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Miles de menores migrantes viven hacinados en albergues "de emergencia" con poca supervisión y cuidados escasos

“El Gobierno está utilizando el dinero de los contribuyentes para construir grandes instalaciones de retención para los niños en lugar de utilizar ese dinero para encontrar maneras de reunirlos rápidamente con sus patrocinadores", denuncia una abogada.
/ Source: Telemundo

Por Garance Buker, Juliet Linderman y Martha Mendoza -  The Associated Press

El Gobierno de Joe Biden retiene a decenas de miles de niños solicitantes de asilo en una red opaca de unas 200 instalaciones que, según The Associated Press, se extiende por dos docenas de estados e incluye cinco refugios con más de 1,000 niños en condiciones de hacinamiento.

Datos confidenciales obtenidos por la agencia de noticias muestran que el número de niños migrantes bajo custodia federal se ha duplicado en los últimos dos meses. Esta semana el Gobierno albergaba a unos 21,000 menores de edad, desde bebés hasta adolescentes.

La instalación militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, alojaba a más de 4,500 niños hasta este lunes. Abogados, defensores y expertos en salud mental afirman que, si bien algunos albergues son seguros y ofrecen una atención adecuada, otros ponen en peligro la salud y seguridad de los niños.

"Es casi como el Día de la Marmota", dijo Luz López, abogada del Southern Poverty Law Center, refiriéndose a la película de 1993 en la que los acontecimientos parecen repetirse continuamente.

"Aquí estamos de nuevo en un punto casi donde empezamos", explicó, "el Gobierno está utilizando el dinero de los contribuyentes para construir grandes instalaciones de retención para niños en lugar de utilizar ese dinero para encontrar maneras de reunirlos rápidamente con sus patrocinadores".

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Mark Weber, portavoz del Departamento de Salud  (HHS, por sus siglas en inglés), dijo que el personal federal y los contratistas trabajan duro para mantener a los niños seguros y saludables.

Algunas de las prácticas actuales son las mismas que Biden y otros criticaron de la Administración de Donald Trump, incluyendo el no investigar a algunos cuidadores con la verificación completa de antecedentes de huellas dactilares del FBI. Al mismo tiempo, los registros judiciales muestran que el Gobierno está trabajando para resolver varias demandas multimillonarias que afirman que los niños migrantes fueron abusados en los refugios bajo el mandato de Trump.

Parte del plan del Gobierno para gestionar a los miles de niños que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México incluye una docena de instalaciones de emergencia sin licencia dentro de bases militares, estadios y centros de convenciones, que eluden las regulaciones estatales y no requieren la supervisión legal tradicional.

En estas instalaciones, llamadas Sitios de Admisión de Emergencia, los niños no tienen garantizado el acceso a la educación, las oportunidades de recreación o la asesoría legal.

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El Gobierno promocionó en un reciente comunicado de prensa su "restauración de un enfoque centrado en el niño para los niños no acompañados", y ha estado compartiendo los totales diarios del número de niños bajo su custodia, así como algunas fotos de las instalaciones. Esto refleja un mayor nivel de transparencia que la Administración Trump. Además, la cantidad de tiempo que los niños pasan, en promedio, dentro del sistema ha disminuido de cuatro meses el otoño pasado a menos de un mes en esta primavera, según el Departamento de Salud.

No obstante, la agencia de noticias ha recibido informes de abusos que han provocado el despido de empleados contratados este año para trabajar en los centros de emergencia, según dijo un funcionario que habló bajo condición de anonimato.

Desconocen el paradero de sus hijos

Los abogados dicen que a veces los padres no saben dónde están sus hijos.

José, un padre que huyó de El Salvador después de que su pueblo fuera blanco de una masacre, solicitó asilo en Estados Unidos hace cuatro años. Esperaba poder acoger a su mujer y a su hija de 8 años en el sur de California este año, pero la mujer fue rechazada en la frontera en marzo y expulsada a México. La niña volvió a cruzar sola y fue llevada el 6 de abril al refugio del Gobierno en Brownsville, Texas. José llamó repetidamente a una línea de atención telefónica creada para los padres que buscan a sus hijos migrantes, pero dijo que nadie le decía dónde se encontraba la niña.

