Por Nicole Acevedo y Cora Cervantes – NBC News
Pese a la pandemia de coronavirus y feroz la crisis económica que ha desatado, hay muchas familias que no han solicitado los beneficios públicos para los que califican porque temen que la norma de carga social aprobada por el expresidente Donald Trump afecte las posibilidades de que un familiar inmigrante obtenga la residencia permanente o la ciudadanía estadounidense.
Un estudio realizado por grupo de expertos en política económica y social del Urban Institute indica que uno de cada siete adultos en familias inmigrantes, es decir 13,6%, informó que no se inscribió el año pasado en Medicaid, el Programa de Seguro de Salud para Niños, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y los subsidios de vivienda -a pesar de que ellos o sus familiares eran elegibles- debido a la preocupación de que afectaría sus esfuerzos de legalización en el país.
Karin, de 42 años, que pidió ser identificada sólo por su nombre de pila, es una de ellas. Trabaja como ama de llaves, lleva 15 años viviendo en Los Ángeles tras haber huido de la violencia en Guatemala. Ella y sus dos hijas mayores están tratando de encontrar la manera de obtener permiso de trabajo o la residencia; su hija menor nació en Estados Unidos.
Ha evitado inscribirse a MediCal, el programa de Medicaid de California, a pesar de que está disponible para los residentes del estado que cumplan los requisitos, independientemente de su estatus legal.
Bajo la Administración Trump, los inmigrantes que buscan un estatus legal y cuyas familias se inscribieron en programas financiados con fondos públicos, podían ser considerados carga pública si los funcionarios determinaban que podían necesitar asistencia gubernamental.
El cambio en la norma se produjo después de que la Administración Trump ampliara la definición del término. El Departamento de Seguridad Nacional había definido previamente que "carga pública" podía ser alguien que dependía de la asistencia en efectivo o de la atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno, pero la norma de la era Trump amplió la definición para incluir beneficios adicionales, como cupones de alimentos, Medicaid no de emergencia, ciertos subsidios de medicamentos recetados y vales de vivienda.
El presidente, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva pidiendo una "revisión inmediata de las acciones de la agencia sobre la inadmisibilidad de la carga pública".
Karin dijo que prefería seguir sin seguro hasta que el gobierno de Biden dijera explícitamente que inscribirse al seguro médico público estatal no clasificaría a las personas como carga pública y no pondría en peligro sus esfuerzos de legalización en el país.
El Urban Institute descubrió que casi 28% de los inmigrantes en familias con miembros que no tenían residencia evitaron una serie de beneficios públicos a los que tenían derecho debido al "efecto paralizante" de la norma.
Eliseo López, de 72 años, se gana la vida haciendo reparaciones domésticas. Vive en Los Ángeles desde hace tres décadas. Durante la pandemia ha luchado por conseguir trabajo suficiente que le permita llegar a fin de mes. Las dolencias relacionadas con la edad le dificultan seguir trabajando.
Como residente permanente, López tiene derecho a las prestaciones de jubilación. Pero se negó a solicitarlo el año pasado por miedo a que pudiera poner en peligro la posibilidad de que su esposa obtenga la residencia permanente.
"Paramos todos los trámites de inmigración de mi mujer por el comportamiento antiinmigrante de Trump. Siempre nos mantuvimos al margen, nunca pedimos ayuda a nadie", dijo López, "simplemente no haría nada que potencialmente pudiera hacer que la deportaran".
Su hija, que es ciudadana estadounidense, les ayudó económicamente cuando se quedaron sin ahorros durante la pandemia. Debido al estatus migratorio mixto de la familia, no recibieron ningún cheque de estímulo por el COVID-19.
López dijo que ahora que Biden es presidente se siente más cómodo reanudando el proceso de legalización de su esposa.
Hamutal Bernstein, coautor del estudio, dijo: “Creo que va a tener que haber un esfuerzo de información y educación muy fuerte dado a la desinformación, el miedo y la confusión en torno a esta norma”.
Bernstein descubrió que hay otros factores que también disuaden a las familias de solicitar los beneficios, como el temor a que las autoridades de inmigración compartan información, las barreras lingüísticas y las dificultades para tramitar la inscripción.
Siempre hay miedo
Karla, de 39 años, es una inmigrante mexicana que pidió ser identificada sólo por su nombre de pila, perdió su trabajo en el cuidado de niños durante la pandemia y ha estado limpiando casas para cubrir sus gastos todos los meses.
Su marido es un trabajador esencial que reparte productos a los supermercados. Tienen tres hijos.
"Vivimos sólo para tener dinero suficiente para el alquiler y la comida", dijo Karla.
La única ayuda adicional que recuerda haber recibido para mantener a sus tres hijos adolescentes, todos ellos ciudadanos estadounidenses, han sido las comidas a través del programa estatal de almuerzos escolares. "Siempre hay miedo, pero a veces la necesidad gana y aplicas a ciertos programas mientras temes que pueda afectar tu estatus legal en el futuro", explica.
Karla dijo que desearía tener un seguro médico después de que hace dos años se sometiera a una traumática cirugía dental de emergencia.
"Sólo necesito unos dientes sanos que me sirvan para comer bien", dijo, "apenas voy al médico porque no tengo acceso. Si algo me duele mucho, no tengo más remedio que ir a urgencias".
Karla dijo que ha estudiado la posibilidad de inscribirse en el programa de seguro médico público de California, pero que el proceso de solicitud ha sido difícil.
Bernstein dijo: "Para complementar cualquier cosa que el Gobierno haga para deshacer la regla, también será muy importante hacer campañas de educación, comunicaciones, que haya un compromiso con las familias inmigrantes para informarles sobre los cambios de política, también para tratar de reconstruir la confianza y reducir algunos de esos temores de participar en los programas que ellos o sus hijos pueden ser elegibles".