"El día de la operación no había un intérprete, no había nadie que te dijera nada. Vi mucha indolencia, mucha falta de humanidad. Yo quería preguntarle a alguien cuánto se va a tardar mi cirugía, pero todos los que estaban allí eran americanos", lamenta Maciel.
Esta inmigrante venezolana, que prefiere identificarse con un nombre falso por miedo a represalias, recuerda el miedo que sintió al entrar al quirófano sin saber con precisión qué iban a hacerle. Estaba detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el centro de detención de Irwin, en Georgia. Después de soportar durante semanas los dolores en su útero, logró que un médico externo, el ginecólogo Mahendra Amin, la atendiera. Le dijo que hacía falta operar.
Tras la cirugía, los dolores persistían. Meses después, ya fuera del centro de detención, se enteró de que varias detenidas iniciaron una demanda colectiva contra ese mismo ginecólogo. Su denuncia era muy similar: no sabían de qué las iban a operar exactamente, ni entendían bien el inglés, ni habían dado autorización.
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Las acusaciones contra el doctor Amin, hechas públicas a finales de 2020, fueron contundentes: negligencia médica, y haber practicado esterilizaciones innecesarias a inmigrantes bajo custodia de ICE.
Esta semana, al fin, algo cambió.
El Gobierno de Joe Biden anunció el jueves que cerrará el centro de detención en Georgia donde Maciel y el resto de mujeres inmigrantes estaban detenidas cuando se les practicaron las cirugías. También está previsto el cierre de otro centro de inmigrantes en North Dartmouth, Massachusetts, acusado de abusos a inmigrantes.
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"No toleraremos el abuso de individuos en detención civil migratoria", dijo en un comunicado Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional. Su departamento rompió los contratos con los operadores de los dos centros, la compañía privada LaSalle, en Georgia; y el departamento de un sheriff local en Massachusetts.
El anuncio se vivió como una victoria entre activistas y legisladores que llevaban meses pidiendo la extinción de esos contratos. Pero recuerdan que hay dos centenares de centros de detención más en activo.
"Estaremos presionando al Departamento de Seguridad Nacional y al presidente para el cierre de estos centros de detención. No tienen las instalaciones necesarias para proveer servicios que se requieren al tener por tanto tiempo a una persona detenida", dijo Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia. Su organización lideró la lucha de la demanda colectiva contra el doctor Amin.
Cuando la queja salió a la luz, Noticias Telemundo Investiga habló con cinco de las pacientes del doctor.
"Me lastimó mucho, más del dolor que traía", dijo una inmigrante mexicana que presentó su testimonio en la acusación. María, quien prefirió no publicar su nombre real, habló sobre un procedimiento de ultrasonido en el cual, según ella, Amin fue "muy brusco", tanto que le provocó el llanto.
"Siento que nos trataba como si fuéramos animales, o no sé, como si no sintiéramos nosotros dolor", dijo.
Maciel, ya en libertad en Estados Unidos, se sintió muy identificada con esas quejas. A ella, el doctor le dijo que la hemorragia que sufría era consecuencia de un quiste en un ovario y del agrandamiento de su útero. Pero no supo exactamente por qué la tenían que operar, ni lo sabe a más de un año de la operación.
"Nadie te tenía una explicación", denuncia. Después de la cirugía tampoco logró respuestas: "Ni una consulta, ni los resultados ni informe, nada. Nada de eso llegó. Estoy peor que antes".
Los grupos proinmigrantes, que han visto varias concesiones del Gobierno de Biden a sus peticiones en las últimas semanas, esperan que estos dos cierres sean sólo el principio.
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Bajo el Gobierno de Biden, la población extranjera en custodia de ICE ha descendido. Según datos de la institución Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), en abril había poco más de 15,000 detenidos, lejos de los más de 50,000 que hubo en algunos momentos de la Administración de Donald Trump. Sin embargo, la mayoría de los reclusos no tienen antecedentes criminales o solo cometieron ofensas menores.
El Gobierno de Biden no ha concretado cómo ni cuándo cumplirá su promesa de campaña de acabar con los centros de detención gestionados por compañías privadas.