Por Suzy Khimm y Daniella Silva – NBC News
BLACKSHEAR, Georgia — El bosque estaba tan frío que Alberto Reyes apenas podía sentir sus dedos cuando el autobús vino a buscarlo, más de 10 horas después de que había comenzado a recoger agujas de pino del suelo del bosque con sus propias manos.
Dos semanas antes, en febrero de 2018, Reyes había llegado a los Estados Unidos a través de un programa de visas para trabajadores agrícolas temporales que se estaba expandiendo rápidamente. Manuel Sánchez, el contratista con sede en Georgia que lo reclutó, le prometió que luego de unos pocos meses trabajando en la recolección de la paja de pino que se usa en los jardines podría ganar más de lo que le pagaban durante todo un año como albañil en México, además tendría todos los gastos pagados.
En cambio, Sánchez se retrasó con el primer cheque de pago, por lo que Reyes y los otros 18 trabajadores que reclutó comenzaron a quedarse sin comida, según diversas entrevistas y los datos de documentos judiciales. Sánchez dejó a los hombres en una casa infestada de cucarachas, sin calefacción, agua caliente ni inodoros en funcionamiento. No había espacio para que todos se acostaran, ni siquiera en el suelo. Así que Reyes tuvo que dormir en un cobertizo del jardín que estaba infestado de arañas, temblando bajo una cubierta de plástico que usó como una sábana improvisada.
Los residentes anteriores guardaban a sus perros en ese lugar.
“No viniste aquí para quedarte en casas bonitas o hacer lo que quieras”, les dijo Sánchez a los trabajadores, según lo que afirma Reyes. “Te traje para trabajar”.
Al igual que la mayoría de los otros trabajadores, Reyes le pagó a Sánchez una gran suma —alrededor de 1,000 dólares— solo para venir a los Estados Unidos. Pidió dinero prestado y pronto los acreedores comenzaron a exigirle que les pagara, explicó Reyes, de 37 años, quien pidió ser identificado con una versión parcial de su nombre por temor a las represalias de Sánchez. (Sánchez no respondió a las múltiples peticiones de comentarios para este reportaje).
“¿Qué debo hacer?”, pensaba Reyes una y otra vez. “¿Me quedo con Manuel?”.
Estaba atrapado.
El programa federal de visas para trabajadores agrícolas temporales, conocido como H-2A, ha crecido rápidamente a medida que envejece la fuerza laboral rural y se intensifica la represión contra los trabajadores indocumentados con el Gobierno del presidente Donald Trump. A pesar de que la Casa Blanca restringió ampliamente las visas durante la pandemia de coronavirus, la Administración hizo excepciones para las visas H-2A porque considera que esos trabajadores son esenciales y calificó al programa como “vital para mantener y asegurar la cadena crítica de suministros de alimentos del país”.
Se supone que las leyes federales garantizan condiciones de trabajo dignas, salarios justos y viviendas seguras para los trabajadores temporales que están vinculados a los empleadores que los patrocinan y deben regresar a sus países de origen luego de que expiren las visas a corto plazo, porque el programa no les proporciona la posibilidad de iniciar los trámites de ciudadanía.
Pero una investigación de NBC News descubrió que, a medida que el programa H-2A se ha expandido, más trabajadores temporales han sido vulnerables a los abusos. A lo largo de seis meses, NBC News visitó más de una docena de sitios en Georgia y Carolina del Norte, además entrevistó a docenas de trabajadores H-2A, defensores laborales, líderes de la industria, exfuncionarios laborales y revisó cientos de páginas de documentos judiciales.
El año pasado, el Departamento del Trabajo cerró 431 casos con violaciones confirmadas de H-2A, lo que representa un aumento del 150 por ciento desde 2014. Los funcionarios detectaron alrededor de 12,000 violaciones bajo el programa, con cerca de 5,000 trabajadores H-2A que fueron despojados de sus salarios, según datos federales.
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Y esos solo son los problemas que han podido documentarse. Los empleados y defensores laborales afirman que, a menudo, los trabajadores se muestran reacios a hablar en contra de los empleadores que son responsables de sus viviendas, transporte, cheques de pago y además controlan su permanencia en los Estados Unidos. La pandemia ha generado nuevos riesgos para estos trabajadores que son transportados en grupos y suelen alojarse en las pequeñas viviendas que les ofrecen sus empleadores. Según los funcionarios de salud, los brotes de COVID-19 se han propagado entre los obreros agrícolas de todo Estados Unidos, incluidos los grandes grupos de trabajadores H-2A que laboran en California, Washington y Michigan.
