Las autoridades mexicanas anunciaron este viernes el cierre definitivo de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39 migrantes y otros 28 resultaron heridos tras un incendio esta semana, y señalaron a la empresa privada encargada de la seguridad en el lugar de “actos crueles e inhumanos”.
“Anunciar que se ha tomado la determinación de suspender desde ya y de forma definitiva la operación de la estación de (Ciudad) Juárez, Chihuahua”, dijo Sara Irene Herrerías, la fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República, durante una rueda de prensa este viernes en Ciudad de México.
“Reiteramos la indignación y el dolor que genera para el Gobierno de México este tipo de hechos. Nuestra política es de cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad”, afirmó por su parte la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
Los migrantes que actualmente se encuentran detenidos en el centro migratorio de Ciudad Juárez serán trasladados tras su cierre “al Centro de Integración para el migrante Leonora Vicario”, también en esa ciudad, donde su permanencia será voluntaria —a diferencia de lo que sucede usualmente con los centros de detención.
Ese centro Leonora Vicario depende de la Secretaría de Trabajo, y no del Instituto Nacional de Migración (INM). “No es una estación provisional, pero es un lugar donde les pueden ofrecer alimentos y servicio médico. Es un centro integrador para migrantes”, ahondó Rodríguez.
El cierre del centro incendiado tardará en concretarse al menos 15 días, luego de que la empresa tenga oportunidad de revisar la demanda de rescición del contrato y presentar una réplica si así lo desea, explicó la funcionaria.
Los fallos de la empresa privada que debía proteger a los migrantes
El Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A. de C.V, a cargo de la seguridad de los migrantes en el momento del incendio el lunes en la madrugada, habría cometido al menos nueve irregularidades en su manejo de la estación de Ciudad Juárez, según la funcionaria.
Entre las posibles fallas que se le atribuyen a la empresa destacan la falta de permisos para que los guardias portasen armas, presuntos malos tratos, falta de capacitación y "actos crueles e inhumanos", entre otros, señaló Rodríguez.
Además, los trabajadores de Camsa al parecer no estaban registrados de manera apropiada, ya que solo cuatro laboraban en el centro de Ciudad Juárez, pero la compañía tenía registrados a más de 500 empleados.
Ante la pregunta de un periodista si cabría la posibilidad de que la empresa esté actualmente operando otros centros para migrantes en México, Rodríguez aclaró que al menos no bajo ese nombre, pero no descartó que tuviese otras subsidiarias que sí lo hiceran. "Es algo que se está investigando", dijo.
El contrato entre el Gobierno y la empresa, compartido por las autoridades con periodistas, estaba valuado por un monto mínimo de 76 millones de pesos (más de 4 millones de dólares) y un máximo de 190 millones (más de 10 millones y medio de dólares).
El documento también señala que fue adjudicado de manera directa, es decir, sin la mediación de un proceso en el que varias empresas compiten bajo las mismas reglas. Se firmó el 1 de marzo y estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.
Cinco personas arrestadas
La fiscal Herrerías confirmó que hay cinco personas detenidas en relación con la tragedia, incluidos dos funcionarios federales del Instituto Nacional de Migración, dos guardias de seguridad privada y un migrante, que han sido acusados de homicidio y por causar lesiones a otros.
La funcionaria también reveló que existe una sexta orden de aprehensión contra otro empleado de la empresa Camsa, aunque la policía aún no lo ha capturado.
Si embargo, Herrerías evadió dar más detalles sobre estas personas, alegando que todavía no han sido imputadas.
“Hay un homicidio evidente”, dijo la secretaria Rodríguez el jueves, al discutir los detalles de la investigación con los periodistas.
El centro de migrantes de Ciudad Juárez se incendió el lunes por la noche en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades. Había 68 hombres en el interior de la sala donde se cree que inició el fuego, la mayoría de ellos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela y una persona de Colombia.
En un video que ha sido verificado por las autoridades mexicanas se ve a dos guardias de seguridad entrar a foco mientras se ve que las llamas y el humo se esparcen por la celda y algunos migrantes se acercan a la reja para patearla. En lugar de ayudarlos a salir, los guardias parecen abandonar el lugar.
La muerte de los migrantes ha desatado una ola de indignación en el país y de grupos defensores de los derechos humanos en Chihuahua. Decenas se manifestaron el jueves en Ciudad Juárez para exigir justicia y castigo a los culpables.
López Obrador reitera compromiso con la justicia
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado que su Gobierno actuará para esclarecer el caso, al mismo tiempo que ha señalado a los migrantes por protestar con una quema de colchones que, han dicho las autoridades, causó la tragedia.
El presidente visitó este viernes la ciudad en la frontera con El Paso, Texas, donde dirigió un mensaje a las víctimas.
“Lo doloroso que ha sido este caso para mucha gente, y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles, el más difícil fue lo de la explosión de Tlahuelipan, es el acto que más me ha afectado anímicamente y luego este, me conmovió, me partió el alma”, afirmó.
