Por Suzanne Gamboa - NBC News
Activistas en defensa de los derechos de los inmigrantes están presionando al presidente, Joe Biden, para que ponga fin a los contratos federales con empresas privadas para la detención de indocumentados, alegando que ha permitido que algunas compañías se beneficien, mientras que los costes de detener a estas personas -la mayoría no tiene antecedentes penales- han aumentado.
La eliminación de estos contratos forma parte de una demanda más ambiciosa para reformar los protocolos de detención de inmigrantes.y se produce cuando la pandemia ha provocado una drástica reducción de arrestos.
“Tienen mucho margen. Es una oportunidad histórica para desmantelar este sistema de encarcelamiento masivo”, declaró Naureen Shah, asesora de políticas y defensa de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).
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Biden firmó recientemente una orden ejecutiva que elimina el uso de prisiones federales privadas por parte del Departamento de Justicia. Durante la campaña presidencial, su posición fue que las empresas privadas no deberían usarse para la detención de inmigrantes, pero su orden ejecutiva no cubría estos centros. Shah afirmó sentirse optimista de que esto cambiara.
El 81% de las personas bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) están detenidas en centros propiedad o administrados por corporaciones penitenciarias privadas, según un informe de la ACLU, Human Rights Watch y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.
Las empresas penitenciarias privadas albergaban al 91% de todas las personas detenidas en centros de detención que se abrieron bajo la Administración del ex presidente Donald Trump, según el informe.
Los inmigrantes no tienen derecho a abogados de oficio y pueden encontrarse con obstáculos para contactar con uno mientras están detenidos en esos centros. La agencia ha sido criticada por problemas de supervisión y han sido descubiertos abusos.
La mayoría de los inmigrantes detenidos son latinos y negros, quienes son objeto de detención en tasas más altas que los inmigrantes blancos, señalan los defensores, con algunas investigaciones que respaldan estas afirmaciones.
ICE gastó 1,800 millones de dólares en detenciones en 2009, según informó el diario USA Today, mientras que el presupuesto de detención para el año fiscal 2020 de la agencia fue de 3,110 millones, según los datos del Departamento de Seguridad Nacional proporcionados por el Consejo Estadounidense de Inmigración.
En el año fiscal 2020, el número de detenidos alcanzó los 182,869, según datos del DHS. Las cifras descendieron a medida que la pandemia hizo descender los arrestos debido a las restricciones sanitarias y obligó a la liberación de muchos inmigrantes. 14,195 personas seguían detenidas hasta el 22 de enero, según informó el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).
Los inmigrantes, con y sin permiso legal para estar en EE.UU, e incluso a veces ciudadanos estadounidenses, están encerrados en una masiva y compleja estructura de cárceles locales y centros de detención de inmigrantes que conforman el sistema de detención.
ICE contrata a empresas privadas para gestionar muchas de las instalaciones o recurre a Gobiernos locales que, a su vez, subcontratan a otras compañías privadas.
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Una pequeña parte de los inmigrantes bajo custodia del Servicio de Alguaciles de EE.UU. también pueden estar recluidos en prisiones federales de gestión privada que podrían verse afectadas por la orden ejecutiva de Biden.
Según TRAC, cada estado y territorio del país cuenta con al menos un centro de detención de ICE con diferentes niveles de uso.
Más motivos para la detención, contratos privados más prolongados
A los activistas les preocupa que la Administración Biden adopte el mismo enfoque con los centros de detención de inmigrantes que con las prisiones, sin renovar los contratos en lugar de terminarlos por completo.
La eliminación gradual de los contratos de inmigración en manos de empresas privadas podría hacer que las compañías gestionen los centros de detención de ICE durante los próximos años, afirmó Silky Shah, directora ejecutiva de Detention Watch Network, una coalición nacional que pretende abolir la detención de inmigrantes.
“Trump hizo mucho para avanzar con los contratos a 10 años en el último año”, recordó Shah.
Poner fin a los contratos privados federales dedicados a la detención de inmigrantes sería un paso crítico hacia la revisión general de las leyes migratorias, según los activistas.
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Un grupo de legisladores encabezados por el representante Jesús García, demócrata por Illinois, ha reintroducido la Ley New Way Forward, que incluye el fin de la detención migratoria obligatoria junto con otras disposiciones.
Las leyes de detención obligatoria, iniciadas bajo la Administración Clinton, obligan a la detención automática de inmigrantes condenados por una lista ampliada de delitos o que enfrentan audiencias de deportación, mientras que les niegan las audiencias de fianza. En marzo de 2020, seis de cada 10 detenidos, o el 61.2%, no habían sido condenados, ni siquiera por delitos menores, según informó TRAC.
La lista de delitos que requieren detención automática ha crecido a lo largo de los años y ha sido una de las principales causas de que haya aumentado la detención de inmigrantes, según Detention Watch Network. Los residentes legales, los solicitantes de asilo y los indocumentados pueden estar sujetos a detención obligatoria.
David Pekoske, secretario interino del DHS, pidió una revisión de las políticas y prioridades de expulsión de inmigrantes a través de un memorando emitido el 20 de enero
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También menciona alternativas a la detención, según Layla Razavi, subdirectora ejecutiva de Freedom for Immigration, cuya misión es abolir la detención de inmigrantes. El memorando incluyó una pausa de 100 días sobre las deportaciones que ha sido bloqueada en una demanda presentada por funcionarios de Texas.
Soluciones más económicas basadas en la comunidad
Razavi y otros activistas señalaron que las alternativas a la detención de inmigrantes deben ser estrategias basadas en la comunidad y orientadas a la familia que vayan más allá de los brazaletes de tobillos con GPS, en los que las empresas privadas que administran centros de detención también han invertido y gestionan.
El Consejo Estadounidense de Inmigración reveló que el 83% de los inmigrantes no detenidos con casos de deportación que no han finalizado o pendientes de 2008 a 2018 asistieron a todas sus audiencias judiciales, según un informe emitido el jueves. Para aquellos que contaron con abogados, la tasa fue del 96%.
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La tasa de asistencia "revela hasta qué punto la detención de inmigrantes ya no es necesaria, si es que alguna vez lo fue", según Aaron Reichlin-Melnick, asesor de políticas del consejo.
"El informe arroja luz sobre las formas en que la Administración Biden debería reducir significativamente las detenciones en el futuro", afirmó Reichlin-Melnick, con el objetivo de ponerle fin por completo.
"Es un sistema cruel que ha resultado en muertes, enfermedades y formas de abuso", señaló Razavi.
Con información de USA Today.