WASHINGTON.— Más de 300,000 inmigrantes amparados al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), la mayoría de ellos salvadoreños, corren peligro de la deportación a partir del próximo año, a raíz de una orden judicial emitida este lunes que permite el fin de ese alivio migratorio. Activistas a favor de los inmigrantes han prometido llevar su batalla a las calles, las urnas y la Corte Suprema.
Una panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones determinó este lunes que un juez federal de California se excedió al mantener en pie el TPS para inmigrantes indocumentados de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), tiene “plena y total discreción” para decidir el futuro rumbo del TPS para inmigrantes de esos países, y los demandantes no lograron mostrar motivaciones racistas para la eliminación del TPS en 2017, indicó el panel de jueces.
Según un análisis encargado por el Congreso, y divulgado en abril pasado, hay poco más de 411,000 inmigrantes de diez países amparados al TPS, un programa creado por el Legislativo en 1990 que protege de la deportación a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles, desastres naturales u otras circunstancias “extraordinarias”.
El dictamen de este lunes afecta a inmigrantes de los países representados en sendas demandas colectivas, conocidas como 'Ramon vs. Nielsen', y 'Battarai vs. Nielsen', que en febrero de 2019 incluyó, bajo acuerdo judicial, a Honduras y Nepal.
A menos que el Congreso apruebe una solución legislativa permanente, la mayoría de los “tepesianos” afectados por el dictamen perderían sus permisos de trabajo y protecciones legales a partir del 5 de marzo de 2021, tras lo cual quedarían expuestos a su posible deportación.
Mientras, los beneficiarios del TPS salvadoreños perderían su protección a partir del 5 de noviembre de 2021.
La canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, dijo en su cuenta en Twitter que el dictamen "no tiene consecuencias inmediatas para los beneficiarios TPS de El Salvador". La diplomática instó a la "calma" y afirmó, sin ofrecer detalles, que “aún hay alternativas judiciales”.
En todo caso, el dictamen sienta precedente y podría a afectar a todo el universo de beneficiarios del TPS, porque la Administración Trump se sentiría envalentonada para quitar las protecciones al resto de esta comunidad, advirtieron activistas.
En el caso de Haití, hay una segunda demanda pendiente en otros tribunales por lo que, en principio, los poco más de 55,000 “tepesianos” de ese país caribeño mantienen su protección hasta que haya una resolución definitiva.
En la actualidad, la mayoría de los inmigrantes beneficiados por el TPS provienen de El Salvador, Honduras, Haití, Nepal y Nicaragua, según los datos actualizados del informe oficial.
El dictamen del Noveno Circuito tiene un efecto multiplicador, tomando en cuenta que, según el Centro para el Progreso Estadounidense, hay más de 279,000 niños nacidos en Estados Unidos con padres amparados al TPS y, salvo que puedan quedarse en este país con otros familiares, el gobierno efectivamente estaría forzando también su expulsión.
La Administración Trump comenzó a desmantelar el TPS en 2017, argumentando que el programa tenía carácter temporal y, a su juicio, ya no existían las condiciones que justificaran su vigencia.
Además, dio plazos definitivos para que los beneficiarios se prepararan para su deportación voluntaria, o buscaran la forma de ajustar su estatus migratorio.
Sin embargo, diversos grupos cívicos presentaron demandas en las cortes en 2018 y 2019, entre éstos la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU, por su sigla en inglés), para ganar tiempo y frenar temporalmente la eliminación del TPS y el eventual proceso de deportación de los beneficiarios.
Durante años, grupos defensores de los inmigrantes han destacado las contribuciones de los “tepesianos” a la economía nacional y estado por estado, incluyendo el hecho de que unos 130,000 “tepesianos” son considerados “trabajadores esenciales”.
Prometen medidas de presión
Durante una videoconferencia organizada por la Alianza Nacional del TPS, tanto activistas como beneficiaron del programa de alivio migratorio dejaron en claro que continuarán su lucha en las calles, las urnas y, de ser posible, hasta la Corte Suprema.
De entrada, la Alianza pedirá que toda la sala del Noveno Circuito revise este dictamen en un plazo de 45 días y, según AhilanT. Arulanantham, abogado sénior de la ACLU en el sur de California, si esa estrategia fracasa, el siguiente paso será llevar el caso hasta la Corte Suprema.
Arulanantham hizo hincapié en que, mientras las cortes continúen estudiando estos casos, los permisos de trabajo concedidos bajo el TPS se mantienen en vigor, y es ilegal que los empleadores despidan a los trabajadores amparados al programa.
Por su parte, José Palma, un “tepesiano” salvadoreño y miembro del comité ejeuctivo de la Alianza anunció que el próximo 21 de septiembre su grupo realizará una segunda “Jornada por la Justicia” a nivel nacional en la que exigirán una legalización permanente para los “tepesianos”.
Además, urgen a los hispanos que puedan votar en los comicios del próximo 3 de noviembre a que lo hagan a favor de los “tepesianos”, en un claro rechazo a la política migratoria del presidente, Donald Trump.
La haitiana Wilna Destin, una de las demandantes en el caso decidido hoy, afirmó que “este país fue construido por inmigrantes” y, a su juicio, no es justo que el gobierno de Trump quiera castigar a inmigrantes como ella con la expulsión.
En junio de 2019, la Cámara de Representantes, bajo control demócrata, aprobó una medida para dar la legalización permanente a los dreamers y "tepesianos", pero ésta no ha sido sometida a debate o voto en el Senado.
Si no es sometida a voto antes de fin de año, esta medida tendría que ser presentada en la nueva sesión legislativa de 2021.
La inmigración figura como uno de los principales temas de la contienda electoral este año: Trump se presenta como el defensor de los ciudadanos de a pie contra la desventaja que afrontan por culpa de los inmigrantes.
Mientras tanto, el aspirante presidencial demócrata, Joe Biden, ha condenado la cancelación del TPS y ha prometido que, si llega a la Casa Blanca, promoverá una reforma migratoria que legalice a toda la población indocumentada.