La Corte Suprema dictaminó el martes que el Gobierno puede detener indefinidamente a ciertos inmigrantes que alegan que serán perseguidos o torturados si son deportados de vuelta a sus países de origen.
A pesar de que los tres jueces liberales disintieron, la mayoría de seis magistrados conservadores sostuvo que estos inmigrantes no tienen derecho a una audiencia para intentar lograr la libertad bajo fianza mientras se evalúan sus reclamos.
El juez Samuel Alito escribió en el dictamen del tribunal que "esos extranjeros no tienen derecho a una audiencia de fianza". La decisión revoca lo que había dictado la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito con sede en Virginia.
El caso en cuestión, Johnson v. Guzman Chavez, fue presentado por un grupo de inmigrantes que habían sido deportados anteriormente. Cuando fueron detenidos después de volver a ingresar ilegalmente a Estados Unidos, afirmaron que serían perseguidas, torturadas o asesinadas por pandeillas en El Salvador si las devolvían.
Un oficial de inmigración determinó que los inmigrantes tenían un “temor razonable” por su seguridad si regresaban a sus países, lo que pone en marcha un proceso de evaluación que puede llevar meses o años.
Al entrar en un área técnica de la ley de inmigración, los jueces dijeron que estas personas deben estar detenidas al menos 90 días bajo la Ley de inmigración y nacionalidad.