Maria Elvira Salazar, congresista republicana por Florida, presentó este martes en una rueda de prensa una nueva propuesta de reforma migratoria conocida como Dignity Act (Plan Dignidad, en español), que permitiría a los trabajadores indocumentados conseguir la residencia permanente a cambio de pagar 10,000 dólares durante una década, además de parte de su salario.
"[La propuesta] aborda la situación en la frontera, la economía y la situación laboral [de los migrantes]", dijo Salazar, que agregó que ha recibido apoyo tanto de demócratas como de republicanos y que su plan está listo para ser presentado oficialmente ante el Congreso.
El proyecto de ley prevé que los inmigrantes indocumentados paguen 1,000 dólares al año, durante 10 años, para sumarse a un programa conocido Dignity Program, que permitirá que "salgan de las sombras y vivan en dignidad" como residentes legales.
Durante una rueda de prensa este martes en la Casa Blanca, la corresponsal de Noticias Telemundo Cristina Londoño preguntó a Jen Psaki, secretaria de Prensa, si el presidente, Joe Biden, invitaría a Salazar a discutir sobre la propuesta.
“El presidente propuso una legislación de inmigración desde el primer día en el cargo”, respondió Psaki, que dijo que no conocía “los detalles específicos” del proyecto de Salazar, pero que ciertamente siempre buscan “trabajar en conjunto” para “crear un sistema más seguro y efectivo en la frontera”.
La idea es que puedan permanecer en el país y trabajar de manera legal si cumplen con los requisitos previstos en el proyecto de ley: pasar una verificación de antecedentes penales, pagar impuestos y destinar un 2% de su sueldo mensual a un programa que mejorará el control de la frontera para evitar el paso de migrantes y drogas.
Ese dinero se usará para contratar hasta 3,000 agentes fronterizos, con mejores sueldos, según un comunicado. “Compraremos drones, radares, rayos infrarrojos, toda la nueva tecnología que sea necesaria“, explicó la congresista.
La propuesta aplicaría a migrantes sin documentos que hayan trabajado en el país durante más de cinco años, pagando impuestos y sin cometer ningún crimen. Con ese pago anual, los trabajadores (y cualquier ciudadano estadounidense) podrán acceder a programas de formación para aprender nuevas habilidades para trabajar en el campo y en la industria de restauración y hoteles.
Esto, según Salazar, tendrá un impacto positivo en la economía, porque "si no tienes manos en el campo, en la industria de servicios, los estadounidenses no comerán. Si la economía no crece, el sueño americano morirá".
Después del período de pago de 10 años, si la persona lo desea (es opcional), puede ingresar al Plan de la Redención, de cinco años más, que sería un paso para conseguir la ciudadanía. Para ello, los trabajadores tendrían que pagar 7,500 dólares al American Worker Fund.
También se requerirá que los aplicantes aprendan inglés y conocimientos cívicos, y que colaboren en trabajos voluntarios en su comunidad.
Salazar recalcó que que las fronteras permanecerán cerradas para quienes intenten entrar "de manera ilegal" y que si alguien trata de cruzar la frontera, "irá a la cárcel".
Parte de la ley también contempla establecer cuatro Centros Regionales de Procesamiento para alojar a los solicitantes de asilo en la frontera mientras se tramitan sus pedidos. "Las familias permanecerán juntas", aseguró.
Los tres planes previos que han sido rechazados
Los demócratas, previamente, habían propuesto hasta tres planes de reforma migratoria. El último, conocido como plan C, proponía que éste sea incluido dentro del plan de gasto social que impulsa el presidente Joe Biden, valorado en 1.75 millones de dólares.
Sin embargo, Elizabeth MacDonough, encargada de interpretar las reglas del Senado, desestimó esta medida por tercera vez. "La propuesta no es muy diferente a las previas que hemos considerado”,argumentó, “conlleva cambios sustanciales de políticas, con efectos duraderos, que superan su impacto presupuestal".
La parlamentaria del Senado ya había descartado los otros dos planes presentados por los demócratas con argumentos similares.
A mediados de septiembre de 2021, MacDonough impidió que el plan de gasto social, que prevé reforzar el acceso a la salud y la seguridad social, y combatir el cambio climático, incluyera la posibilidad de que millones de indocumentados se convirtieran en ciudadanos.
El llamado plan A habría abierto una puerta a la ciudadanía a los dreamers, los jóvenes inmigrantes beneficiarios de DACA, y también a los beneficiarios de TPS (Estatus de Protección Temporal), y a los trabajadores esenciales y del campo.
[Así es la reforma migratoria aprobada en la Cámara de Representantes. ¿Y ahora qué?]
El plan b, que también fue bloqueado por la parlamentaria, planteaba cambiar la fecha de ingreso a Estados Unidos que se exige para que los inmigrantes sin documentos y sin antecedentes puedan solicitar un ajuste de estatus migratorio dentro de la llamada Ley de Registro.
*Una primera versión de esta reporte indicaba que el pago era de 100,000 dólares durante 10 años. Lo correcto es 10,000.