Los defensores laborales están especialmente alarmados por la creciente dependencia de los agricultores del trabajo de contratistas como Sánchez. A medida que aumenta la presión para reducir los costos en medio de la caída de los precios de los cultivos y la competencia de las importaciones extranjeras, más agricultores están subcontratando la laboriosa tarea de reclutar, transportar, alojar y supervisar a los trabajadores H-2A. Los contratistas laborales también pueden proteger a los agricultores al reducir su responsabilidad legal por los trabajadores que laboran en sus cultivos, en caso de que algo salga mal.
Algunos contratistas de trabajadores agrícolas son profesionales bien establecidos, pero otros forman parte de pequeñas operaciones caracterizadas por el uso de intermediarios, a veces conocidos como “enganchadores”, que se dedican a reclutar a los trabajadores con el fin de que vengan a los Estados Unidos.
Aunque todavía son una minoría entre las compañías que traen trabajadores H-2A a los Estados Unidos —solo presentaron el 15% de las solicitudes de trabajadores con certificación federal en 2019—, esos contratistas laborales presentan más del doble de probabilidades de ser excluidos del programa H-2A por violar las leyes, en comparación con otros empleadores H-2A, según un análisis de datos federales de 2016 a 2019 que fue realizado por NBC News.
Esos contratistas también están vinculados a algunos de los casos más notorios de explotación del programa H-2A durante los últimos años:
- En 2018, unos trabajadores temporales en Missouri —que fueron reclutados por un contratista para recoger sandías— dormían en una antigua cárcel del condado que estaba rodeada de alambre de púas y algunos se desmayaron mientras trabajaban en el campo debido a la falta de agua potable, según un investigador federal.
- El año pasado, a un hombre de Arizona se le prohibió laborar como contratista de obreros agrícolas luego de que transportó a un grupo de trabajadores H-2A en un autobús cuya columna de dirección estaba pegada con cinta adhesiva.
- En 2018, un trabajador en Georgia murió de un golpe de calor mientras recogía tomates para un contratista laboral H-2A, el Departamento del Trabajo multó a la empresa con más de 10,000 dólares por no proteger a sus trabajadores.
“Con frecuencia, el productor no sabe lo que está sucediendo en el campo”, dijo Bruce Goldstein, presidente de Farmworker Justice, un grupo nacional de defensa. “O esconden la cabeza en la arena o lo ignoran a propósito”.
Desde los primeros días de su mandato, Trump ha convertido en una prioridad la imposición de nuevas restricciones draconianas a la inmigración, recientemente congeló todas las nuevas visas H-1B para trabajadores técnicos calificados, entre otros grupos. Pero la Casa Blanca ha hecho una rara excepción con el programa H-2A, que no tiene un límite anual de visas.
¿Por qué sucede esto? El programa de trabajadores agrícolas tiene un profundo apoyo de los principales grupos vinculados a la agricultura y los representantes republicanos del Congreso en los distritos rurales. El Gobierno ha dicho abiertamente que el caso de estos trabajadores extranjeros es diferente, porque están haciendo un trabajo que los estadounidenses no quieren hacer.
“El presidente apoya la inmigración legal y el crecimiento del programa H-2A con el fin de proporcionarles a los agricultores y productores de Estados Unidos una mano de obra crítica para realizar trabajos que han sido ofrecidos de manera justa a los ciudadanos estadounidenses, pero no se han cubierto”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.
Trump incluso ha prometido que los trabajadores H-2A estarán más disponibles para los agricultores estadounidenses.
“Vamos a permitir que vengan a nuestro país de una manera más fácil que antes. Es muy importante para nuestros negocios, nuestras granjas, nuestros ranchos. Y vamos a lograr que sea un programa mucho más fácil y menos engorroso”, dijo Trump, en julio de 2019, luego de firmar un acuerdo con Guatemala para restringir las solicitudes de asilo en los Estados Unidos, a cambio de un mayor acceso a las visas H-2A. “Todos esos trabajadores que vienen, queremos que sigan viniendo”.
El año pasado, el Departamento del Trabajo aprobó más de 257,000 puestos para trabajadores agrícolas extranjeros temporales a través del programa H-2A, más del doble que en 2014, según datos federales. “Casi todo el mundo usará esto como un último recurso”, dijo Chalmers Carr, un agricultor de duraznos de Carolina del Sur que es presidente de USA Farmers, un grupo de defensa nacional que representa a los empleadores H-2A.
La Administración Trump defendió su supervisión del programa H-2A, mencionando los esfuerzos del Departamento del Trabajo para investigar las violaciones y educar a los empleadores sobre los requisitos del programa. En una declaración, la agencia enfatizó su compromiso “de salvaguardar los empleos estadounidenses, nivelar el campo de juego para los empleadores respetuosos de la ley y proteger a los trabajadores de que se les pague menos de lo establecido legalmente o que, de cualquier otra manera, trabajen en condiciones deficientes”.
