WASHINGTON.— Agentes fronterizos estadounidenses alquilaron autobuses en Guatemala en enero pasado para trasladar a centenares de migrantes hondureños de vuelta a la frontera con Honduras, echando mano de fondos federales no autorizados para esa operación ilegal y sin velar por la seguridad de esos migrantes.
Así lo advierte un informe de la bancada demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, publicado por el senador Bob Menéndez, quien exige explicaciones al Departamento de Estado, de donde salieron los fondos.
La operación ilegal, descubierta por asesores demócratas, además violó acuerdos suscritos entre los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional, porque los agentes federales pueden proveer asesoría a la policía en asuntos antinarcóticos, pero tienen rotundamente prohibido implicarse en operaciones policiales en el exterior.
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El asunto es grave porque, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), tiene acuerdos de cooperación migratoria con Centroamérica, esta sería la primera vez que sus agentes participan directamente en suelo extranjero en la deportación de migrantes con rumbo a este país.
Según el informe, adelantado al diario The Wall Street Journal, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés), se desplegaron a la frontera entre Guatemala y Honduras el 15 de enero, y junto a la policía de Guatemala impidieron el cruce de una caravana de centenares de migrantes hondureños.
Con la ayuda de agentes de División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPRAFRONT), los agentes de la CBP participaron en la operación secreta cerca de la localidad de Corinto, en la frontera con Honduras. Allí, los agentes alquilaron tres autobuses, detuvieron y procesaron a un número indeterminado de migrantes y los despacharon de vuelta a la frontera con Honduras.
Ningunos de los buses tenía logos que identificara al DHS, la CBP o el DIPRAFRONT, y se desconoce si los migrantes hondureños fueron informados sobre sus derechos en Guatemala, o si tuvieron acceso al proceso de asilo antes de ser deportados.
La operación fue improvisada, los agentes no implementaron protocolos para resguardar la seguridad ni los derechos humanos de los migrantes y, además, dividieron a los migrantes en grupos de hombres, por un lado, y niños y mujeres, por otro, según el informe.
El DHS no pudo precisar si hubo separación de familias, cuántos niños iban sin la compañía de adultos, o qué medidas tomó para la reunificación de familias que hayan sido separadas, indicó el informe.
Al no resguardar los derechos humanos de niños, refugiados y posibles solicitantes de asilo, el DHS “pudo haber contribuido a nuevos incidentes de separación familiar” y haber facilitado el retorno forzado de refugiados a situaciones de riesgo, afirmó el documento.
Sin los debidos protocolos, el DHS además expuso al Gobierno de EEUU a una “posible complicidad” en la violación de acuerdos internacionales de 1951 y 1984, respectivamente, sobre el trato de refugiados y la prevención de la tortura, agregó.
Cuestionados por los demócratas en enero, tanto el Departamento de Estado como el DHS eventualmente reconocieron que los agentes de la CBP “excedieron su autoridad” de sólo proveer entrenamiento a la policía local. Sin embargo, el Departamento de Estado primero negó que el incidente en Corinto hubiese ocurrido.
Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni la CBP tienen autorización para hacer las veces de policía migratoria en América Latina, y es hora de que el Congreso “se implique nuevamente para poner freno a la desquiciada agenda anti-inmigrante” del presidente, Donald Trump, afirmó Menéndez.
Menéndez, el demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, envió una carta al Inspector General del Departamento de Estado en busca de respuestas al escándalo, que sale a la luz pocos días después de que se desarticulara en Guatemala una caravana de 3,000 migrantes hondureños.
Expertos consultados por Noticias Telemundo coincidieron en que la operación aparentemente violó el acuerdo entre los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional, que estipulaba los límites del uso de fondos, sino también el derecho internacional al no proveer ayuda a solicitantes de asilo
Eric Olson, director de política en Washington de la Seattle International Foundation, afirmó que el informe es "profundamente preocupante" porque deja en claro que ni el Departamento de Estado ni el DHS tuvieron en pie protocolos de supervisión adecuados.
"Por ley, EEUU tiene obligación de ofrecer ayuda a solicitantes de asilo, y si no lo hizo, como se alega en este informe, eso es un problema muy serio", afirmó.
"Me parece extraño que una agencia del Gobierno estadounidense se esté metiendo en actividades de control migratorio en otro país soberano, lo cual parece muy distinto a su tarea asignada de asesoría al gobierno nacional", dijo, por su parte, Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria.
El DHS no ha reaccionado al informe, que también ha sonado las armas entre grupos que defienden los derechos humanos y de los migrantes, que llevan años advirtiendo sobre la situación de inseguridad en Centroamérica.
Por otra parte, el informe destacó que, el 14 de enero, el entonces subsecretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf, participó en la toma de posesión del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y se reunió en privado con él para discutir la necesidad de reducir la emigración ilegal.
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Ya en Washington, continuó el informe, Wolf dijo a la conservadora Fox Radio que, en comparación con las caravanas de migrantes de 2018, EEUU no sólo ha suscrito acuerdos migratorios con México, y los países del “Triángulo del Norte” -Guatemala, Honduras y El Salvador-, sino que además la CBP ha desplegado “agentes tácticos en Guatemala”.
Al parecer, las autoridades de extranjería de Guatemala no estaban al tanto de la operación secreta de la CBP, según dijo a la prensa el encargado de asuntos de migración del Gobierno guatemalteco, Eduardo Hernández.
El DHS ha tenido presencia en México, recabando información biométrica de migrantes detenidos en ese país, y también en todo Centroamérica, para ofrecer capacitación en la lucha contra la emigración ilegal.
Cediendo a presiones políticas, la Administración Trump restableció en abril pasado la ayuda exterior que había suspendido a los países del “Triángulo del Norte”, pero no ha propuesto un plan exhaustivo para reformar el sistema migratorio.