BROWNSVILLE. – Eran un grupo grande, como de 150 migrantes, en una noche fría del pasado mes de febrero. Irma y sus dos hijas querían entregarse a los agentes fronterizos pero, al pensar que los iban a devolver directamente a México, huyeron con muchos otros.
Durante tres horas caminaron, corrieron, se escondieron en la oscuridad montañosa de Texas, hasta que no aguantaron más. La Patrulla Fronteriza los encontró. Les tomaron las huellas, vieron que ya tenían un expediente migratorio, y las retornaron a México.
Eso es precisamente lo que no querían: volver a México, el país donde esta madre de dos menores de 15 y 7 años se siente encallada desde el 9 de agosto de 2019. Fue ese verano cuando pidió asilo en Estados Unidos pero las devolvieron al país vecino a esperar su fecha de corte, como a tantos otros.
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Eran solo tres casos más entre las decenas de miles bajo el programa Quédate en México (nombre informal de los Protocolos de Protección a los Migrantes, o MPP según su sigla oficial en inglés) con el que la Administración de Donald Trump intentó disuadir a los peticionarios de asilo.
El polémico programa les obligaba a permanecer en México mientras se tramitaban sus casos, y quedaron expuestos a secuestros, extorsiones, violaciones y todo tipo de violencia por parte de los grupos criminales que vieron en este grupo de extranjeros vulnerables una presa fácil.
El fin del programa es una de las promesas en materia de inmigración que el nuevo presidente, Joe Biden, ha cumplido en sus primeros dos meses en la Casa Blanca. Desde 19 de febrero, los peticionarios de asilo del programa Quédate en México pueden esperar sus casos en Estados Unidos. Ya han entrado 3,696 personas, día a día, con jornadas en las que han llegado a procesar a más de 250 migrantes.
Pero, detrás de las celebraciones y victorias de los grupos proinmigrante, el futuro de la mayoría de extranjeros procesados bajo el programa Quédate en México es incierto.
“Es desesperante la situación”, dice Irma desde Matamoros, en el estado de Tamaulipas, México. Esta inmigrante hondureña no quiso dar su nombre completo por miedo a tener problemas de seguridad. Según el Gobierno mexicano, Tamaulipas es uno de los estados más peligrosos para las personas migrantes, junto a Coahuila, Veracruz y Chiapas.
Y al riesgo se suma la incertidumbre: “No sabemos qué va a pasar con nosotros y si realmente nos van a dar una oportunidad”.
En sus casi dos años en México, Irma cruzó varias veces a Hidalgo, Texas, para sus audiencias con el juez de inmigración. Le denegó el asilo y ella no se presentó a su oportunidad para apelar. Así entró en un limbo administrativo y geográfico: es una migrante bajo el programa Quédate en México varada al otro lado de la frontera pero sin un proceso abierto en Estados Unidos.
Sin garantías de obtener asilo
Pero en ese doble limbo no está sola. Cuando Biden terminó con Quédate en México, más de 40,000 migrantes de este programa ya tenían sus casos de asilo cerrados o inactivos, según datos que el centro TRAC facilitó a Noticias Telemundo Investiga. Y solo el 1.5% de los que cerraron sus casos lograron el deseado asilo.
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La media nacional de asilo concedido es del 46% en las dos últimas décadas, pero la denegación de asilos ha ido en aumento desde 2012, según datos del centro TRAC.
Ganarlo depende en cierta medida de los jueces de inmigración que resuelvan el caso, según muestran esos mismos datos, y todavía afecta más tener un abogado que defienda el caso.
Y eso, tener un abogado, era algo casi imposible para los peticionarios varados en México. Activistas y juristas piden una nueva oportunidad para que los casos vuelvan a considerarse porque, en su opinión, los procesos de Quédate en México no garantizaron un proceso de asilo adecuado.
Jodi Goodwin, una de estas abogadas, cree que las audiencias que tuvieron fueron injustas “por las violaciones del debido proceso, por lo que tenían que aguantar las personas para poder llegar hasta las cortes y el peligro que todos corrían cuando estuvieron en México esperando”, dijo a Noticias Telemundo Investiga.
Pero, en pleno auge de nuevas llegadas a la frontera y con las instalaciones de detención saturadas, la administración Biden no ha respondido qué hará con ellos.
Además, por ahora, sólo cuatro puertos de entrada están procesando a los migrantes con casos de MPP todavía abiertos. En una frontera de 2,000 millas de largo, están activos los accesos de Matamoros, Reynosa, Ciudad Juárez y Tijuana.
Miles de migrantes se encuentran en otros lugares fronterizos y la espera se les hace eterna.
Embarazada en la frontera
En el caso de la venezolana Yéssica Pérez esa espera coincidió con su embarazo. Durante meses, ni ella ni su hijo salieron del pequeño apartamento que rentaron por 200 dólares al mes en Nuevo Laredo; solo su marido pisaba la calle. Para su hijo de 4 años no ha habido escuela ni paseos en el parque: la aterroriza saber que podrían encontrarse a personas armadas por donde vayan.
“Se me subía la presión arterial, se me bajaba, me acostaba, reposaba por la misma ansiedad de que no nos llamaran”, dijo embarazada de nueve meses.
Las llamadas a las que se refiere son los trámites para cruzar a Estados Unidos, ahora que se ha puesto fin a Quédate en México. El cruce está coordinado por ACNUR, y los migrantes deben registrarse en una página web, Connecta, que experimentó varios problemas durante las primeras semanas de funcionamiento. Después, deben esperar un par de llamadas para revisar sus casos y concretar la fecha de entrada a Estados Unidos.
