Por Lourdes Hurtado - Noticias Telemundo Investiga
Las tierras altas Huehuetenango, Guatemala, célebres por sus montañas de cafetales, no son lugar para niños. El camino desde allí a Estados Unidos tampoco lo es. En 2015, Irma y Santos, con 17 y 10 años, dejaron atrás su pueblo, Aguacatán, para ir a encontrarse con su tío Antonio en Georgia.
Irma recuerda que pasaron “mucho tiempo en México, sufrimos mucho en el camino, tardamos como un mes” porque se había escapado Joaquín 'El Chapo' Guzmán del penal del Altiplano y eso les complicó la travesía.
Santos también estaba asustado: “Qué tal si algo me pasaba en el camino, un accidente o algo así, qué tal si no teníamos qué comer” pero lo peor fue cruzar el río “porque no sabía lo que había dentro del agua, pues”.
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Cuando la Patrulla Fronteriza les detuvo en la frontera [no saben dónde exactamente], estuvieron encerrados cinco días “en un cuarto donde hacía mucho frío, una cárcel”, recuerda Irma, y terminaron en una casa hogar en Arizona.
El departamento de Huehuetenango, limítrofe con México, es considerado el epicentro de la migración de Guatemala. De allí huyen los hombres y los niños. El 48% de los menores no acompañados que llegaron a la frontera con Estados Unidos en el año fiscal 2020 eran guatemaltecos, según la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, en inglés).
Según las estimaciones que maneja el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), unos 117,000 menores migrantes cruzarán solos la frontera en 2021. En febrero, unos 9,000 menores cruzaron la frontera y 3,200 siguen bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.
Casi la mitad de ellos llevan más de tres días detenidos, a pesar de que la ley marca un plazo máximo de 72 horas. Tras este período, deberían ser entregados al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) para ser alojados en albergues, pero el sistema de albergues está al límite de su capacidad.
Ante la creciente llegada de menores, el Gobierno de Biden se ha visto obligado a reabrir un centro de detención, ubicado en Carrizo Springs, Texas, que los demócratas criticaron durante la Administración anterior por sus malas condiciones.
También ha comenzado a procesarlos en una nueva instalación en Donna, Texas e incluso, según la agencia Reuters, está considerando habilitar una instalación militar en Virginia para acogerlos.
El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que visitó la frontera el sábado, dijo que están trabajando para acelerar el proceso de identificar cuanto antes a los familiares o patrocinadores de cada menor en Estados Unidos, en caso de que los tenga, para que pasen el menor tiempo posible bajo custodia federal.
La idea es que un funcionario de HHS les reciba en las estaciones de la Patrulla Fronteriza para comenzar el papeleo.
Pero el proceso para lograr la custodia y convertirse en guardián legal es largo; toma una media de seis meses, según abogados de inmigración consultados por Noticias Telemundo Investiga.
Para verificar que el menor va a un hogar seguro, el patrocinador debe pasar una revisión exhaustiva de antecedentes penales y enviar sus datos personales a las autoridades, incluido su estatus migratorio.
Este requisito es lo que frena a muchos inmigrantes indocumentados.
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Antonio, el tío de Irma y Santos, lo pensó un par de veces antes de dar el paso: “Tuve temor pero tuve que hacer las cosas porque tampoco no los dejo ahí. Por más que los traten bien, no es igual que estar con la familia”.
El miedo tiene una base real: durante la Administración Trump, quienes se ofrecieron a patrocinar a un menor corrían el riesgo de ser perseguidos por las autoridades migratorias.
En 2018, por ejemplo, con la información que obtuvo la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) detuvo a 170 solicitantes de patrocinio y familiares de estos, según Catholic Immigration Network.
La mayoría, más de 100, no tenían antecedentes penales, pero se encontraron con un agente de ICE en la puerta de sus casas, señala la abogada de inmigración Stacey Ehrisman: “Si alguien tuvo una orden de deportación previa o algo así era probable que ICE pudiera ir buscar a la persona”.
Desde mediados de 2019, ORR, que depende de HHS, asegura que ya no envía al Departamento de Seguridad Nacional la información sobre el estatus migratorio del patrocinador y, además, con el cambio de Gobierno, los indocumentados sin antecedentes criminales han dejado de ser prioridad.
Noticias Telemundo Investiga preguntó al Departamento de Salud y Servicios Sociales si continúan compartiendo datos sobre los futuros patrocinadores. Respondieron que “están revisando los acuerdos respecto al intercambio de información entre agencias realizados por la administración anterior”. Pero la Administración Biden no se ha comprometido a protegerlos de manera explícita.
“Es muy importante que el Gobierno mande un mensaje asegurando a las familias que van a ser las patrocinadoras de los niños que van a ser recipientes de cada uno de estos niños, que les asegure que no les va a deportar, que van a estar seguros”, señala Nora Sándigo.
Esta activista ha sacado a menores del sistema en numerosas ocasiones y se ha convertido en la guardiana legal de los niños que se quedan sin nadie a quien recurrir cuando sus padres son deportados.
Mientras los patrocinadores lidian con el proceso, los pequeños esperan. En 2020, el tiempo promedio de estancia de un menor en custodia del Gobierno fue de 102 días.
Los abogados recomiendan asesorarse legalmente y nunca dar información falsa. Es un trámite complicado, pero lograrlo no es imposible. Antonio temblaba con cada cita en corte, pero el temor no detuvo su lucha por la custodia de sus sobrinos.
Cuando finalmente obtuvo la custodia de Santos en 2018, el juez les felicitó, relata Antonio: “Le dio mucho gusto que Santos viva en un hogar conmigo”.
Desde entonces, Antonio perdió el miedo y se ha convertido en un experto en el proceso. Un año más tarde, se hizo cargo de las hermanas gemelas de Irma. A otras familias que no tengan antecedentes penales, Antonio aconseja que no teman. Les pide que consideren que, cuanto más tarden en iniciar el proceso, mayor será el tiempo que sus niños estén en manos del Gobierno federal.
“Yo quería tener la oportunidad como ellos, ir a la escuela, estudiar, pero lamentablemente no tuve esa oportunidad. Yo llegué a trabajar, pero me siento feliz por ellos”.
Sus sobrinos, Irma y Santos, recuerdan su escuela en Guatemala, sin puertas en los baños, y se alegran de haber llegado hasta aquí. “Allí no hay trabajo, no hay nada”, dice Irma.