Cada vez que Virginia Vicente encuentra un policía en las calles de Miami se encomienda "a todos los santos y a mi Dios". Su corazón, dice, "late a mil", pero aunque no tiene papeles, tiene un mantra: "Sé que, y me lo repito cientos de veces, que no he hecho nada (malo). No tiene por qué pararme. Todo está correcto", cuenta a Noticias Telemundo esta peruana de 53 años.
Vicente llegó a Estados Unidos en 2011. Es madre, activista y trabaja limpiando casas y cuidando niños en Florida. Los inmigrantes indocumentados como ella son, o serán cuando el gobernador Ron Desantis firme el nuevo proyecto migratorio aprobado en la Cámara de Representantes estatal, el foco de la norma de inmigración SB 1718, que pasó con mayoría republicana.
[Florida está a punto de aprobar el duro proyecto de ley migratorio de DeSantis]
Siente temor a que le pregunten por su estatus migratorio y no es la única. Más de 100 mujeres que integran el Comité de Trabajadoras del Hogar que Vicente preside en WeCount!, una organización que reúne a inmigrantes que laboran en el sector de la agricultura, construcción y limpieza en Florida, le expresan que sienten temor de ir a un hospital, de ser detenidas conduciendo sin licencia o despedidas de sus trabajos porque sus jefes tienen miedo a ser castigados por darles empleo.
Pese a que la misión de activistas como ella es evitar que reine el pánico y la desinformación sobre el alcance real de la legislación, Vicente reconoce que, aún sin entrar en vigor, la medida ya está impactando a la comunidad inmigrante. "El miedo está sembrado y era algo que no queríamos", asegura.
Abogados, expertos y activistas consultados por Noticias Telemundo coinciden en que el objetivo de esta ley —que auguran será desafiada en las cortes— es "aterrorizar a los inmigrantes".
Algunos puntos en la legislación:
- Prohíbe y declara ilegal que un empleador contrate a un inmigrante con estatus irregular.
- Prohíbe a autoridades locales brindar fondos "a cualquier persona, entidad u organización para que expida documentos de identificación" a inmigrantes con estatus irregular.
- Impone sanciones penales a quienes transporten al estado a inmigrantes que entraron al país de forma irregular y sin inspección del Gobierno federal.
- Exige a los hospitales que aceptan Medicaid que incluyan una pregunta sobre el estatus migratorio de los pacientes (es opcional responderla).
Una norma "ilegal"
El proyecto de ley define con un lenguaje "vago y muy general" quién está en el país de forma regular y "en algunos casos parece que pretende contradecir lo que dicen las autoridades federales de inmigración", que es a quien compete decidir en la materia que busca regular la Legislatura de Florida, explicaron a Noticias Telemundo Eduardo Vega, abogado experto en inmigración que ejerce en Miami, y Amien Kacou, abogado en Florida de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
"Nosotros, ACLU, y otras organizaciones en el estado, incluso en el país, estamos explorando todas las opciones. Así que puede haber uno o más desafíos judiciales directos a una o más disposiciones de la ley", afirma Kacou quien no quiso ahondar en detalles sobre la estrategia pero indica que "el desafío (legal), ya venga de nosotros o de alguien más, parece probable".
También, dice, hay que esperar cómo procederá el Gobierno federal ante "una verdadera extralimitación por parte del estado en materia de inmigración (...) pero desde una perspectiva legal, hay razones claras para intervenir. Hay claras preocupaciones constitucionales que se desencadenan por esta ley".
Para Vega, la medida es "una táctica de intimidación" contra los inmigrantes y una jugada política para "ganar puntos con la base" más conservadora del Partido Republicano, de cara a una contienda electoral. "Es perder tiempo y prepararse para una demanda", porque "los estados no pueden hacer nada a nivel de inmigración", recalca.
¿Qué cambiará la norma?
