Por Claudia Torrens y Vanessa A. Álvarez - The Associated Press
Cuando Wilfredo Molina llegó a Estados Unidos desde su natal Venezuela, le dijo a los agentes fronterizos que quería ir a Miami, en Florida, pero no contaba con un domicilio allí. Lo dirigieron a lo que él pensó que era un refugio para inmigrantes en el centro de Manhattan, en Nueva York, pero resultó ser un edificio de oficinas.
“Era un edificio falso. No entendía lo qué era”, contó.
Molina es uno de 13 inmigrantes llegados recientemente a Estados Unidos que aceptaron compartir con The Associated Press (AP) los documentos que la Patrulla Fronteriza les entregó cuando quedaron libres de su custodia tras cruzar la frontera con México. La agencia de noticias descubrió que la mayoría de los inmigrantes no tenía idea de adónde iban y tampoco lo sabían las personas registradas en su documentación como sus contactos en el país.
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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), que tiene bajo su cargo a la Patrulla Fronteriza, no respondió a múltiples solicitudes de comentario de la agencia.
Los documentos mostrados a AP sugieren que hay un patrón en la manera de actuar de los agentes de la Patrulla, particularmente los de Texas, que envían a inmigrantes sin amigos ni familiares en Estados Unidos a oficinas gubernamentales sin avisar antes. Esos lugares a menudo no tienen espacio para albergar a los inmigrantes y debido a que esas direcciones aparecen en el papeleo de los inmigrantes, el Gobierno a menudo les envía allí avisos importantes.
“Creemos que la Patrulla Fronteriza está tratando de enseñarle a las ciudades del interior el caos que ellos están experimentando en la frontera”, afirmó Denise Chang, directora de Colorado Housing Asylum Network. “Sólo necesitamos coordinarnos con ellos para que podamos recibir a las personas adecuadamente”, agregó.
Las direcciones en los documentos mostrados a AP incluían oficinas administrativas de Caridades Católicas en Nueva York y San Antonio; una iglesia en El Paso, Texas; una casa privada en West Bridgewater, Massachusetts; y un grupo que opera refugios para personas sin hogar en Salt Lake City, Utah.
Una familia venezolana que llegó a las oficinas administrativas de la Cruz Roja en Denver fue remitida a varios refugios antes de que alguien se ofreciera a acogerla. Los inmigrantes que llegaron a Nueva York terminaron en refugios, hoteles o apartamentos temporales que la ciudad les ayudó a encontrar y pagar.
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Todo esto ocurre en momentos en que las autoridades federales están interceptando a enormes cantidades de migrantes en la frontera con México, impulsados por la llegada masiva de venezolanos, nicaragüenses y cubanos. El Gobierno llevó a cabo más de 2.3 millones de detenciones de migrantes (varios de ellos fueron aprehendidos más de una vez) entre octubre de 2021 y agosto de este año, lo que significó un incremento del 37% respecto del año fiscal anterior y la primera vez en la historia que se registran más de dos millones de encuentros fronterizos en un mismo año.
Muchos son expulsados de inmediato en virtud de la orden de salud pública conocida como Título 42, que niega el derecho a solicitar asilo para frenar la propagación de COVID-19. Pero otros, incluidos los procedentes de Cuba y Nicaragua -países con los que Estados Unidos tiene malas relaciones diplomáticas- son liberados bajo la condición de que se presenten ante una corte de inmigración o bajo libertad condicional humanitaria. Esos inmigrantes deben decirles a los agentes dónde planean vivir, pero muchos de ellos no pueden proporcionarles una dirección fija.
“Casi parece que, en la frontera, los oficiales simplemente están buscando cualquier dirección de grupos sin fines de lucro o cualquier nombre y simplemente anotando eso sin verificar si esa persona lo ha mencionado, si hay camas o refugio en ese lugar, o si ese es un lugar que puede dar asistencia legal”, dijo Lauren Wyatt, abogada de Caridades Católicas de Nueva York.
“Claramente esta no es la forma más efectiva de hacer esto”, agregó.
La mayoría de los migrantes entrevistados en Nueva York se habían subido a autobuses que Texas y la ciudad de El Paso han estado enviando regularmente a esa ciudad.
Los gobernadores republicanos Ron DeSantis, de Florida; Greg Abbott, de Texas; y Doug Ducey, de Arizona, han estado enviando inmigrantes de la frontera a bastiones demócratas, incluidos Chicago y Washington, o a Martha’s Vineyard, en Massachusetts. Han sido criticados por no notificar a los funcionarios locales los envíos. Los republicanos alegan que están mostrando al mundo los problemas de las políticas de inmigración del presidente, Joe Biden.
La Administración de Biden acordó recientemente aceptar hasta 24,000 venezolanos en los aeropuertos si solicitan asilo por anticipado a través de internet y muestran los datos de sus patrocinadores que residen en Estados Unidos. De manera similar acepta a refugiados ucranianos debido a la invasión de Rusia. México ha dicho que aceptará a los venezolanos que cruzan la frontera y que son después expulsados bajo el Título 42.
Yeysy Hernández, una venezolana que llegó a Nueva York después de tomar uno de los autobuses de El Paso, dijo que la dirección que aparece en sus documentos es la de una iglesia de El Paso donde pasó una sola noche.
Cientos de inmigrantes se han presentado en una de las oficinas de Caridades Católicas de Nueva York con documentos que muestran esa dirección. Wyatt dijo que el grupo se quejó y el Gobierno prometió poner fin a la práctica para el 1 de agosto, algo que “obviamente, no ha sucedido”.
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El grupo también ha recibido más de 300 citatorios para comparecer ante una corte de inmigración dirigidos a personas que la organización no conoce, indicó Wyatt. También recibió órdenes de deportación de inmigrantes que no comparecieron ante el tribunal porque sus avisos fueron enviados a una dirección de Caridades Católicas.
Víctor Quijada viajó con familiares el mes pasado a Denver, Colorado, después de que los agentes fronterizos los enviaron a un edificio de oficinas de la Cruz Roja. Una vez allí, fueron remitidos a un albergue de la ciudad que también los rechazó. Eventualmente encontraron un refugio que los acogió por unos días, pero se sentían inseguros.
“Fue duro lo que tuvimos que pasar; desde las cosas que teníamos para comer, hasta estar en las calles. Fue una experiencia que no le deseo a nadie”, dijo Quijada.
Chang, de la Colorado Housing Asylum Network, finalmente llevó a la familia a su casa y su organización los ayudó a alquilar un apartamento. Aseguró que sabe de varios inmigrantes asignados a direcciones de grupos que no pueden ayudarlos.
“Las cinco familias con las que he trabajado en los últimos tres meses, las cinco fueron recogidas de la calle, literalmente dejadas en la acera con niños”, denunció.
El edificio en el centro de Manhattan al que fue Molina es una oficina de reasentamiento de refugiados del International Rescue Committee (IRC), pero brinda servicios limitados a los solicitantes de asilo allí, explicó Stanford Prescott, un portavoz del grupo.
Sólo una de las oficinas del IRC en Estados Unidos, en Phoenix, opera un refugio para solicitantes de asilo y la mayoría permanece allí menos de 48 horas. Sin embargo, sus oficinas en Dallas y Atlanta también han sido incluidas en los documentos de los migrantes.
“Estamos profundamente preocupados por el hecho de que enumerar estas direcciones de manera errónea pueda generar complicaciones para los solicitantes de asilo que están siguiendo un proceso legal para buscar refugio en Estados Unidos”, dijo Prescott.