Yéssica Pérez recibió la primera llamada una semana más tarde de lo agendado. Otros se quejan de que todavía no les ha llegado. La organización internacional asegura que está trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, para avanzar en el proceso de registro. Y no todo depende de ellos, dicen.
“Es importante señalar que el Gobierno de Estados Unidos es quien está determinando por dónde se cruza, cuántas personas cruzan, qué tipos de casos cruzan primero”, subrayó Silvia Garduño, portavoz de ACNUR en México.
Pérez cruzó la frontera un día después de hablar con Noticias Telemundo Investiga y lo consiguió gracias a la intermediación de una ONG, pero su caso no es habitual.
El dilema para las organizaciones que coordinan o acogen a los migrantes varados en México es qué hacer si no abren pronto nuevos puertos de entrada. La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ve demasiado riesgoso el transporte de los peticionarios de asilo entre ciudades mexicanas fronterizas, con poblaciones y carreteras controladas por los cárteles, indicó un portavoz.
Secuestrados en camino a la corte
Desde la creación de Quédate en México en 2019, los migrantes no han dejado de denunciar la situación de inseguridad a la que han tenido que hacer frente cada día.
“Sólo se paran y te suben a las trocas, sin decir nada más”, recueda Brenda, una guatemalteca de 26 años.
A mediados de marzo de 2021, de madrugada en la polvorienta frontera de Texas, Noticias Telemundo Investiga conoció a Brenda, a su marido Leonidas y a su pequeña de dos años. La bebé, en brazos del padre, iba envuelta en una manta gris y protegida por una capucha rosada.
Todavía se les entrecortaba la respiración por la adrenalina. Acababan de cruzar a Estados Unidos y lo habían hecho de manera irregular, cruzando el río en una balsa, casi a tientas en la oscuridad, junto a decenas de familias.
Pidieron asilo en julio de 2019 en Laredo, Texas. El gobierno estadounidense los envió de vuelta a Nuevo Laredo, Tamaulipas, para esperar su cita de corte, fijada el 23 de octubre de 2019. Decidieron esperar en Ciudad de México porque les parecía más seguro, y a su regreso a la frontera para poder asistir a su audiencia con el juez de inmigración, los asaltaron.
“Cuando íbamos a la corte, nos secuestraron. Fue horrible, fue traumático. Se nos atraviesa un carro y nos dicen ‘súbanse’. Estuvimos tres semanas en una bodega, sin comunicación. Era un lugar horrible, no había condiciones allí para vivir, había mucha gente”.
Les pidieron 30,000 dólares por los tres y pagaron el rescate. “Al final tuvimos que vender la casa en Guatemala y nos endeudamos”, recuerda. La bebé sufrió una severa desnutrición. Se volvieron a su país, las amenazas para su familia persistieron, y ahora vuelven a probar cruzando de manera irregular.
“Estamos muy nerviosos, no sabemos si nos van a dar la oportunidad de hablar, de escucharnos, o la oportunidad de tener un abogado”, explica ella visiblemente angustiada.
En cuanto cruzaron, la Patrulla Fronteriza les dio una bolsa de plástico transparente y una ficha de papel para guardar sus enseres más importantes. Y ella, sin saber muy bien para qué es, la guarda entre sus manos y aprieta sus dedos.
Su marido murió mientras esperaban respuesta
Lágrimas, abrazos y llamadas por teléfono es lo que se suele ver alrededor del puerto de entrada de Brownsville, Texas. Por allí cada día se procesa a migrantes que estuvieron varados en México con Quédate en México pero cuyos casos siguen abiertos. Todavía tienen una oportunidad para pedir asilo. La Administración Biden los está liberando y, desde sus nuevos hogares en Estados Unidos, se presentarán en semanas o meses ante el juez.
El esfuerzo no ha acabado ni siquiera para ellos. Varios activistas y abogados que han revisado los casos dicen que una parte tiene razones para un cierto pesimismo: ya han perdido sus casos de asilo y se encuentran en proceso de apelación.
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Es el caso de la hondureña Evelyn Hernández, quien vivió por meses en el campamento de migrantes de Matamoros. Las carpas al aire libre con cientos de migrantes, cercanas al Río Grande, retrataron ante el mundo la vulnerabilidad y precariedad del programa Quédate en México. Incluso Jill Biden, la primera dama, visitó en diciembre de 2019 ese campamento y dijo “esto no es lo que somos como estadounidenses”.
Los migrantes del campo fueron también los primeros en ser procesados y las autoridades mexicanas lo clausuraron. Hernández sabe que su caso estaba denegado pero ve la apelación como una nueva oportunidad. Al menos, ahora podrá reencontrase con su hijo de 4 años que ya estaba en Estados Unidos.
A unos metros de Evelyn Herández se sienta una mujer cubana de 45 años, Yudelis Figuera. También acaba de entrar a Estados Unidos por Brownsville, Texas. Con ella lleva dos mochilas: una contiene documentos y la otra, la ropa de su marido y una urna.
En la frontera, tuvo que decir a los agentes que su esposo, con quien estaba pidiendo asilo durante el programa Quédate en México, murió durante la espera.
“Aquí traigo su urna. Y ropa, algunas cosas de él, que no me quise deshacer de ellas”, nos muestra, “fue un paro cardíaco. Todo el estrés de la espera: que si nos denegaban, que si nos demorábamos. Que si no íbamos a pasar, que si teníamos que seguir aquí y todo eso. Todo es estrés, toda esa tensión lo deprimió mucho”.
Su esposo murió hace siete meses. En México vivían en un departamento rentado y trabajaban para sustentar la espera: él en la construcción y ella en una maquila y un restaurante mexicano.
A él, dice Figuera, le enloquecía de felicidad la idea de llegar un día a Estados Unidos. Se le aguan los ojos. Y devuelve la urna a su mochila.