La Corte Suprema rechazó este miércoles la petición de un grupo de estados gobernados por el Partido Republicano que querían que les permitiera combatir en los tribunales para que se reinstaure la regla de carga pública tal y como fue reformada por Donald Trump, castigando así a los migrantes con menos recursos en la concesión de visas y permisos de residencia en caso de haber requerido o necesitado de ayudas económicas o sociales.
De esta forma, sigue vigente la regla de la carga pública tal y como fue establecida por la Administración de Joe Biden, que tiene un impacto más limitado sobre los migrantes, y sigue anulada la versión de esta norma, mucho más dura, que instauró Trump.
Los estados republicanos habían pedido a la Corte Suprema que avalara su intención de defender la regla de Trump en los tribunales, una acción que debería corresponder en principio al Gobierno federal. Los magistrados indicaron en la opinión publicada este miércoles que su petición se "desestimaba por haber sido concedido de forma imprevista". Esto significa que el máximo tribunal, tras aceptar en un principio examinar el caso, encontró un motivo por el que no debería haberlo tomado en un primer lugar.
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Esta decisión no se refiere a la carga pública en sí y tampoco implica un punto de vista determinado “sobre cuál sería la resolución apropiada de otros litigios, pendientes o futuros, relacionados con la regla de carga pública de 2019, o su derogación o su reemplazo por una nueva regla”, indica el dictamen escrito por el juez John Glover Roberts.
La carga pública de Trump y la batalla judicial
El Gobierno de Trump amplió en 2019 la definición de lo que significa que una persona es una carga pública para el estado, y que por este motivo se le pueda negar una residencia legal en el país. Su regla determinó que los funcionarios debían considerar si los migrantes habían recibido beneficios no monetarios como el seguro médico Medicaid, cupones para comida y asistencia federal para lograr vivienda. Hasta ese momento, sólo se consideraban ayudas en efectivo y la atención institucional prolongada pagada por el Gobierno.
Otros factores como la edad, los recursos financieros, el historial de empleo, la educación y la salud también pasaron a formar parte de la nueva ley, alegando que reforzarían "los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal, asegurando que los inmigrantes sean capaces de mantenerse y tener éxito aquí en Estados Unidos".
De esta forma, la regla abrió la puerta a rechazar green cards o algunos visados al considerar que los inmigrantes elegibles que recibían o necesitarían algún tipo de ayuda durante más de 12 meses durante un periodo de 3 años podían convertirse en una carga para el país. Aunque en la práctica la regla afectaba a muy pocos migrantes, su anuncio generó temor en las familias, y se estima que miles renunciaron a beneficios y ayudas cuando no era necesario.
La nueva normativa generó una contienda legal en tribunales inferiores, que emitieron fallos opuestos sobre su supuesta violación de la ley federal y llegó a varios jueces a bloquear su aplicación. Pero el Gobierno Trump apeló.
La Administración Biden, a través del Departamento de Justicia, informó a la Corte Suprema en marzo de 2021 que apoyaba a los Gobiernos que habían impugnado la medida y que, en consecuencia, abandonaba la batalla judicial y restableciendo una ley más simplificada.
Miedo, el efecto dominó que logró Trump
La regla de carga pública es una ley federal que se creó hace más de 100 años para identificar quienes dependen o pueden depender del Gobierno como su principal fuente de sustento.
Se aplica principalmente a las personas que solicitan la residencia permanente o green card, algún tipo de visa o reajuste de su estatus migratorio.
Quedan excluidos, sin embargo, refugiados, asilados, muchos sobrevivientes de tráfico de personas, violencia doméstica u otros crímenes graves.
Pero la ampliación de la regla de carga pública generó una ola de miedo en inmigrantes elegibles de bajos recursos, llevándoles a renunciar a cupones de comida, solicitud de seguros médicos de bajo costo y otro tipo de ayudas ante el miedo de ser rechazados por la Administración.
Cerca de una quinta parte de los adultos de familias migrantes de bajos ingresos reconocieron en encuestas realizadas en 2018 y 2019 que se privaron de recibir beneficios por temor a la regla.
Un análisis del Migration Policy Institute encontró que durante el Gobierno de Trump cayó además un 18% la participación en Medicaid y CHIP de niños ciudadanos que viven con personas indocumentadas.
Sin embargo, los expertos subrayan que recibir algún tipo de ayuda gubernamental no convierte a un inmigrante en una carga pública de forma automática.
