Por Pete Williams - NBC News
Una dividida Corte Suprema se negó este jueves a bloquear un fallo de una corte inferior que impide que la Administración Biden imponer nuevas prioridades de deportación para los inmigrantes que entran a Estados Unidos sin documentos o ya viven aquí ilegalmente.
En cambio, el máximo tribunal aseguró que revisará el asunto a principios de diciembre, sin dar más detalles.
Las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson habrían accedido a la solicitud del Gobierno de modificar sus prioridades de deportación.
Este fue el primer voto de Jackson en un caso de la Corte Suprema.
La corte rechazó una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para suspender la orden de un juez federal en Texas que le había impedido al Departamento de Seguridad Nacional priorizar la deportación de inmigrantes indocumentados considerados como una amenaza para la seguridad pública.
Ya se había establecido una directriz similar durante la Administración de Barack Obama, pero fue reemplazada por un enfoque más agresivo durante el Gobierno de Donald Trump, en el que todos los inmigrantes que estaban en el país ilegalmente eran un objetivo prioritario para ser deportados. El Gobierno de Biden buscó restaurar la política de los demócratas con nuevas directrices en septiembre de 2021.
“El hecho de que un individuo sea un no ciudadano removible no será por sí solo la base de una acción de cumplimiento [de una orden de deportación] en su contra. El personal del departamento debe usar su discreción y enfocar los recursos de aplicación del departamento de una manera más específica”, indicó en su directiva.
Pero los estados de Texas y Louisiana demandaron a la Administración para bloquear esa política. Alegaron que colocaba una carga fiscal más pesada sobre los estados fronterizos porque debían dirigir más recursos para patrullar la frontera.
Estos estados también argumentaron que las pautas de Biden no llevarían a la detención de quienes hubiesen cometido delitos graves como tráfico de drogas, tráfico de personas o crímenes abyectos. Porque la política pedía que se sujetara a todos los inmigrantes al mismo “análisis de la totalidad de los hechos y circunstancias”, según los abogados demandantes.
El juez de distrito Drew Tipton falló a favor de los estados e impuso una orden judicial a nivel nacional que prohibió al Gobierno implementar la política del secretario Alejandro Mayorkas. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans, permitió que la orden de Tipton permaneciera intacta, por lo que la Administración Biden solicitó una suspensión ante la Corte Suprema.
La orden "interfiere con el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) para que empleé sus recursos limitados en los no ciudadanos que representan la amenaza más grave para la seguridad nacional, la seguridad pública y la integridad de las fronteras de nuestra nación”, afirmó la procuradora general Elizabeth Prelogar al solicitar que la orden fuese suspendida.
La Corte de Apelaciones del Sexto Circuito con sede en Cincinnati rechazó una impugnación similar presentada por Arizona, Montana y Ohio. El juez Jeffrey Sutton declaró que la ley federal “otorga al Gobierno nacional una autoridad considerable sobre la política de inmigración”.
Prelogar también consideró que el juez de Texas bloqueó erróneamente la política a nivel nacional. Durante la mayor parte de nuestra historia, dijo, una demanda como esta habría sido inaudita. “Los tribunales no permitieron que los estados demandaran al Gobierno federal basándose en los efectos indirectos posteriores de las políticas federales. Y los jueces de distrito no pretendieron otorgar una suspensión en el ámbito nacional”.
Las batallas judiciales por las políticas de inmigración son frecuentes, en parte porque el Congreso nunca ha proporcionado suficientes recursos para detener a todas las personas que ingresan ilegalmente al país. El tema surgió durante el último periodo de la Corte Suprema, en una demanda contra la decisión de Biden de ponerle fin al programa de asilo Quédate en México, que creó de Trump. En ese caso, el máximo tribunal reconoció la autoridad del Gobierno federal para acabar con esa política migratoria.