Pese a que algunos de los puntos más controversiales del proyecto fueron diluidos o tachados de la versión de 50 páginas aprobada por la Cámara estatal —como el castigo a personas que viajan o viven con inmigrantes indocumentados dentro del estado— los expertos advierten que aún es una medida severa.
La norma considera "tráfico de personas", y un delito grave de tercer grado, que alguien "transporte a este estado" a un inmigrante que llegó al país de forma irregular y "no ha sido inspeccionado por el Gobierno federal desde su entrada".
"Una persona comete un delito separado por cada individuo que transporta a este estado en violación de esta sección", sentencia.
Este es un panorama aterrador para familias mixtas como la de Vicente, que es madre de dos hijas: una ciudadana estadounidense y otra dreamer en proceso de petición familiar por matrimonio.
El esposo de ésta última, cuenta, está "preocupado" porque teme que salir juntos de los límites estatales y regresar a Florida "sería una felonía para él". En casos como el de Vicente no afecta a una persona, sino a toda la familia. "Mi mamá es ciudadana, yo ya no puedo ir en su carro porque si salimos fuera del estado mi mamá, una persona de 76 años, podría irse a la cárcel", lamenta.
[Cámara de Representantes de Florida aprueba duro proyecto de ley migratorio impulsado por DeSantis]
En cuanto a lo estipulado sobre las licencias de conducir y las identificaciones, por ejemplo, ya existen requisitos para que un inmigrante las obtenga, entre ellos una prueba de residencia legal o de procesos migratorios como el asilo.
Aunque Vicente entró con visa al país y tiene un caso de petición familiar en marcha, no es elegible para obtener estos documentos bajo las normas actuales del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV, por sus siglas en inglés).
"Ya había una ley que limita quién puede obtener una licencia de conducir en Florida", señala Kacou. Es "completamente innecesaria", dice refiriéndose a la nueva norma, "parte de la intención de la ley es aterrorizar a los inmigrantes y sus comunidades. Creo que hay un deseo real de infundir miedo en los corazones de la gente".
Para Oscar Londoño, codirector ejecutivo de WeCount!, la norma no solo afecta a las personas indocumentadas, es un "ataque" a toda la gente que considera a los inmigrantes "su familia, sus seres queridos".
"Cada uno tenemos a alguien que queremos en nuestras vidas que no tiene papeles, pero que reconocemos que merece el mismo respeto y protección que todos recibimos", afirma.
En 2018 la comunidad inmigrante en Florida ascendía a 4.5 millones de personas, es decir, un 21% de la población del estado, reveló un análisis del Censo. Más de 425,000 ciudadanos estadounidenses vivían con al menos un familiar indocumentado, según el estudio.
Una crisis social, económica y sanitaria
Activistas han advertido que la norma, además de infundir miedo, socava la confianza en las autoridades locales, dejando a las personas en estatus irregular en una situación de extrema vulnerabilidad.
Para el abogado Vega la medida "crea una crisis de salud pública" porque las personas que tengan una emergencia "ahora no van a buscar atención médica". Además, dice, "amenaza gravemente la economía de todo el estado".
Un amigo que trabaja en el campo contó a Vicente que en la granja en la que él y otros 20 inmigrantes laboran los reunieron para decirles que están a la espera de la aplicación de la ley. Aunque la obligación de reportar el estatus legal de los empleados a través del sistema E Verify se redujo a empresas con más de 25 empleados, los jefes podrían evitar contratar personas indocumentadas por temor, opinan los expertos.
"Es un insulto que la Florida haga esto sabiendo que las ciudades que producen más dinero son las ciudades que tienen más inmigrantes", señala Vega.
No es momento para pánico. Es momento para que la gente conozca sus derechos, se unan a organizaciones comunitarias y luchen por la seguridad que todos merecemos"
Oscar Londoño codirector ejecutivo Wecount!