Los líderes de la industria dicen que la gran mayoría de los empleadores cumplen con las reglas y trabajan arduamente para cumplir con los complejos requisitos del programa y los altos costos laborales. Actualmente se exige que los trabajadores H-2A ganen más que el salario mínimo en todos los estados, y se supone que deben obtener vivienda, transporte y alimentos gratuitos o acceso a instalaciones de cocina.
“En general, nuestros productores quieren hacer lo correcto”, dijo Charles Hall, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Frutas y Verduras de Georgia. “Como en cualquier industria, cuando tienes algunas manzanas podridas, eso siempre contamina”.
Pero los defensores laborales como Goldstein creen que el diseño fundamental del programa H-2A hace que los trabajadores corran el riesgo de ser explotados, y que la preferencia de la industria por el uso de contratistas hace que sea aún más fácil que los abusos pasen desapercibidos.
“Los agricultores consiguen una fuerza laboral muy, muy productiva, porque estos trabajadores son muy vulnerables”, dijo Goldstein. “Hacen lo que dicen, y muy pocos hablarán sobre las condiciones injustas o ilegales, porque temen que las consecuencias sean aún peores si lo hacen”.
¿Quieres irte al otro lado?
La primera vez que conoció a Sánchez, en febrero de 2018, Reyes batallaba con la pobreza. Luchaba para poder pagar la comida y las cuotas escolares de sus hijos, ahora de 12 y 7 años, a pesar de que trabajaba horas extras como albañil en Ciudad Victoria, una población montañosa en el norte de México, y su esposa trabajaba como cajera.
Seis años antes, Reyes cruzó a pie la frontera entre Estados Unidos y México, sin papeles. Fue detenido en Texas, y lo deportaron después de pasar dos semanas recluido. Esta vez sería diferente, se dijo Reyes: “Quiero hacer las cosas de la manera correcta, legalmente”.
Sánchez, a quien conoció a través de un amigo, le dijo que tendría que pagar 1,600 dólares para la visa, el transporte y un pasaporte “especial”, que luego supo que no existía, dijo Reyes. Consiguió un poco más de 1,000 dólares con préstamos de amigos y Sánchez le dijo que sacaría el resto de su cheque de pago, además le prometió que trabajaría a tiempo completo en los Estados Unidos de febrero a diciembre de 2018, ganando 1 dólar por fardo de paja.
Reyes se animó cuando otras personas de su ciudad natal también aceptaron la oferta de Sánchez. En las semanas previas a su partida, se hizo amigo de un hombre llamado Luna. A diferencia de Reyes, quien es un trabajador de la construcción de hombros anchos, Luna no estaba acostumbrado al trabajo manual porque vendía harina de maíz y trabajó como asistente de un abogado en Ciudad Victoria. (Luna se negó a usar su nombre completo por temor a las represalias).
Pero Luna, ahora de 32 años, mantenía a sus tres niños pequeños y dos hermanos adolescentes con un sueldo exiguo. Recordó lo que un vecino le preguntó cuando mencionó el trabajo: “¿No quieres irte al otro lado?”.
A fines de febrero de 2018, Reyes y los demás trabajadores se reunieron con Sánchez en Monterrey, donde obtuvieron sus visas en el consulado estadounidense. Antes de subir al autobús con destino a Georgia, Luna notó algo: Sánchez se había mandado a cortar el pelo largo que solía lucir y había cambiado su ropa de estilo militar por pantalones de vestir, una camisa abotonada y una bufanda.
“Cuánto has cambiado, primo”, le dijo Luna mientras reía. Sánchez le respondió con una sonrisa en la que brillaban sus dientes de oro.
Luego todos abordaron el autobús y cruzaron la frontera. Más de 36 horas después llegaron a un motel ubicado en el sureste de Georgia y que estaba rodeado de tierras de cultivo, estaciones de servicio y, ocasionalmente, centros comerciales.
Desde su primera noche en los Estados Unidos no tenían suficiente espacio para dormir: ubicaron a cinco trabajadores en una habitación de motel, y Reyes afirma que tuvo que compartir una cama con otros dos obreros. A la mañana siguiente, cuando todavía estaba oscuro, subieron a un minibús blanco con Sánchez al volante.
Cuando se bajaron, casi una hora después, había pinos por todas partes y nada más.
Sánchez comenzó a explicar cómo se empacan las agujas de pino en fardos, que luego se enviaban a Premium Pineneedles, un negocio que es propiedad del jefe de una empresa de jardinería y mayorista con sede en Carolina del Sur. “Es un trabajo fácil, pero un poco agotador”, les dijo a los hombres, según contó Reyes.
