Nomaan Merchant – The Associated Press
El Gobierno que preside Donald Trump está tratando de deportar a varias mujeres que denunciaron haber sido sometidas a esterilizaciones, sin su consentimiento o sin tener la debida información, por parte de un ginecólogo en un centro de detención para inmigrantes en Georgia, según afirman sus abogados.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) ya ha deportado a seis mujeres que presentaron quejas contra el doctor Mahendra Amin, quien ha sido acusado de operar a migrantes sin su consentimiento o de practicar procedimientos médicos innecesarios y que podrían afectar su capacidad para tener hijos.
Al menos otras siete internas del Centro de Detención del condado de Irwin, en Ocilla, Georgia, que denunciaron al médico recibieron una notificación de que pronto podrían ser expulsadas del país, señalaron los abogados.
Una mujer detenida contó que, horas después de hablar con investigadores federales, ICE le dijo que había levantado la suspensión de su deportación y se enfrentaba a una salida “inminente”.
Otra fue trasladada a un aeropuerto rural de Georgia a primera hora del lunes, donde le pidieron que firmara los papeles de su deportación, pero fue devuelta al centro cuando sus abogados presentaron una demanda ante un tribunal federal.
Las mujeres denuncian que Amin realizó cirugías que causaron o empeoraron sus dolores sin explicarles por qué las estaba haciendo ni ofrecerles una alternativa. Sus historias siguen un patrón más amplio de quejas presentadas por mujeres detenidas contra Amin, algunas de ellas reveladas en entrevistas con abogados y en registros médicos. Pero no ha habido pruebas que respalden la denuncia inicial de que realizó un gran número de histerectomías.
El Departamento de Justicia abrió una pesquisa judicial y el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional también investiga el caso.
El abogado de Amin, Scott Grubman, negó que el médico hubiese hecho nada mal y dijo que era un “doctor muy respetado que ha dedicado su vida adulta a tratar a una población de alto riesgo y desatendida en la Georgia rural”.
Amin ha dejado de pasar consulta a mujeres en el Centro de Detención del condado de Irwin.
Defensores de los migrantes han instado a los funcionarios federales para que no solo investiguen al médico sino también al centro y el papel que haya podido tener el ICE en remitirle pacientes.
Aunque la gente deportada puede participar como testigo en cualquier caso penal o civil, muchos acaban en países inestables o en situaciones en las que es difícil mantener el contacto con ellos. Estas deportaciones se producen en las últimas semanas de Donald Trump en la Casa Blanca luego de su derrota ante el demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales.
“ICE está destruyendo la evidencia necesaria para esta investigación”, dijo Elora Mukherjee, profesora de derecho de la Universidad de Columbia que trabaja con varias de las mujeres.
ICE dijo que había notificado al inspector general de Seguridad Nacional “sobre cualquier traslado o deportación planificada de los detenidos de Irwin que eran ex pacientes de Amin”.
“Cualquier insinuación de que ICE está tratando de impedir la investigación al llevar a cabo la remoción de los entrevistados es completamente falsa”, dijo la agencia en un comunicado.
El Departamento de Justicia se negó a comentar. Grubman se negó a decir si el médico había hablado con los investigadores.
Mbeti Ndonga, de 37 años, fue remitida a la consulta de Amin el año pasado después de presentar dolor abdominal y sangrado vaginal excesivo. Dijo que quería una nueva receta para continuar el tratamiento ordenado por un médico anterior.
Pero Amin insistió en que se sometiera a un procedimiento conocido como dilatación y legrado, en el que se extrae tejido del útero como tratamiento para el sangrado excesivo. Su historial médico muestra que también le hicieron una laparoscopia, en la que se hacen incisiones en el abdomen.
“Él fue inflexible y dijo que debía operarme”, dijo Ndonga.
Recuerda que, cuando se despertó, Amin le dijo que nunca podría tener hijos. Aunque no está claro si eso es cierto, ella todavía sufre de sangrado y dolores.
Ndonga ha hablado dos veces con investigadores del gobierno, la más reciente el martes. “Les dije que habían abusado de mí, que me habían torturado, y deshumanizado”, dijo.
La semana pasada, a las pocas horas de su primera entrevista, Ndonga y sus abogados dicen que le notificaron que ICE había levantado la suspensión de su deportación y podría ser deportada a Kenia en cualquier momento.
“El temor de Mbeti al responder las preguntas de los investigadores era que empeoraría su caso de inmigración”, dijo Mukherjee, "y, pocas horas después de la entrevista, sus peores temores se hicieron realidad”.
Otra mujer fue remitida al consultorio de Amin en febrero después de solicitar parches de estrógeno para tratar los sofocos, luego de una histerectomía realizada por otro médico en 2014. Pidió ser identificada solo por su primer nombre, Yanira, porque teme ser atacada por criminales si es deportada a México.
Yanira dijo que Amin le dijo que le realizaría una ecografía vaginal y que necesitaría una prueba de Papanicolaou, un examen para el cáncer en el que un médico recolecta las células del cuello uterino.
Ambos procedimientos le provocaron un dolor intenso. Después de la prueba de Papanicolaou, Yanira dijo que notó que no había lubricación en las herramientas que Amin había usado. Tuvo problemas para sentarse durante casi una semana.
“Nosotros somos seres humanos. Somos mujeres. Tenemos sentimientos”, dijo, “el hecho de que estemos detenidas no significa que debamos ser tratadas como animales”.
ICE no respondió a las preguntas sobre las dos mujeres, que fueron traídas a Estados Unidos cuando eran niñas. Ndonga fue deportada previamente después de ser arrestada por interferir con la propiedad del gobierno, luego fue detenida por ICE después de volver a ingresar al país, dijo Mukherjee.
Yanira entró en custodia de inmigración después de ser arrestada por posesión de menos de un gramo de cocaína o metanfetaminas, según muestran los antecedentes penales.
El jueves, sus abogados notificaron al gobierno que quería hablar con los investigadores sobre Amin. El lunes temprano, Yanira dice que la llevaron a un aeropuerto para abordar un vuelo de deportación. Pero otro agente de ICE se acercó para decirle que no sería deportada porque sus abogados habían intervenido.
Grubman se negó a comentar, citando la ley federal de privacidad.
La política de ICE instruye a los agentes a “ejercer toda la discreción apropiada caso por caso” con respecto a la deportación de “víctimas de delitos, testigos de delitos e individuos que tramitan quejas legítimas de derechos civiles”.
Esta semana, la agencia dijo que estaba “organizando las entrevistas” realizadas por los investigadores del Gobierno. Y agregó que cuando un migrante detenido ha agotado todos los recursos, “queda sujeto a una orden final de deportación y esa orden debe cumplirse”.