"Estaba tan disgustado porque no paraba de llamar y llamar y nadie me decía nada sobre dónde estaba", dijo José, que pidió ser identificado sólo por su nombre de pila por miedo a poner en peligro su caso de inmigración. "Finalmente me dijeron que tenía que pagar 1,300 dólares para cubrir su billete de avión y que, si no pagaba, tendría que esperar un mes más, y estaba muy angustiado", agregó. 

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Su hija estuvo retenida durante casi tres semanas en el centro de Brownsville antes de que finalmente le fuera entregada a finales de abril, después de que una organización de defensa interviniera para que el Gobierno pagara la factura del boleto aéreo, como exige la agencia.

El Departamento de Salud se negó a decir si existen normas legalmente exigibles para el cuidado de los niños alojados en los centros de emergencia o cómo se les está supervisando. El Gobierno de ha permitido un acceso muy limitado a los medios de comunicación una vez que los niños son llevados a las instalaciones, citando la pandemia de coronavirus y las restricciones de privacidad.

"El departamento ha trabajado con la mayor celeridad posible para aumentar la capacidad de camas y garantizar que los posibles patrocinadores puedan proporcionar un hogar seguro mientras el niño pasa por sus procedimientos de inmigración", dijo su portavoz en un comunicado.

"Tan pronto como los servicios integrales - atención primaria en el lugar, incluyendo vacunas infantiles y exámenes físicos, gestión de casos, llamadas telefónicas a los miembros de la familia, educación, la recreación, etc - están disponibles como resultado de la infraestructura y el personal adicional, se proporcionan como parte de la operación", agregó. 

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Preocupación por las condiciones de los pequeños

Los refugios masivos, con cientos de camas cada uno, son especialmente preocupantes para los defensores. Estas instalaciones pueden dejar a los niños aislados, menos supervisados y sin servicios básicos. Según la agencia de noticias, cerca de la mitad de los niños inmigrantes detenidos en Estados Unidos duermen en albergues con más de 1,000 niños.

Más de 17,650 están en instalaciones con 100 o más niños. Algunos albergues y programas de acogida son pequeños, poco más que una casa con un grupo de niños. Una gran instalación de Houston, Texas, cerró abruptamente el mes pasado después de que se revelara que los niños recibían bolsas de plástico en lugar de acceso a los baños.

"El sistema ha sido muy disfuncional, y está empeorando", dijo Amy Cohen, psiquiatra infantil y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Every. Last. One, que trabaja para ayudar a las familias inmigrantes que huyen de la violencia en Centroamérica. Aunque desde hace años llega un gran número de niños a Estados Unidos, Cohen dijo que nunca había visto la situación tan mala como la que se vive ahora.

Cohen describió que los padres reciben llamadas de personas que se niegan a identificarse. Les dicen que deben estar en un aeropuerto o estación de autobuses en las próximas dos horas para recoger a sus hijos, que han sido retenidos durante más de un mes sin previo aviso, o no serán liberados. A algunos padres se les dice que paguen a una agencia de viajes miles de dólares para que les envíen a sus hijos, dijo.

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"Los niños están saliendo enfermos, con COVID-19, infestados de piojos, y no me sorprenderá ver a los niños morir como consecuencia, como vimos durante los años de Trump", dijo Cohen, "el Gobierno de Biden está poniendo febrilmente estos centros de detención emergentes, muchos de los cuales no tienen experiencia en trabajar con niños".

Una de las razones por las que tantos menores no acompañados están llegando ahora se remonta a una orden de emergencia de la Administración de Trump en 2020 que esencialmente cerró la frontera entre Estados Unidos y México a todos los migrantes, alegando razones de salud pública sobre la propagación del COVID-19.

Esa orden de emergencia sigue aplicándose a los adultos, pero el Gobierno de Biden ha empezado a permitir que los niños que viajan sin sus padres puedan quedarse y pedir asilo si entran en el país. Como resultado, algunos padres están enviando a sus hijos por la frontera.