Pero Sánchez no tenía los equipos que necesitaban, y alegó que había pedido las herramientas pero todavía no se las habían mandado, explicó Reyes. Entonces los hombres comenzaron a limpiar la maleza con sus manos, sin los guantes de protección.
Sánchez volvió a subir al autobús y se fue. No les dijo cuándo volvería.
Los hombres se miraron atónitos. Estaban en el medio del bosque, sin transporte, sin baños y sin servicio celular. Uno de ellos bromeó diciendo que podía treparse a un árbol para conseguir señal. Pero no tenían adónde ir. Entonces se encorvaron y comenzaron a limpiar escombros y a recoger las agujas de pino del suelo del bosque.
Reyes dijo que las ramas y las agujas les lastimaron los brazos hasta que empezaron a sangrar. Pronto el bosque se llenó de nubes de polvo de pino que dificultaban la respiración.
Luna seguía pensando en su esposa e hijos, el más joven solo tenía unos meses de edad. Incluso hipotecar su casa no fue suficiente para pagarle a Sánchez: tuvo que pedir préstamos que le cobraban un interés mensual del 20%.
“Si algo me pasa aquí”, pensó, “se quedarán solos”.
Un país construido por trabajadores extranjeros
Durante más de un siglo, Estados Unidos ha dependido de los trabajadores extranjeros temporales para plantar y cosechar sus cultivos.
Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la escasez de mano de obra hizo que los Estados Unidos abrieran sus puertas a los trabajadores agrícolas de México. El Gobierno estadounidense aseguró que los trabajadores temporales serían tratados de manera justa con el Programa Bracero. Pero la supervisión fue mínima, y el programa se hizo famoso por las condiciones brutales de trabajo y vivienda, lo que contribuyó a su desaparición en 1964. Para ese momento, el Congreso había establecido otro mecanismo para los trabajadores agrícolas temporales, que se convirtió en el programa H-2A en 1986.
Durante décadas, el programa H-2A fue relativamente pequeño. Pero en los últimos 10 años, la demanda de trabajadores agrícolas temporales y ayudantes de ranchos se ha disparado.
En 2011, Georgia aprobó una ley general contra la inmigración que exige que las empresas más grandes usen E-Verify para analizar las nuevas contrataciones e impone fuertes multas y penas de prisión a los trabajadores que utilizan una identificación falsa para conseguir trabajo. La ley afectó a los agricultores de Georgia, que durante mucho tiempo habían dependido de los inmigrantes indocumentados y los trabajadores migrantes domésticos para trabajar en las plantaciones de arándanos, cebollas, duraznos y otros cultivos que son cosechados a mano.
Georgia ahora es un destino líder para los trabajadores agrícolas H-2A, junto con Florida, Carolina del Norte, California, Washington y Louisiana. A pesar de la orden ejecutiva del presidente que exigía “contratar a estadounidenses”, incluso el propio viñedo que Trump tiene en Virginia fue certificado para contratar a 23 trabajadores H-2A durante el año pasado.
Los cabilderos de la industria están presionando al Congreso y al Gobierno de Trump para que extiendan el programa a nuevos tipos de trabajadores agrícolas y disminuyan sus costos para que sea más fácil de implementar. El crecimiento del programa ha generado una industria artesanal de agentes de visas y asociaciones de productores con el fin de ayudar a los agricultores en el complejo proceso de solicitud. Pero, cada vez más, los agricultores recurren a contratistas de mano de obra agrícola como Sánchez para el suministro de trabajadores.
El año pasado, el Departamento del Trabajo certificó 1,900 solicitudes de trabajadores H-2A que fueron introducidas por los contratistas, más del triple que en 2014, otorgando a esos intermediarios el permiso para traer a más de 100,000 trabajadores agrícolas temporales a los Estados Unidos, según un análisis de datos federales hecho por NBC News. Muchos de esos contratistas son antiguos trabajadores agrícolas.
“En teoría, hacer que los contratistas laborales organicen a los obreros es algo bueno, porque el contratista se especializa en conseguir trabajo para los equipos y eso permite que los trabajadores tengan más horas”, dijo Philip Martin, economista laboral de la Universidad de California, Davis. Pero muchos de ellos compiten al proporcionar a los trabajadores a precios muy bajos, dijo Martin, creando un incentivo para regatear en los cheques de pago y las viviendas de los trabajadores, debido a la falta de una supervisión vigorosa. “El Departamento del Trabajo no ha hecho un buen trabajo al momento de expulsar a los malos”, dijo.
