El Gobierno de Joe Biden defendió este miércoles en un tribunal federal su continuo uso de la norma sanitaria conocida como Título 42, que ha negado el ingreso a Estados Unidos a más de un millón de solicitantes de asilo desde que entró en vigor.
La medida, impulsada por el expresidente Donald Trump en marzo de 2020, fue denfendida por una abogada del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien dijo que suspenderla pondría en peligro la salud pública.
“La suspensión repentina de la aplicación del Título 42 podría incrementar los contagios con el coronavirus dentro de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, y significa un peligro grave para la salud pública”, argumentó Sharon Swingle ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia.
La abogada admitió que los migrantes forzados a permanecer en México o en América Central quedan en “circunstancias horribles”. Aunque Biden canceló algunas partes de esa política que los demócratas han calificado como antiinmigrante, su Administración continúa usándola bajo el pretexto de la pandemia.
La abogada dijo que un juez se equivocó al bloquear la política previamente y que la ley federal confiere a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) la facultad de responder a las circunstancias variables que presenta una pandemia.
Bajo el Título 42 los migrantes son expulsados a México de manera expedita, sin la posibilidad de que un juez revise su caso o de que puedan tramitar una solicitud de asilo. Hay algunas excepciones para los menores que viajan sin adultos y para las familias con niños pequeños.
El año pasado, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) impugnó esta política.
Lee Gelernt, abogado de ACLU, criticó que si bien los CDC tienen un poder considerable para emitir directivas de salud pública, eso no les permite violar la obligación de Estados Unidos a ayudar a los migrantes que escapan de la tortura o la persecución.