El Sercicio de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE, por sus siglas en inglés) deporta a cientos de miles de personas cada año, ya sea por quedarse después de que expiren sus visas, ingresar de manera ilegal al país, o ser condenadas por delitos. Pero, además, se apoya en las llamadas alertas rojas que emite la agencia internacional Interpol sobre personas buscadas por presuntos delitos en sus países de origen para justificar algunas expulsiones, pese a que estos avisos no presuponen culpabilidad en crimen alguno.
El diario The Los Angeles Times reporta como ejemplo el caso de Hugo Gómez, un migrante guatemalteco detenido en un centro de ICE a las afueras de Los Ángeles. Gómez, de 61 años, trabaja como jardinero y es pastor evangélico, al igual que su esposa, con quien ha criado a tres hijas. Emigró a Estados Unidos en 1987 y único delito por el que ha sido condenado es manejar bajo la influencia de alcohol o drogas en 1989.
Sin embargo, en Guatemala el Gobierno alega que, en 1984, cuando Gómez formaba parte de la Policía Nacional durante el conflicto civil, estuvo involucrado en el secuestro de un activista y en la detención ilegal de otro.
En 2009, Guatemala envió una solicitud a diferentes agencias policiales del mundo para localizarlo y la Interpol emitió una de sus alertas rojas.
ICE además acusa a Gómez de mentir para obtener su green card, lo que es motivo automático de deportación. La agencia no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios del citado diario.
Gómez, su familia y amigos aseguran que es inocente y han lanzado una campaña para demostrarlo y evitar su deportación.
El arresto de Gómez es uno de miles en la última década justificados por estas alertas rojas. Entre 2009 y 2016, ICE deportó a casi 1,800 personas buscadas por presuntos delitos en sus países de origen, según reporta la agencia.
Múltiples expertos legales, tanto liberales como conservadores, aseguran que se trata de una extralimitación del Gobierno, que emplea esta táctica para deportar a inmigrantes con un pretexto legalmente cuestionable.
La Interpol, que sirve principalmente como un registro de información para sus 194 países miembros, no es una agencia de aplicación de la ley, y las naciones no están obligadas a actuar sobre las alertas rojas porque no son órdenes de arresto.
La misma Interpol lo aclara así en su página web: "Una alerta roja es una solicitud para localizar y arrestar provisionalmente a una persona pendiente de extradición. Es emitida por la Secretaría General a solicitud de un país miembro o de un tribunal internacional con base en una orden de captura nacional válida. No es una orden de arresto internacional".
Algunos expertos apuntan además el riesgo de que algunos países autoritarios emitan órdenes de arresto bajo pretextos políticos, como ocurre por ejemplo en Rusia bajo el régimen de Vladimir Putin o en Nicaragua con Daniel Ortega, y que estas órdenes lleguen luego al radar de alertas de la Interpol.
Sin embargo, “la asociación estratégica de ICE con Interpol ha crecido significativamente en los últimos años”, dice ICE en su página web, y añade que comparten “experiencia, tecnología y recursos” para ello.
“El personal de ICE asignado a la oficina de Interpol en Washington, DC trabaja a diario de la mano con oficiales, abogados y analistas de otros componentes del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado”, agrega la agencia federal.
"La razón por la que encuentro este proceso tan objetable es que subcontrata el juicio sobre quién es un criminal a un Gobierno extranjero", le explicó al citado diario Ted Bromund, investigador de la organización conservadora Heritage Foundation.
“No tengo ningún problema con deportar a criminales de Estados Unidos", agregó, "pero eso supone que la otra nación en realidad está identificando a los asesinos como asesinos y no a los disidentes políticos como asesinos".
Rachael Billington, portavoz de Interpol, le dijo al diario que una alerta roja se emite solo si cumple con la constitución de Interpol. Un panel revisa que todas cumplan con los requerimientos legales, dijo, y actualmente está en proceso de revisar decenas de miles que fueron autorizadas antes de 2016.
Las alertas rojas pueden apelarse a través de la Comisión de Control de Archivos de Interpol, que es independiente. Pero ese proceso puede tomar meses, y el tiempo apremia para los migrantes que luchan contra la deportación.
Con información del Los Angeles Times y Forbes.