A fines de 2017, Sánchez solicitó al Departamento del Trabajo una autorización para llevar 30 trabajadores H-2A a Georgia con el fin de cosechar paja de pino, argumentaba que trató de reclutar trabajadores estadounidenses, como lo exige el programa, pero ninguno había aplicado para esos trabajos. Según los registros obtenidos por NBC News, prometió que los empleados extranjeros ganarían 10.62 dólares por hora, el mínimo estipulado para los trabajadores H-2A en Georgia, según una fórmula federal, o 1 dólar por fardo de paja, alcanzando el mismo salario mínimo por hora. Además, serían alojados en un motel que ya había sido inspeccionado por el gobierno.
En cambio, según los trabajadores, se quedaron durante una semana en un motel, compartiendo camas, y algunos tuvieron que dormir en el piso, antes de que Sánchez los trasladara a la ruinosa casa de Blackshear.
Es probable que nadie analice el caso de Sánchez porque, según la ley federal, la vivienda debe ser inspeccionada solo cuando un empleador solicita traer a los trabajadores H-2A a los Estados Unidos. Una vez que llegan los trabajadores, a veces meses después, no se requiere más supervisión.
Al visitar más de una docena de sitios H-2A en Georgia y Carolina del Norte, en noviembre, NBC News encontró viviendas para trabajadores agrícolas que fueron aprobadas por el gobierno pero estaban llenas de insectos y nidos de arañas, así como con cartones que cubrían las ventanas rotas. Un video tomado por un trabajador H-2A —que fue enviado a Georgia Legal Services, un grupo de defensa que representa a los trabajadores agrícolas— documentaba el estado de un remolque deteriorado en Georgia que tenía agujeros en las paredes y gatos salvajes en los gabinetes de la cocina. “Las ratas están mejor que nosotros”, dijo el trabajador en la grabación.
El Departamento del Trabajo realiza inspecciones no programadas de los sitios de trabajo H-2A en todo el país, incluidas las investigaciones ocasionales de viviendas. Su división de Salarios y Horas puede emitir multas monetarias, obligar a los empleadores a pagar salarios atrasados, sacar a los empleadores del programa y remitir los casos para su enjuiciamiento. Pero los recursos para la supervisión no han seguido el ritmo de la rápida expansión del programa: el personal de Salarios y Horas ha disminuido un 19% desde 2016, según registros federales. Incluso cuando a los empleadores se les prohíbe contratar más trabajadores H-2A, lo cual es poco frecuente, esas prohibiciones suelen ser temporales y duran entre uno y tres años.
La supervisión estatal también es limitada. Con el uso de subvenciones federales, las agencias estatales ayudan a que los empleadores H-2A cumplan con los requisitos del programa y realizan las inspecciones de vivienda requeridas antes de que los trabajadores se muden. A pesar del rápido crecimiento del programa H-2A, los fondos federales para estas agencias estatales no se han incrementado y algunas obtuvieron menos recursos el año pasado que en los tres años anteriores, según los registros publicados como parte de una demanda interpuesta contra el Departamento del Trabajo en 2019. Los fondos federales de Georgia cayeron un 15 por ciento, confirmó el Departamento del Trabajo del estado.
Algunos estados, como Carolina del Norte y California, también tienen sus propios estándares y sistemas de inspección para las viviendas de los trabajadores agrícolas, y toman medidas contra los empleadores H-2A que infringen las reglas. Pero otros, como Georgia, tienen pocas reglas adicionales y sufren limitaciones al momento de aplicar su autoridad.
El año pasado, el Gobierno de Trump reconoció algunas de las condiciones “inseguras e insalubres” que enfrentan los trabajadores H-2A. En julio de 2019, la Administración presentó una amplia propuesta que buscaba mejorar los estándares de vivienda y aumentar los bonos que los contratistas deben adquirir para probar que pueden pagar los salarios de sus trabajadores.
Pero ese plan gubernamental, que el Departamento del Trabajo finalizará el próximo mes, también flexibilizaría las reglas para los empleadores que se han quejado de que el programa H-2A es demasiado lento, costoso y engorroso. Además permitiría que las agencias estatales realicen inspecciones de vivienda menos frecuentes haciendo que los empleadores se certifiquen. Mientras tanto, los trabajadores tendrían una mayor responsabilidad en sus gastos de viaje; a algunos se les pagaría menos bajo una nueva fórmula federal para calcular los salarios mínimos H-2A, mientras que a otros se les pagaría más.
Algunos legisladores están tratando de impulsar el programa en una nueva dirección. El año pasado, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó un proyecto de ley de trabajo agrícola que incluiría la posibilidad de la ciudadanía para algunos inmigrantes indocumentados y trabajadores H-2A. El proyecto de ley también agregaría 20,000 visas H-2A de un año de duración, actualmente su número es ilimitado pero solo tienen vigencia durante la temporada de trabajo.
