Más de 2,000 inmigrantes fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) durante un operativo nacional que se realizó entre el 13 de julio y el 20 de agosto en Texas, Florida, Virginia y California.
Según las autoridades, alrededor del 85% de los arrestados tenían condenas o cargos penales pendientes.
Dave Marín, director de la oficina de campo del ICE en Los Ángeles, destacó en un comunicado que los oficiales de la agencia han continuado las operaciones de cumplimiento específicas durante la pandemia de COVID-19 en curso, al tiempo que han incorporado los procedimientos adecuados para realizar misiones de manera segura y eficaz que garantizan la seguridad pública.
El funcionario destacó que la mayoría de los detenidos tienen cargos o condenas pendientes por diversos delitos, incluidos, entre otros, asalto, robo, crueldad infantil, violencia doméstica, secuestro y delitos sexuales. Solo en el área de Los Ángeles fueron arrestados más de 300 inmigrantes con antecedentes criminales, informó el martes la agencia.
“Estos arrestos tienen un impacto significativo en las víctimas, o posibles víctimas, de estos crímenes; al centrar nuestros esfuerzos en los autores de crímenes contra otros, pudimos eliminar las amenazas inmediatas de nuestras comunidades y, en muchos casos, prevenir futuras victimizaciones”, agregó Marín.
Entre los detenidos está un ciudadano mexicano de 44 años arrestado el 31 de julio en Corona, California. El inmigrante tenía un historial con la justicia californiana desde 2007 cuando recibió una condena por infligir daño corporal a su cónyuge y crueldad intencional a un niño.
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En septiembre de 2008 otra vez fue condenado por cargos relacionados con violencia doméstica. En 2013 nuevamente estuvo en problemas con la ley por conducir sin licencia y atropellar y fugarse de la escena. El mexicano fue deportado ese año y regresó nuevamente al país, donde nuevamente llamó la atención de las autoridades.
ICE destaca el arresto de un hondureño de 32 años detenido el 4 de agosto en Los Ángeles. El inmigrante había sido expulsado en 2007 y regresó al país. En 2017 fue condenado por violación, lo que le puso en la mira de los agentes de inmigración.
También fue arrestado un guatemalteco de 23 años en El Monte, California. El indocumentado había sido detenido por conducir sin licencia en agosto de 2016; en ese mismo año fue nuevamente arrestado y acusado de violencia doméstica y otros delitos.
Marín subrayó “que casi el 30% de los arrestos realizados dentro del operativo fueron de extranjeros criminales con pedidos de detención previos (hechos a la policía) no respetados”.
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El mayor número de pedidos de retención rechazados, en relación con los capturados entre el 13 de julio y el 20 de agosto, eran del Departamento del Sheriff de Los Ángeles y del Departamento de Policía de Los Ángeles, abonó Marín.
“Esto resalta los peligros asociados con la falta de cooperación entre las fuerzas del orden impulsada por políticas equivocadas que a menudo anteponen la política a la seguridad pública”, agregó el funcionario.
En el año fiscal 2019, el ICE arrestó a 1,900 inmigrantes con condenas por homicidio, 1,800 por secuestro, 12,000 por delitos sexuales, 5,000 por agresiones sexuales, 45,000 agresiones físicas, 67,000 delitos relacionados con drogas, 10,000 por delitos con armas y 74,000 inmigrantes tenían condenas por manejar bajo la influencia del alcohol o drogas.
Demanda en Alabama
Dos organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes demandaron este martes a la Jefatura de Policía del Condado Etowah, Alabama, por lo que describieron como "represalias" contra los detenidos bajo custodia de ICE y los voluntarios que los visitan en la cárcel local.
Los grupos Freedom for Immigrants y Etowah Visitation Project (EVP) indicaron que las autoridades han incurrido "en violaciones descaradas de la libertad de expresión" y reclamaron una restauración plena del programa de visitas a los detenidos.
ICE mantiene más de 21,000 extranjeros detenidos en instalaciones en diversas partes del país a la espera de las audiencias que decidirán sobre su posible deportación. Las dos organizaciones recurren a voluntarios para que visiten a los detenidos en la cárcel del condado Etowah.
Según los demandantes, en noviembre de 2019 la Jefatura de Policía del condado suspendió las visitas de los voluntarios dos días después de una protesta pacífica frente a la cárcel, y Freedom for Immigrants solicitó ante tribunales que las autoridades cesaran esa medida.
Más de un centenar de detenidos en la cárcel escribieron una carta pidiendo que se reanudara el programa de visitas. Muchos de estos detenidos han pedido asilo en Estados Unidos y el programa de visitas, en algunos casos, "ha arrojado luz sobre graves abusos o daños que los detenidos experimentan", según los demandantes.
"Nuestros visitantes voluntarios han proporcionado un apoyo crítico a los inmigrantes en la cárcel de Etowah desde 2013. Afirmamos y damos el valor más alto a los derechos de los visitantes de participar en democracia mediante el ejercicio de los derechos de libre expresión y protesta pacífica, garantizados por la Constitución", dijo en una declaración Katherine Weathers, coordinadora de EVP.
En su demanda de 14 páginas presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Alabama, las organizaciones pidieron órdenes judiciales preliminares y permanentes que impidan que la Jefatura de Policía siga "interfiriendo con el ejercicio, por parte de los demandantes, de sus derechos a la libertad de expresión".
Asimismo pidieron un dictamen del tribunal señalando que la Jefatura de Policía violó la Primera y la Cuarta enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, y parte de la Constitución de Alabama.
Con información de EFE.