La mayoría ya tiene un padre u otro pariente adulto o amigo de la familia, conocido como patrocinador, en Estados Unidos que espera recibirlos. Pero primero suelen ser detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y luego entregados a un centro de acogida.

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"Así como es inaceptable que los niños pasen días y días en el CBP, también lo es que pasen semanas y semanas en Sitios de Admisión de Emergencia sin licencia", dijo la abogada del Centro Nacional para la Ley de la Juventud, Neha Desai, "cada día que pasa, es cada vez más crítico que estos niños sean liberados a los patrocinadores o transferidos a instalaciones con licencia".

El Gobierno federal retuvo a lo largo de 2019 a casi 70,000 niños en un sistema de refugios contratados, campos de detención masiva y padres de acogida. Este año se espera que esas cifras sean aún mayores.

Algunas de las instalaciones que albergan a los niños en este momento son administradas por contratistas que ya enfrentan demandas que afirman que los niños fueron abusados física y sexualmente en sus refugios bajo la Administración de Trump, mientras que otros son nuevas empresas con poca o ninguna experiencia trabajando con niños migrantes.

En conjunto, las instalaciones de emergencia pueden albergar a casi 18,000 niños, según los datos que la agencia proporcionó a principios de este mes.

"Hay muchas preguntas sobre si hay normas y quién garantiza que las cumplen, y qué tipo de transparencia y responsabilidad habrá", dijo Jennifer Podkul, vicepresidenta de Kids in Need of Defense, que representa a los niños en los tribunales de inmigración.

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Demandas por maltrato y abuso

El Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo es una de las varias organizaciones que presentaron demandas legales contra el Gobierno federal en busca de cientos de millones de dólares en daños y perjuicios para los padres que dijeron que sus hijos fueron maltratados mientras estaban bajo la custodia del Gobierno después de ser separados por la fuerza en la frontera bajo las políticas de la Administración de Trump.

En algunas demandas, las familias afirman que los niños sufrieron abusos físicos y sexuales mientras estaban bajo la custodia del Gobierno, tanto en hogares de acogida como en refugios privados.

"Si esos niños pudieran entrar con sus padres, podrían ser liberados con sus padres y no puestos bajo custodia del Gobierno", dijo Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo. "Esta Administración debería levantar la política actual para que las familias puedan solicitar asilo juntas", agregó.

El Departamento de Justiciaestá defendiendo al Gobierno contra estas demandas, que fueron presentadas en 2019 bajo la Administración de Trump. Pero la respuesta federal ha sido mixta desde el cambio de liderazgo. Algunos casos siguen siendo discutidos, mientras que otros están en negociaciones para llegar a un acuerdo.

En una reciente presentación en un caso actualmente en litigio, los abogados federales estuvieron de acuerdo con la afirmación de que estas políticas realmente infligieron daños.

Jóvenes migrantes esperan para ser sometidos a la prueba del COVID-19 en el centro de detención del Departamento de Seguridad Nacional de Donna, Texas. Foto del 30 de marzo de 2021.AP

"El presidente ha condenado la tragedia humana que ocurrió cuando nuestras leyes de inmigración se utilizaron para separar intencionalmente a los niños de sus padres o tutores legales (...) incluso mediante el uso de la política de tolerancia cero durante la Administración Trump'", dijeron los abogados del Departamento de Justicia.

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El juez del caso aceptó una petición conjunta de pausar el litigio hasta el 2 de junio "mientras las partes estudian un acuerdo".

"Queremos asegurarnos de que hay una supervisión y transparencia adecuada para estas nuevas estructuras y asegurarnos de que los niños pueden salir", dijo Podkul, cuya organización ha estado impartiendo formación sobre "conoce tus derechos" con los niños en los lugares de emergencia. "Si los niños están allí durante más de 48 horas, tienen que saber qué esperar", agregó.

Sobre la niña de 8 años, su padre, José, dijo que se está adaptando a la vida en Los Ángeles, disfrutando de jugar con su hermano mayor y, poco a poco, adaptándose a su nueva vida.

"No deja de preguntarme dónde está su mamá", explicó, "y yo le digo que no se preocupe, que está en México y que está bien".