Pero las posibilidades de que el Congreso apruebe cualquier tipo de reforma migratoria son escasas, debido a la pandemia que afecta al país y la elección presidencial que se celebrará dentro de pocos meses.
Mientras tanto, la Administración de Trump continúa su política de apertura con los trabajadores H-2A, flexibilizando las reglas de los visados al autorizar que los empleadores contraten trabajadores temporales de manera más rápida y permitiendo que puedan quedarse en Estados Unidos durante más tiempo. “La Administración Trump está trabajando para mantener la competitividad de nuestros agricultores y productores, mientras garantiza que los trabajadores estadounidenses tengan acceso a más oportunidades y salarios más altos”, dijo la Casa Blanca en un comunicado, agregando que los problemas de salud, seguridad y empleo de los trabajadores H-2A “pueden ser identificados y resueltos”.
A pesar de que el desempleo se ha ubicado en su tasa más alta desde la Gran Depresión, los líderes de la industria dicen que a los agricultores todavía se les dificulta encontrar suficientes trabajadores que planten y cosechen sus cultivos, un duro trabajo manual que generalmente se realiza en lugares remotos.
Los defensores laborales temen que la afectada economía estadounidense pueda hacer que estos trabajadores temporales corran riesgos aún mayores. Aunque se ha mantenido la alta demanda de los productos vendidos en las tiendas de comestibles, la pandemia ha sido un duro golpe para muchas granjas que abastecen a restaurantes, cafeterías y otras instituciones.
Eso ha incrementado la presión de los productores que confían en el programa H-2A para reducir costos y, en última instancia, podría traducirse en la disminución de salarios, viviendas y otros gastos laborales, dijo Michael Hancock, abogado de Cohen Milvistein Sellers & Toll, una firma de abogados especializada en casos de empleo y derechos civiles. Hancock trabajó como funcionario del Departamento del Trabajo durante el Gobierno del presidente Barack Obama.
“¿Quiénes son las personas más desvalidas, quiénes tienen la posición más débil en este proceso de negociación y regateo?”, preguntó Hancock. “Los trabajadores”.
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“Todo este tiempo habría pasado en vano”
Juana Cruz vio por primera vez al equipo de Sánchez caminando por una carretera secundaria en los Estados Unidos, a principios de marzo de 2018.
Eso era extraño, pensó Cruz, de 41 años, quien se dedica a la pintura de botes y vivía cerca. Todas las personas de las zonas rurales de Blackshear suelen conducir, apenas había espacios para caminar.
La siguiente ocasión en la que vio a los trabajadores estaban parados afuera de una casa, ubicada a pocas cuadras de donde ella vivía, y colgaban ropa para que se secara. Parecían perdidos y demacrados, recuerda Cruz, como si no se hubieran bañado en días. Ella desaceleró su auto y se detuvo.
“¿Necesitan ayuda?”, les preguntó. Los hombres la miraron con cautela. Finalmente, uno le explicó cómo Sánchez los había traído desde México casi tres semanas antes, pero no les había pagado ni un solo sueldo. Durante días, Sánchez simplemente no se había presentado, dejando a los trabajadores con un suministro de alimentos cada vez menor, dijeron. Ahora apenas tenían frijoles enlatados y fideos instantáneos, que compraron después de caminar tres horas por una carretera hasta el Walmart más cercano.
Cruz entró en una casa que parecía que se estaba pudriendo de adentro hacia afuera, dijo. Un trabajador se resbaló en una ducha sucia y se lastimó el brazo por lo que tuvo que usar papel para detener la hemorragia porque no había botiquín de primeros auxilios, según declaró más tarde en unos documentos judiciales. Una araña picó a otro hombre, mientras dormía en los cobertizos de afuera. Cuando la herida comenzó a infectarse se le inflamó toda la cara y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital, según contó la persona afectada y otros trabajadores.
Los jóvenes trabajadores le dijeron a Cruz que tenían miedo de contar que las cosas estaban mal. A regañadientes, Luna tuvo que inventar una excusa para pedirle a su familia de México que le enviara dinero para poder comprar comida. “No quería que se preocuparan, que cayeran en la desesperación...”. Cuando Reyes le describió a su esposa cómo estaban viviendo, ella le rogó que regresara a casa. “No puedes hacer eso”, le dijo con lágrimas en la cara, durante una videollamada.
