Funcionarios del Gobierno del expresidente Donald Trump justificaron interrogatorios a abogados de inmigración hechos por una unidad especial de antiterrorismo en el marco de una investigación al movimiento anarquista Antifa, según reveló este viernes una investigación del grupo sin fines de lucro ProPublica.
Los documentos a los que tuvo acceso ProPublica revelaron que varios abogados de inmigración que trabajaron en la frontera sur con solicitantes de asilo fueron interrogados por miembros del Equipo secreto de Respuesta Táctica contra el Terrorismo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, (CBP, por su sigla en inglés).
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Entre los afectados por esta política figuraron los abogados Héctor Ruiz y Taylor Levy que, según los registros obtenidos, fueron interrogados en un puerto fronterizo en El Paso, Texas, ante la sospechaba de que "brindaron asistencia" a la caravana de migrantes que entonces era un foco de atención para la Administración Trump.
"Había mucho odio contra los abogados de inmigración en ese momento. Pensé que alguien había puesto una denuncia anónima de que yo era un terrorista", reveló Levy a ProPublica.
Los documentos fueron proporcionados a ProPublica por el grupo defensor de los migrantes Santa Fe Dreamers Project, que presentaron una solicitud sobre las detenciones hechas a Levy y Ruiz basada en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por su sigla en inglés).Levy y Ruiz no fueron los únicos que sufrieron por esta práctica, según ProPublica.En julio de 2019, tres defensores de los inmigrantes en California demandaron al Gobierno Trump, al que acusaron de ordenar una vigilancia secreta de sus actividades y violar así la Primera Enmienda de la Constitución.
Nora Phillips, cofundadora de la organización Al Otro Lado, que tiene sede en Los Ángeles, California, la abogada de inmigración Erika Pinheiro, y el documentalista Nathaniel Dennison, de la fundación Through My Eyes (A través de mis ojos), señalaron en la querella que desde octubre de 2018 el Gobierno federal siguió sus movimientos y acciones.
Como resultado de ello, fueron hostigados y detenidos en la frontera, e incluso se les negó la entrada a México o se les obligó a salir de tierras mexicanas, dijeron.
En el caso de Levy y Ruiz, ambos fueron interrogados sobre sus actividades en México, específicamente si habían estado en Tijuana recientemente. También se les preguntó sobre sus trabajos y antecedentes educativos.
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A Ruiz, se le preguntó específicamente sobre la financiación del Proyecto Santa Fe Dreamers, donde trabaja como abogado.
Ruiz todavía cruza la frontera varias veces a la semana para trabajar. "Todavía tengo mucho miedo", contó a ProPublica. "No sé si este será el día en que me volverán a detener". Aunque Trump se ha ido con su legado migratorio, "todavía estoy haciendo este trabajo. Y no sé qué tipo de acusaciones falsas pueden lanzar en el futuro", concluyó.
Según los correos electrónicos revelados este sábado por ProPublica, se ordenó a los agentes que marcaran a Levy y Ruiz (así como a otras tres personas) en el sistema para detectar a las personas que pasan por los puertos de entrada.
Un informe de inteligencia de CBP de El Paso, escrito varios meses después de que Levy y Ruiz fueran interrogados, asegura que "la migración masiva de América del Sur a Estados Unidos está coordinada en algún nivel por organizaciones sin fines de lucro que desean llenarse los bolsillos con los ingresos derivados de las tarifas de transporte de migrantes hasta la frontera" o por lo que éstos pagan a sus abogados.
El informe asocia el trabajo de los defensores de los migrantes con "otros grupos como Antifa".
El Gobierno del presidente, Joe Biden, aún está lidiando con las demandas presentadas por estos casos, y CBP está esperando los resultados de una investigación interna.
Con información de ProPublica y EFE.