A partir del martes 31 de mayo los solicitantes de asilo presentarán sus casos a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y no tendrán que esperar a los jueces para definir su situación migratoria.
El plan, que fue anunciado por la Administración Biden a finales de marzo, pretende agilizar los procesos de los migrantes que cruzan la frontera. Los oficiales de asilo tendrán 90 días para resolver los casos.
Al recibir la solicitud el funcionario valuará lo que se conoce como miedo creíble y entrevistarán al solicitante durante los primeros 30 días, de acuerdo a información obtenida por la cadena CBS. Después, los oficiales tendrán 60 días para denegar o conceder el asilo. Si el fallo es favorable podrán permanecer en el país y optar a la residencia permanente un año después de la decisión.
Si el oficial de asilo rechaza el pedido de un solicitante, el migrante puede solicitar una reconsideración de su caso ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, dentro de los siete días de la resolución de su caso, según dijeron en marzo funcionarios de la agencia a Los Angeles Times.
Ante otra respuesta es aún negativa, el solicitante podría acudir a un juez de migración para que revise su caso y luego lo presente ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y los tribunales federales de circuito.
La medida entra en vigencia dos semanas después de que un juez federal prohibió al presidente, Joe Biden, acabar el Título 42, la política impuesta por el expresidente Donald Trump durante la pandemia en 2020 mediante la cual se puede expulsar de manera inmediata a los solicitantes de asilo por razones de salud pública.
Miles de migrante se desplazaron hasta la frontera sur con México a la espera de que la medida se terminara el 23 de mayo, como había planeado el Gobierno pero ante el fallo varios quedaron a la deriva.
"A través de esta norma, estamos construyendo un sistema de asilo más funcional y sensato para garantizar que las personas que reúnen los requisitos recibirán protección con mayor agilidad, mientras que las que no reúnen los requisitos serán expulsadas rápidamente", dijo Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional en un comunicado.
La política también quiere acabar con la demora en el sistema de migración. Actualmente hay 1.7 millones de casos pendientes de los cuales el 40% son de asilo.
Se calcula que la espera para que un oficial de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración tome un caso será de meses, en lugar de los años que demora ahora una cita ante una corte de migraciones.
La agilidad, del proceso supone un beneficio pero también una preocupación para activistas proinmigrantes que sugieren que el poco tiempo para que los solicitantes preparen sus casos o documentos jugaría más en contra que a favor.
"Apresurar a los solicitantes de asilo a través de las adjudicaciones sin el tiempo suficiente para asegurar la representación legal, reunir pruebas o preparar sus casos es ineficaz y contraproducente", dijo al diario The New York Times Eleanor Acer, directora senior de protección de los refugiados en Human Rights First.
En cuatro meses el flujo de migrantes se ha mantenido por encima de 200,00 en la frontera sur. En abril, más de 234,000 personas cruzaron de manera irregular la frontera con México, superando a los 221,000 de marzo.