Gustavo es un niño guatemalteco de 12 años que tiene una discapacidad. El pasado 24 de agosto estaba sin compañía de adultos en El Paso, Texas, con la esperanza de reunirse con su abuelo; unos dias después fue deportado por autoridades sin que nadie en su familia supiera su paradero.
La historia es muestra del caos y la opacidad de las políticas migratorias actuales, que dejan en un limbo y exponen al peligro a niños y niñas, según activistas y defensores. A pesar de que las autoridades estadounidenses indican que parte de la intención es proteger a menores de edad de la trata de personas o de la explotación.
La madre de Gustavo, Elida, se había despedido de él en el lado mexicano de la frontera a finales de agosto. Madre y niño llevaban cinco meses en Ciudad Juárez, en espera de tener su cita ante un juez de inmigración estadounidense como parte del proceso para pedir asilo. El menor había sido atacado con un machete en su pueblo y la madre afirma que ella recibió amenazas de muerte.
La madre de Gustavo, al considerar que Ciudad Juárez era demasiado peligrosa para seguir ahí después de que alguien intentó secuestrar a su hijo, tomó una decisión desesperada.
Elida, quien pidió que no se compartieran los apellidos suyos ni de Gustavo por miedo a su seguridad, cuenta que otros migrantes en el lado mexicano le habían dicho que si dejaba a su hijo cruzar solo el puente entonces las autoridades estadounidenses lo iban a detener y a mandarlo con su abuelo, en Carolina del Sur, en calidad de menor no acompañado.
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Por eso confió en dejarlo ir hacia Texas; lo acompañó hasta la frontera y le escondió entre su ropa el papel con la información de contacto de su abuelo. “Me sentí triste porque lo había dejado”, dijo la mujer a la agencia de noticias Reuters. “Pero me dije a mí misma que era por su bien”.
En cambio, Gustavo se convirtió en uno de 8,800 menores no acompañados que el Gobierno de Estados Unidos ha expulsado de forma exprés desde marzo, según datos oficiales difundidos este viernes. A pesar de que es menor de edad, durante días ninguna autoridad avisó que Gustavo había sido detenido y mucho menos que había sido deportado o a dónde.
Las deportaciones exprés de menores de edad se dispararon desde marzo, cuando la Administración de Donald Trump anunció medidas que endurecieron las políticas migratorias en la frontera, al asegurar que lo hacía para reducir el impacto de la pandemia de coronavirus.
Antes de la orden de marzo, los niños no acompañados detenidos en la frontera eran trasladados a hogares de acogida o a refugios hasta que pudieran ser entregados a familiares o tutores aprobados.
El Gobierno de Trump ha expulsado a más de 159,000 personas, incluidos los 8,800 menores, desde que entró en vigor la orden de emergencia, de acuerdo con la agencia The Associated Press.
Entre las personas deportadas de forma exprés también hay 7,600 adultos y niños que cruzaron la frontera en familias.
Unos 2,200 niños detenidos tras cruzar la frontera sin adultos fueron alojados temporalmente en hoteles a la espera de ser expulsados, una práctica que una juez federal ha paralizado. El Gobierno ha solicitado que le vuelvan a permitir hacer eso.
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La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) está demandando al Gobierno por las expulsiones, pues afirma que la orden es mucho más restrictiva que cualquier otra decisión y no deja "casi ninguna vía abierta a personas migrantes para buscar protección", según indicó a Reuters.
El camino de Gustavo
El 24 de agosto, el abuelo de Gustavo en Carolina del Sur recibió una llamada de alguien que había ayudado al niño: le avisaron que Gustavo ya estaba en Texas, lo cual el abuelo celebró como una buena noticia.
Sin embargo, pronto Gustavo desapareció. Por días los familiares del niño, que tiene dificultades para hablar con desconocidos, no supieron nada de él.
El 30 de agosto, tras casi una semana de angustia, Elida se enteró de que el Gobierno de Guatemala buscaba urgentemente a los padres de Gustavo, información que vio por casualidad en Facebook. Estados Unidos ya lo había deportado y dejado en mano de las autoridades en su país de origen.
Para el 5 de septiembre, las autoridades guatemaltecas lograron reunir al menor con su padre, Juan, quien se había quedado en una aldea remota en las montañas del país centroamericano.
Aunque no habló del caso específico de Gustavo, un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), dijo a Reuters que la orden de emergencia con la que la Administración Trump implementó las expulsiones exprés se aplica a todos, “sin importar su discapacidad o edad”.
La familia cuenta que, tras bajar del autobús que lo regresó a su casa, Gustavo miró a su alrededor desorientado y después rompió en llanto cuando intentaron ponerlo en comunicación con su mamá, quien seguía en Ciudad Juárez.
“Mire cómo me lo mandaron”, dijo su padre, Juan, a la agencia Reuters. “Lo deportaron como si fuera grande, como si fuera delincuente y él es un niño”.