del 21 de diciembre.
“El Título 42 seguirá en vigor durante algún tiempo", explicó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado la semana pasada. "En el período de esta congelación, nos prepararemos para una transición ordenada a las nuevas políticas en la frontera”, dijo.
La orden de Sullivan se emitió meses después de que un juez federal de Louisiana fallara a favor de un intento de los mismos 15 estados (Arizona, Louisiana, Alabama, Alaska, Kansas, Kentucky, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Virginia, West Virgina y Wyoming) de mantener la política en vigor.
Lee Gelernt, abogado principal de ACLU contra el Título 42, se opuso en una declaración a NBC News: "El Título 42 no tiene que ver con la aplicación general de las leyes fronterizas, sino con la salud pública, y estos estados no pueden alegar de forma plausible que pretenden intervenir debido a su preocupación por el COVID”.
En abril, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció formalmente que pondría fin al Título 42 el 23 de mayo y permitiría la entrada a los solicitantes de asilo en la frontera. Pero una decisión judicial impulsada por los republicanos lo evitó.
El Gobierno de Biden se ha enfrentado a la oposición de ambos partidos por su gestión del Título 42. Los republicanos se han opuesto ampliamente a poner fin a la política, y algunos demócratas centristas expresaron su escepticismo sobre si la Administración está preparada para un aumento de los solicitantes de asilo.