Por Matt Dixon — NBC News
El Congreso de Florida, a instancias del gobernador, el republicano Ron DeSantis, y merced a la mayoría conservadora , se prepara para aprobar un ambicioso proyecto de ley migratoria que, entre otras medidas, dotará con millones de dólares al controvertido programa de traslado de migrantes desde la frontera a ciudades demócratas.
DeSantis ha usado en los últimos meses cada vez más la inmigración como un arma política para golpear las políticas del presidente, Joe Biden, y afianzar su posición entre los conservadores de cara a su probable candidatura presidencial en 2024.
Su iniciativa más reciente es acuerdo legislativo de 50 páginas, el proyecto SB 1617, presentado el domingo por la noche tras semanas de negociaciones entre los republicanos de la Cámara y el Senado.
La Cámara de Representantes de Florida lo aprobó en comisión el lunes, apenas horas después de su presentación, y este martes llega al Senado, con la expectativa de pasar al Pleno a final de semana.
La medida dotaría con 12 millones de dólares al programa de vuelos de migrantes de DeSantis, que recibió atención nacional en septiembre con el traslado de 50 migrantes, en su mayoría de Venezuela, desde Texas a Martha’s Vineyard (Massachusetts).
El proyecto de ley también prevé:
- Prohibir a los gobiernos locales de Florida gastar el dinero de los contribuyentes en tarjetas de identificación para personas que no puedan demostrar su ciudadanía.
- Invalidar un permiso de conducir expedido por otro estado a alguien que no pueda demostrar su ciudadanía.
- Exigir a los hospitales que aceptan Medicaid que incluyan en los formularios de admisión una pregunta sobre la condición de ciudadanía del paciente.
- Eliminar una disposición promulgada por el exgobernador Rick Scott que permite a los licenciados en Derecho indocumentados la admisión en el Colegio de Abogados de Florida.
- Aumentar las penas por delitos relacionados con la trata de personas a un delito grave de segundo grado.
- Exigir que toda persona bajo custodia de las fuerzas del orden que esté sujeta a una retención de inmigración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) envíe una muestra de ADN a una base de datos estatal.
"Seamos claros", dijo el representante republicano Chase Tramont, "este proyecto de ley no se ocupa de la inmigración legal, se ocupa de la inmigración ilegal". "Con demasiada frecuencia a la gente le gusta confundir las dos cosas", criticó el congresista estatal.
Los demócratas en Florida consideran sin embargo que el proyecto de ley es mezquino, y argumentan que una reforma migratoria de este calibre debe ser gestionada por el Congreso federal.
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“Este proyecto de ley no aborda el problema real de la inmigración, es una mala solución para un problema muy real, no sólo para Florida, es un problema en nuestra nación”, dijo el representante estatal demócrata Christopher Benjamin. “Deberíamos hacer más para presionar al Gobierno federal para solucionar este problema. Pero este proyecto de ley perjudica más de lo que ayuda”, agregó.
Los demócratas presentaron una serie de enmiendas para intentar matizar las disposiciones más controvertidas, pero todas fueron fácilmente despachadas por la mayoría republicana en la Comisión de Comercio de la Cámara de Representantes estatal.
Una de las disposiciones más polémicas es la exigencia a todos los empleadores de utilizar E-Verify, una base de datos federal que comprueba el estatus migratorio de los trabajadores.
Los conservadores llevan tiempo instando al estado a que obligue a todos los empresarios a utilizar el sistema, algo apodado “E-Verify obligatorio”. Pero el influyente lobby empresarial se ha opuesto con éxito hasta ahora, oponiéndose por los costes y por temor a tener que renunciar al esfuerzo de los inmigrantes irregulares.
Florida intentó implantar el E-Verify obligatorio en 2020, pero la propuesta se suavizó para exigirlo sólo a las empresas públicas.
El nuevo proyecto de ley obligaría a las empresas con 25 o más trabajadores a utilizar E-Verify. La ley actual permite a las empresas privadas utilizar E-Verify o los formularios federales I-9, que les obligan a declarar explícitamente que han revisado los documentos que permiten a un empleado trabajar legalmente en en el país.
Los cabilderos de los grupos empresariales del estado dijeron al comité que era un paso en la dirección correcta, pero dijeron que deseaban que la exención de E-Verify fuera mayor de 25 personas.
La consideración del proyecto se produce a sólo dos semanas para el final de la sesión legislativa de Florida. En las últimas semanas, DeSantis ha celebrado actos políticos en otros estados, como New Hampshire y Carolina del Sur, que anticipan las primarias presidenciales, y habló en la cumbre de liderazgo de la Heritage Foundation’s 50th Anniversary Celebration en Maryland. El gobernador se ha embarcado ahora en una “misión comercial internacional” en Japón, Corea del Sur, Israel y Reino Unido.
El lunes se reunió con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, una visita que se vio ensombrecida por una respuesta que DeSantis dio a los periodistas que le preguntaban por ir por detrás del expresidente Donald Trump en las encuestas presidenciales de 2024. Sus números en las encuestas han caído en medio de una ola de ataques de Trump, y de críticas de congresistas republicanos.
El video de DeSantis respondiendo a la pregunta de la encuesta se hizo viral en las redes sociales y amplificó la creciente reputación nacional de DeSantis como alguien con una personalidad torpe. “No soy candidato”, dijo, “así que ya veremos si eso cambia y cuándo”.