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La Corte Suprema cierra la puerta a que los migrantes puedan apelar ante la justicia decisiones que conducen a su deportación

El máximo tribunal emitió su opinión en el caso de un migrante al que se le negó un alivio migratorio para pedir la residencia porque cometió un error al pedir su licencia de manejar. 

La Corte Suprema cerró la puerta este lunes a que los inmigrantes puedan impugnar ciertas decisiones administrativas ante tribunales federales, en una decisión que puede marcar la diferencia para un indocumentado que busca quedarse en el país y no ser deportado. 

Esta decisión corresponde al caso llamado Patel v. Garland, que fue iniciado por Pankajkumar Patel, un ciudadano de India que llegó a Estados Unidos hace casi 30 años. Patel pidió cambiar su estatus a residente gracias a un permiso de trabajo de su empleador, pero funcionarios de inmigración se lo negaron porque años antes había marcado la casilla “ciudadano estadounidense” al pedir una licencia de conducir en el estado de Georgia.

Patel sostiene que fue sólo un error y apeló la denegación de las autoridades migratorias ante la justicia hasta llegar a la Corte Suprema. La pregunta crítica que debían responder los magistrados era si los jueces federales pueden revisar la elegibilidad de un inmigrante para ciertos tipos de alivio migratorio, o si se trata de una decisión que queda en manos de los funcionarios del Gobierno.

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En un fallo de cinco votos a favor y cuatro en contra, escrito por la jueza Amy Coney Barrett, la Corte Suprema decidió este lunes que los tribunales no pueden entrometerse en decisiones sobre la elegibilidad de un migrante para un alivio que pueda evitar la deportación.

Magistrados en contra de esta opinión mayoritaria advirtieron de los riesgos de esta decisión, ya que no permite revisar posibles errores cometidos por las agencias migratorias. "Es una conclusión que convierte a una agencia que antes era responsable ante el estado de derecho en una autoridad en sí misma", escribió el juez conservador Neil Gorsuch, que se unión al voto en contra de los progresistas.

Un error que lo persiguió por años

En 2012, cuando Patel llevaba ya 15 años viviendo y trabajando en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) determinó que debía ser deportado porque había ingresado ilegalmente al país (sin pasar por una inspección).

En su audiencia, Patel admitió que su estatus no era legal pero pidió un alivio migratorio discrecional con el argumento de que su empleador estaba haciendo una petición en su nombre para un permiso de trabajo.

Para ser elegible para un alivio, un migrante debe demostrar, entre otras cosas, “claramente y sin lugar a dudas” que no es inadmisible al país. Sin embargo, elegibilidad de Patel estaba en duda, indicaron los funcionarios migratorios, porque cuando solicitó una licencia de conducir de Georgia en 2008, marcó la casilla indicando que era ciudadano estadounidense.

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Patel argumentó que fue un error y que no tenía importancia ya que no se requería la ciudadanía para obtener la licencia de conducir.

Pero los funcionarios no aceptaron sus argumentos al considerar que había mentido para hacerse pasar por un ciudadano, y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Justicia, sostuvo esta postura.

Patel recurrió ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, que dijo que no tenía jurisdicción sobre la cuestión. El inmigrante acudió entonces a la Corte Suprema.

Lo que está en debate

Cuando una persona tiene una orden de deportación puede pedir un alivio discrecional para que se le permita quedarse en el país. La corte migratoria (que depende en última instancia del Departamento de Justicia y no del sistema judicial ordinario) debe responder dos preguntas: primero, si es elegible para un alivio, y segundo, si decide darle el alivio o no (lo cual es discrecional).

Patel nunca llegó a la segunda cuestión, porque se decidió que no era elegible para el alivio por ajuste de estatus porque se hizo pasar, erróneamente o no, por ciudadano estadounidense. 

Lo que trajo a debate su caso fue una sección de la ley de inmigración que regula la posibilidad de que un inmigrante pida una revisión judicial de una orden de deportación cuando busca uno de los cinco tipos específicos de alivio, entre los que están el ajuste de estatus y la cancelación de deportación. 

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Los abogados de Patel dijeron en las audiencias que la ley sólo prohíbe acudir a un juez federal cuando hay una decisión discrecional final por parte de las autoridades, y que Patel no llegó a ese punto. Sin embargo, un abogado designado por la Corte Suprema argumentó que no debe apelarse ninguna decisión administrativa que refiera a la elegibilidad de un inmigrante.

Defensores de inmigrantes han presentado escritos en el caso Patel v. Garland que cuentan las historias de más personas a las que, como Patel, se les negó la revisión judicial de decisiones de la agencia. El informe presentado por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, por ejemplo, enfatizó el peligro que representa para los sobrevivientes de abuso doméstico no permitir que las decisiones sean apeladas.

En un caso, un juez encontró a una mujer inelegible para un tipo de alivio para sobrevivientes de violencia doméstica porque no encontró creíble en su testimonio sobre que había sido violada por su marido, según un reporte de la revista Balls & Strikes.