La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y varias organizaciones más demandaron al Gobierno del presidente, Joe Biden, por las nuevas reglas de asilo instauradas tras el final del Título 42 justo antes de la medianoche del jueves.
"La nueva prohibición de la Administración Biden pone en grave peligro a los solicitantes de asilo vulnerables y viola la legislación en materia de asilo. Ya hemos recorrido este camino antes con [el expresidente Donald] Trump", indicó Katrina Eiland, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU.
"Las prohibiciones de asilo fueron crueles e ilegales entonces, y nada ha cambiado ahora", afirmó.
La demanda alega que las nuevas reglas de asilo retoman normas impuestas por la Administración Trump que fueron bloqueadas por tribunales, y defiende que las leyes de asilo no permiten al Gobierno federal restringir el acceso al asilo en función de la forma de entrada de una persona o de si solicitó asilo en otro lugar.
Además, asegura que los migrantes no pueden solicitar asilo de manera significativa en los países de tránsito porque muchos carecen de un sistema de asilo operativo, otros tienen sistemas que están al límite de su capacidad, y la mayoría no son ni remotamente seguros para que los solicitantes de asilo encuentren refugio.
"Las personas que huyen de la persecución tienen derecho legal a solicitar asilo, independientemente de cómo lleguen a la frontera", señaló Melissa Crow, directora de litigios del Center for Gender & Refugee Studies (CGRS), otra de las organizaciones civiles que presentó la demanda.
"Nuestro sistema de asilo se diseñó para proteger a las personas que huyen de amenazas inminentes para sus vidas, que no pueden permitirse el lujo de esperar a una cita esquiva o a que se adjudique una solicitud en un país donde corren peligro. El Gobierno Biden ha tenido más de dos años para establecer un proceso de asilo justo y humano después del Título 42. Que en su lugar haya optado por resucitar y restablecer políticas ilegales de la era Trump es censurable", lamentó.
Con el fin del Título 42, que desde 2020 permitió expulsar de manera expedita a más de dos millones de migrantes bajo el pretexto de la pandemia de COVID-19, el Gobierno federal retomó el Título 8, que permite solicitar una entrada legal pero también impone sanciones para quienes traten de hacerlo de forma irregular.
De esta forma, la Administración Biden anunció que todas las personas que crucen la frontera sin permiso no serán elegibles para solicitar asilo.
“Estamos listos para procesar de manera humana y remover a aquellos que no tengan una justificación legal para permanecer en el país", indicó el secretario del Departamento Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
"Tenemos 24,000 agentes en la frontera suroeste y nos hemos reforzado con miles de tropas y contratistas, así como más de un millar de oficiales de asilo para que nos ayuden a implementar nuestras leyes”, declaró.
Una de las vías que tienen los migrantes para pedir asilo es enviar documentación y solicitar cita a través de la aplicación CBPOne. Otra es acudir a uno de los centros de procesamiento que Estados Unidos abrirá en Latinoamérica para presentar su caso sin tener que llegar a la frontera con México.
El subsecretario de Políticas Migratorias, Blas Núñez-Neto, reiteró a Noticias Telemundo que habrá “consecuencias mucho más serias” para los migrantes que no sigan el procedimiento establecido por las autoridades.
[Migrantes piden a gritos en la frontera que los dejen pasar]
"Esta norma ilegal se basa en una aplicación móvil que funciona mal, está disponible en sólo tres idiomas, y requiere que la gente entre en una lotería para un número lamentablemente insuficiente de citas", argumentó Keren Zwick, directora de litigios en el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, otra de las organizaciones que han demandando al Gobierno de Biden.