El mismo día en que California liberó a Sandra Castañeda de prisión, tras pasar 19 años en la cárcel por un asesinato que no había cometido, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) la volvieron a privar de la libertad.
Ahora, en vez de ver a su familia como tanto ansiaba, Castañeda, de 40 años, se enfrenta a la amenaza de ser deportada a México, un país en el que no ha estado desde que tenía 9 años.
“Estoy atrapada aquí. No tengo nada que hacer durante el día y me siento abrumada. Es como si ninguna regla aplicará para ellos [ICE]. Pueden hacer lo que quieran”, afirmó Castañeda en entrevista con el diario The Guardian.
Una vida en prisión
Castaneda llegó a Estados Unidos en 1991 con un permiso de residencia permanente. Tuvo un infancia difícil en un vecindario del sur de Los Ángeles, pero se mantuvo alejada de los problemas.
En la tarde del 10 de mayo de 2002, sin embargo, cuando Castañeda iba conduciendo un auto en el que viajaban además varias amigas, una de ellas sacó una pistola y le disparó a dos personas, hiriendo a una y matando a otra.
Todas las mujeres que estaban en el auto huyeron a pie, pero Castañeda se quedó allí y la policía la detuvo a ella.
Los fiscales nunca la acusaron de jalar del gatillo ni de planear el ataque. Pero fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de salir en libertad condicional después de 40 años en virtud de una ley en California que en aquel entonces dictaba que cualquier persona implicada en un delito grave que terminara en homicidio podía sufrir las mismas consecuencias que quien lo cometiera.
El año pasado una corte anuló la condena de Castañeda basándose en una nueva ley de California que eliminó esa regla que había llevado a sentencias injustas en casos donde ocurrieron homicidios.
A pesar de ello, las autoridades federales de inmigración han insistido en deportarla.
Colby Lenz, una defensora de los derechos de las mujeres presas, estaba fuera de la cárcel esperando a Castañeda el 27 de julio de 2021 para llevarla con su familia, cuando una camioneta repleta de agentes de ICE la interceptó y se la llevó, según contó a Noticias Telemundo.
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En un inicio los agentes federales le dijeron que le iban a permitir seguir su proceso migratorio en casa con un grillete electrónico, lo cual la alegró mucho, según dijo, porque al fin podría estar con su familia. Pero luego le contaron que le habían encontrado "un lugar" y se la llevaron a un centro de detención en Georgia, lejos de toda la gente que conocía.
"En este país se han cometido errores terribles en cuanto a políticas de justicia penal y sentencias severas, especialmente contra jóvenes latinos y afroamericanos, como ocurrió con Sandra", aseguró en entrevista con Noticias Telemundo su abogado, Anoop Prasad.
Aunque Castañeda tenía permiso para residir de manera legal en el país, las leyes migratorias permiten a las autoridades deportar a no ciudadanos que son considerados "un riesgo para la comunidad".
Si bien ante la justicia de California Castañeda es una persona libre y sin antecedentes a la que se le había condenado de manera injusta, debido a una directriz del Departamento de Justicia emitida durante el Gobierno de Donald Trump cayó en una categoría de inmigrantes a los que ICE busca deportar a toda costa.
Los lineamientos del Departamento de Justicia establecen que si un inmigrante es condenado por un delito grave como un homicidio se le debe deportar, y esa expulsión solo puede frenarse si se descubre mediante evidencia "sustantiva", como una prueba de ADN, que se le acusó de manera injusta, pero no si se le otorga un perdón al considerarse que se rehabilitó o se reforma la ley bajo la cual se le condenó desde un inicio, como es el caso de Castañeda.
Eso permite que inmigrantes cuyas condenas fueron anuladas o perdonadas terminen siendo deportados, aunque los estados los consideren libres de culpa.
"Ahorita personas que ya cumplieron con sus sentencias y no son ciudadanos pueden ser deportados a nivel del país, pero en California queremos hacer un pacto para que eso ya no pase", afirmó en entrevista con Noticias Telemundo Wendy Carrillo, congresista estatal de California que participa en un proyecto legislativo para evitar que las prisiones entreguen a inmigrantes recién liberados a ICE.
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Activistas le han pedido al actual Gobierno de Joe Biden que elimine una directriz del exfiscal general William Barr, quien sirvió durante la Administración Trump, que impide que las autoridades migratorias reconozcan que una condena fue anulada para dejar de tratar de deportar a los inmigrantes que llegaron a tener antecedentes penales.
ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Noticias Telemundo. Castañeda deberá presentarse nuevamente a una audiencia ante la corte a finales de mayo.