Pero sus deudas comenzaron a vencerse y los hombres no sabían qué hacer. Reyes le había pedido dinero prestado a sus amigos, que empezaron a ponerse nerviosos cuando él no pudo hacerles el primer pago que habían acordado. Luna temía que su familia perdiera su hogar si no podía pagar sus préstamos. Un prestamista amenazó con robar y agredir a otro hombre del equipo de Sánchez cuando regresó a México, dijo ese trabajador en una declaración jurada.
Esa noche, Cruz no podía dejar de pensar en los muchachos. Era la segunda semana de marzo de 2018, y hacía un frío inusual en Georgia, al punto de que la temperatura casi llegaba al grado de congelación durante las noches.
[La Casa Blanca quiere dar más visas de trabajo. El Congreso busca reducir las 'green cards' a familiares]Al día siguiente, les llevó una olla de arroz y frijoles que había cocinado para ellos. Horas después fue a su iglesia e interrumpió las clases bíblicas nocturnas para decirle al pastor lo que había visto. La noche siguiente, los trabajadores escucharon que tocaban su puerta.
Los hombres se dispersaron. Luna recuerda que algunos se escondieron dentro de la casa, temiendo que los agentes de inmigración hubieran venido a deportarlos, ya que Sánchez seguía amenazándolos con que eso sucedería, a pesar de que no habían hecho nada malo.
Una pareja de mediana edad estaba parada en el porche, cargando cajas de cartón llenas de comida enlatada y mantas: eran Edgar De Leon y su esposa, Marcela, que eran pastores de Destination Iglesia Cristiana Hispana, el templo al que asistía Cruz. A menudo intentaron ayudar a los inmigrantes locales que estaban en problemas. Pero nunca habían visto tantos trabajadores hacinados en una casa tan pequeña.
Marcela De Leon estaba abrumada. “Esto es un abuso”, exclamó y les dijo a los hombres que hablaran con un abogado. “Tienen que denunciarlo”.Los hombres permanecieron en silencio. Como muchos trabajadores H-2A, no querían quejarse. Podían ser deportados si trabajaban sin la documentación apropiada; aunque las represalias son ilegales, algunos empleados H-2A dicen que han sido incluidos en listas negras por presentar quejas.
Pero su mayor temor, más que ser maltratados, era no poder volver a trabajar en Estados Unidos. ¿Para qué vivieron todo ese sufrimiento? “Todo este tiempo habría pasado en vano”, dijo uno de los hombres más tarde.
Mientras los trabajadores comían los alimentos, el pastor Edgar, como todos lo llamaban, les suplicó que fueran a las autoridades. “Si no lo denuncian, lo mismo le va a pasar a otras personas”, les dijo.
Finalmente, Luna y otros dos trabajadores decidieron hacerlo. A través de la iglesia, viajaron a Savannah poco después y entraron a la oficina regional del Departamento del Trabajo federal para presentar una queja.
Luna afirma que pasaron tres horas sentados con un funcionario de la agencia, detallando todo lo que habían sufrido con Sánchez. Conduciendo de regreso a Blackshear ese viernes, “ya me sentía más tranquilo”, dijo. “Porque pensé que nos ayudarían”.
El domingo, Sánchez regresó a la casa para transportar a los trabajadores a los campos. Pero esa vez, la rabia de los trabajadores superó al miedo.
Reyes habló de primero.
“No voy a ir”, dijo.
Un coro de voces estalló. “No voy”, dijo Luna. “Yo tampoco voy”, intervino otro trabajador. No podían quedarse en esa casa. No habían dormido porque temblaban de frío. Y no irían a trabajar sin comer.
Sánchez se quedó parado, parpadeando rápido, como lo hacía cuando estaba estresado. Luego explotó. “¡Ustedes son unos animales!”, gritó mientras volvía a amenazarlos con deportarlos, según explican Reyes, Luna y los documentos de la corte. Los hombres mantuvieron su postura y sostenían sus teléfonos para grabarlo.
Sánchez salió furioso. Días después, prometió trasladar a los trabajadores a mejores viviendas y comenzó a pagarles a algunos de los hombres, según testimonios posteriores. Pero, para Reyes, las concesiones de Sánchez no fueron suficientes.
En abril de 2018, Reyes abordó una camioneta hacia Texas en medio de la noche, más pobre y más delgado que cuando había llegado.[Un brutal asesinato cuestiona los visados para trabajadores del campo y la vigilancia de ICE]
“Me estás diciendo mentiras”
Más de dos años después, la investigación del Departamento del Trabajo sobre Sánchez aún está en curso, dijo la agencia. El estatuto de limitaciones para una de las sanciones más graves, que prohíbe que Sánchez traiga a más trabajadores H-2A a los Estados Unidos, ya pasó. Pero la agencia aún no ha revelado ningún hallazgo o acción que haya sido tomada en su contra.