Antes, subraya Londoño, demócratas y republicanos en Florida "reconocían la importancia" del trabajador indocumentado en sectores como la construcción, agricultura y servicios. "Esta Legislatura y el gobernador están actuando contra los intereses no solamente de los trabajadores, pero también de los empleadores y de la industria".
Pablo Mendoza es un trabajador indocumentado en Miami y está convencido que los estadounidenses no irán "al campo a cosechar frijoles, a levantar todas esas cosechas", asegura. "Yo no voy a creer que vayan allá a la construcción porque los que están haciendo esos trabajos, son los indocumentados", insiste.
"Ellos se dan cuenta que el inmigrante es un ser humano que trabaja debajo del fuerte sol y ellos no valoran", agrega Santos Arsenio, quien lleva 20 años en Estados Unidos y acababa de terminar un trabajo de jardinería cuando Noticias Telemundo lo entrevistó en Miami.
Personas como él, que llevan décadas en el estado, serían las más perjudicas, insisten expertos. Ésa, apuntan, es una de las contradicciones más claras de la norma que alega que su objetivo es resolver la llegada de inmigrantes al país, pero muchos de éstos —entre ellos venezolanos, nicaragüenses y cubanos— ya cuentan con una admisión o parole u otro proceso migratorio en marcha.
Al menos 2.7 millones de trabajadores inmigrantes representaban el 26% de la población económicamente activa en 2018, de acuerdo al análisis del Censo que indica que las personas indocumentadas contribuyeron en impuestos federales con al menos 1.300 millones de dólares y otros 588.3 millones en impuestos estatales y locales.
En 2016, los inmigrantes en estatus irregular eran el 6% de la mano de obra de Florida.
"Somos trabajadores esenciales"
Para Kacou, abogado de ACLU, hay un impacto inmediato y peligroso en esta ley y es que los ciudadanos asuman un rol de "vigilantes" en cuanto a quiénes son o no personas indocumentadas.
"Me preocupa especialmente el vigilantismo y creo que eso es algo que no hemos enfatizado lo suficiente", alerta. También advierte que autoridades locales, como la policía, no están capacitadas para "involucrarse en inmigración" y determinar quién está en el país de forma regular. "Es un área de interés federal, no un área de interés estatal o local debido a la Constitución", agrega.
Londoño insiste en que es importante que no reine el pánico. Familias enteras reconsideran si deben o no mudarse a otro estado mientras Florida se convierte en un sitio hostil. Vicente y otras trabajadoras domésticas han platicado sobre esta posibilidad, cuenta la activista que dice que una de sus jefas se irá a Massachussets y le ofreció recibirla si la situación empeora.
"Si todos nos vamos, le damos el poder a esta agenda y a esta visión antidemocrática. Es el tiempo para que los inmigrantes se unan y usen sus fuerzas para liderar un cambio aquí en el estado", apuntó Londoño.
Somos trabajadores esenciales, que merecemos respeto, que se nos trate con dignidad como seres humanos"
Virginia Vicente inmigrante, activista y trabajadora doméstica
Para él, en aspectos de la ley como el acceso a la salud, es importante aclarar que "la gente todavía tiene el derecho de ir al hospital y conseguir apoyo médico" y que las personas pueden elegir no responder a preguntas sobre su estatus migratorio.
Kacou insiste en que ese apartado, además de querer disuadir a los inmigrantes de que busquen ayuda, quiere "demostrar que, sobre una base de datos recogidos de forma selectiva, los inmigrantes están causando una pérdida financiera para el estado".
"Somos trabajadores esenciales, que merecemos respeto, que se nos trate con dignidad como seres humanos", subraya Vicente. "Sentimos que nos están tratando como si fuéramos delincuentes".
Para ella ser indocumentada no le califica como persona, ni es un título, "es un estatus".
"Yo soy Virginia Vicente, soy mamá de dos niñas, soy trabajadora del hogar, soy responsable, soy líder, facilito talleres, eso me representa".
Lourdes Hurtado colaboró en este reporte.
