Por Mark Sherman - The Associated Press
La Corte Suprema aceptó este viernes examinar una audiencia rápida el requerimiento de la Administración que preside Joe Biden para acabar con el programa migratorio Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en el país vecino hasta las audiencias de sus casos en cortes de inmigración de Estados Unidos.
Los magistrados acordaron escuchar la apelación del Gobierno contra los dictámenes tribunales inferiores que le obligaron a restablecer el programa puesto en marcha por el expresidente Donald Trump en 2019.
Los argumentos de ambas partes se presentarán en abril, y se espera una decisión antes de finales de junio.
Biden suspendió el programa, formalmente llamado Protocolos de Protección al Migrante, en su primer día en la Casa Blanca, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, lo canceló de forma definitiva en junio de 2021. Pero una decisión judicial obligó al Gobierno a volver a ponerlo en marcha, y ahora sigue vigente aunque a un ritmo mucho menor que con Trump.
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Pero después de que los estados de Missouri y Texas, liderados por republicanos, llevaran ante la justicia la decisión de Biden, un juez federal ordenó que se volviera a aplicar la política, y un panel de tres jueces de la corte de apelaciones estuvo de acuerdo. El juez de distrito y dos de los tres jueces de apelación fueron designados por Trump.
Mayorkas ha reconocido que la política Quédate en México probablemente contribuyó a una caída en los cruces fronterizos ilegales en 2019, pero dijo que la reducción vino con "costos humanos sustanciales e injustificables" para los solicitantes de asilo que estuvieron expuestos a la violencia mientras esperaban en México.
El programa se ha reanudado, pero lentamente. Desde su reinicio en diciembre, 572 personas habían sido devueltas a México hasta el 13 de febrero, según la agencia de migración de las Naciones Unidas.
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Tanto la Administración de Trump como la de Biden han utilizado una autoridad separada, destinada a evitar la propagación del COVID-19, para expulsar a más de 1.5 millones de migrantes desde marzo de 2020 sin darles la oportunidad de solicitar asilo.