La Administración Trump se negó a responder preguntas sobre Sánchez, debido a la investigación. El Departamento del Trabajo dijo en un comunicado que “prioriza y divulga las investigaciones y el enjuiciamiento de las entidades que violan las condiciones del programa de visas”, dijo la agencia en un comunicado, agregando que el requisito de reclutar trabajadores estadounidenses antes de solicitar el ingreso de trabajadores temporales es uno de los objetivos de sus investigaciones.
Reyes y los demás trabajadores han tenido que emprender otras acciones en busca de justicia, y del dinero para pagar sus deudas. En noviembre de 2018, Reyes y Luna, representados por Georgia Legal Services, se encontraban entre los 13 trabajadores que demandaron a Sánchez.
En julio de 2019, un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos emitió un fallo contra Sánchez, quien no compareció ante la corte, y concluyó que había sometido a los trabajadores H-2A a trabajos forzados, tráfico de personas y “condiciones de vida deplorables y peligrosas durante semanas”, según escribió la jueza en su decisión.
El tribunal concluyó que Sánchez le debía a los trabajadores casi 280,000 dólares, incluidos salarios y gastos no pagados, así como daños por angustia emocional y “desprecio imprudente de la salud, seguridad y bienestar de los demandantes”. A Reyes le corresponden más de 17,000 dólares.
A pesar del fallo, él y los demás trabajadores no recibirán nada parecido al dinero que les corresponde, puesto que Sánchez tiene pocos bienes a su nombre en los Estados Unidos, según explica Solimar Mercado-Spencer, abogada de Georgia Legal Services.
En la dirección postal de Sánchez en Hazlehurst, Georgia, hay más de una docena de vehículos oxidados y averiados rodeados por remolques ruinosos. “Basura en venta”, dice un cartel. Financieramente, Sánchez parecía estar solo un poco por encima de los trabajadores que explotó, dijo Mercado-Spencer. “Por lo que puedo ver, él no tenía el dinero o la capacidad para mantener este negocio”.
Según la ley federal, Sánchez necesitaba un bono de 10,000 dólares para obtener la aprobación de su solicitud de trabajadores H-2A, un requisito para todos los contratistas de trabajadores agrícolas debido a su problemático historial caracterizado por ser “transitorios y subcapitalizados”, según el gobierno federal. Pero solo el Departamento del Trabajo puede acceder a ese dinero, que aún no se ha puesto a disposición de los trabajadores, dijo su abogada. Aunque los consiguieran, los fondos solo serían una fracción de lo que se les debe según el fallo de la corte.
Premium Pineneedles les pagó a cada uno de los trabajadores 850 dólares “por el daño que sufrieron como resultado de las acciones [de Sánchez]”, dijo el tribunal. La compañía había trabajado previamente con Sánchez y supuestamente tenía un acuerdo para comprarle fardos de agujas de pino por carga, dijo Mercado-Spencer. Pero Premium Pineneedles dijo que Sánchez había falsificado la firma del propietario en su solicitud H-2A al Departamento del Trabajo, según la declaración jurada del empresario, y no ha enfrentado más acciones legales. La compañía no respondió a múltiples solicitudes de comentarios para este trabajo.
Si embargo, Reyes se considera afortunado. Georgia Legal Services ayudó a los trabajadores para que obtuvieran las visas T de las víctimas de la trata, con el fin de que que puedan permanecer legalmente en los Estados Unidos por un periodo de hasta cuatro años. Después de más de un año dedicado a los trabajos de construcción en Houston, Reyes finalmente pagó sus préstamos y está comenzando a ahorrar el dinero que había planeado ganar durante todo este tiempo. Luna también logró tener su propia visa T y se reunió con su amigo en Texas.Han pasado casi dos años y medio desde que Reyes vio a su esposa y sus dos hijos por última vez, mucho más de lo que había planeado cuando salió de México. Su hijo de 12 años siempre le pregunta cuándo volverá a casa, por lo que Reyes le dijo que estaba trabajando en un proyecto de construcción que está tardando mucho en terminar. “Muéstrame el edificio”, insistió su hijo en una videollamada del otoño pasado. “¡Me estás diciendo mentiras!”.
Sánchez, mientras tanto, ha desaparecido: nunca respondió a la demanda de los trabajadores ni compareció ante el tribunal. Sin embargo, cuando regresó a México, trató de reclutar a otro grupo de obreros para obtener visas H-2A, según afirma un extrabajador temporal que ayudó a Sánchez a cobrar las tarifas y prefiere no ser mencionado por temor a las represalias.
Según los últimos registros federales, Sánchez no ha vuelto a realizar solicitudes formales para traer a más trabajadores. Pero hay pocas restricciones para que vuelva a intentarlo.