El Gobierno que preside Donald Trump anunció este martes la aprobación final de una regla que negará el asilo a inmigrantes indocumentados que hayan sido detenidos o condenados por algunos delitos determinados, en lo que supone un nuevo golpe al sistema que protege a miles de personas que huyen de sus países de origen, y cuando faltan menos de dos semanas para las elecciones presidenciales.
La medida, que divulgaron de manera conjunta el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, entrará en vigor en 31 días.
Además de las restricciones que ya se imponen a nivel federal, como amenazas a la seguridad nacional o terrorismo, la normativa enumera siete áreas penales, que incluyen varios delitos menores, que impedirán a los migrantes pedir asilo.
Entre los delitos más graves destacan faltas federales y estatales, cargos por violencia doméstica (aunque no haya sentencia), tráfico de personas y de drogas, o pertenecer a una pandilla.
Tampoco serán elegibles quienes hayan cometido faltas menos severas, como conducir bajo la influencia del alcohol o drogas (DUI); presentar una identificación falsa; reingresar ilegalmente al país tras ser deportado; o el uso ilegal de ayudas públicas.
Bajo la legislación vigente, los extranjeros físicamente presentes en Estados Unidos tienen derecho a solicitar asilo, sin importar su estatus migratorio. Pero su capacidad para hacerlo se ha restringido con las medidas contra la inmigración de la Administración Trump, algo que la nueva norma acentúa.
Este es un esfuerzo más de la Administración Trump por frenar la llegada de inmigrantes y restringir el acceso al asilo, y su anuncio llega un día después de que la Corte Suprema dictaminara que examinará en los próximos meses la validez del programa para devolver a México a personas migrantes que solicitan asilo en la frontera, conocido como Remain in Mexico o Quédate en México, después de una apelación del Gobierno porque una corte inferior bloqueó la medida.
['Quédate en México': un año de caos, improvisación y desesperanza]
Ese programa, con el que más de 60,000 personas en busca de refugio han sido devueltas a territorio mexicano para esperar sus audiencias migratorias (pospuestas por la pandemia), siguirá vigente en lo que se resuelve la disputa legal por una decisión anterior de la Corte Suprema.