Por Shannon Pettypiece - NBC News
Las enfermeras y otros trabajadores de la salud que han sido traídos a Estados Unidos desde el extranjero para ocupar miles de puestos vacantes dicen que en algunos casos han estado sujetos a condiciones de trabajo inseguras, robo de salarios y amenazas de decenas de miles de dólares en deuda si renuncian o son despedidos.
En entrevistas, más de una docena de trabajadores de la salud inmigrantes de todo el país describieron haber sido colocados en trabajos donde había tan poco personal que no podían satisfacer las necesidades básicas de los pacientes y temían por su seguridad física.
También describieron que les pagaban menos que a sus contrapartes estadounidenses –a pesar de las leyes que lo prohíben–, que trabajaban horas extras no remuneradas y que les habían engañado sobre los beneficios prometidos, como alojamiento gratuito.
Pero cuando los trabajadores intentaron dejar sus empleos antes del vencimiento de los contratos multianuales, se enfrentaron a pagar decenas de miles de dólares en multas de sus empleadores, se vieron forzados a pasar por procesos de arbitraje o fueron demandados, en algunos casos por más de 100,000 dólares, según una revisión de contratos de trabajo, juicios y otra documentación obtenida por NBC News.
Como resultado, los trabajadores dijeron que se sentían atrapados entre dos caminos: continuar en trabajos insostenibles o arriesgarse a la ruina financiera.
“Estos contratos desmedidos atrapan efectivamente a estos trabajadores en la servidumbre por deudas, lo que les impide dejar sus trabajos”, afirmó Martina Vandenberg, presidenta del Centro Legal de Trata de Personas, en un testimonio ante el Congreso el mes pasado sobre lo que ella ve como un problema más amplio: “Los trabajadores están atados por sus deudas, no pueden huir”.
El Departamento de Trabajo ha alegado que algunas de las tácticas utilizadas para mantener a las enfermeras en sus trabajos son ilegales, y en marzo demandó a una agencia de personal de enfermería. El argumento: que las sanciones impuestas a los trabajadores por dejar sus empleos antes de tiempo equivalían a una violación de las leyes de salario justo.
Un tribunal federal dictaminó en 2019 que las sanciones contractuales de 25,000 dólares establecidas por parte de un operador de un asilo de ancianos de Nueva York violaron las leyes de trata de personas.
Pero esas prácticas de empleo han continuado, cayendo en un área gris en términos de regulaciones, y esto puede volverse aun más frecuente dada la escasez de estadounidenses dispuestos a trabajar en puestos de trabajos de atención médica con condiciones difíciles y salarios relativamente bajos, dijeron defensores de los trabajadores, específicamente del sector de la enfermería.
“[Esto] me impacta tanto como los casos de los niños que trabajan en el turno de la noche en los mataderos y los estados que reinstalan leyes de trabajo infantil”, afirmó Vandenberg a NBC News.
Si bien los trabajadores de la salud han estado viniendo a Estados Unidos desde el extranjero durante décadas, han desempeñado un papel cada vez más importante en el sistema de atención médica después de que aproximadamente 100,000 enfermeras abandonaron la industria durante la pandemia de COVID-19, muchas citando estrés y agotamiento, según una encuesta de 2022.
Los hogares de ancianos, que suelen pagar salarios más bajos que los hospitales, se han visto particularmente afectados y han perdido más de 200,000 trabajadores, incluidos enfermeros, fisioterapeutas y más personal de apoyo, desde el comienzo de la pandemia.
Eso ha provocado que los sistemas de salud, agencias de empleo y reclutadores internacionales presionen al Congreso para aumentar la cantidad de trabajadores capacitados en el extranjero que pueden venir a Estados Unidos.
Pero a medida que ha aumentado la demanda de trabajadores de la salud capacitados en el extranjero, los reclutadores y las agencias de empleo han usado tácticas más agresivas para mantener a los trabajadores en sus puestos con contratos más largos y tarifas de reembolso más altas, afirmó Polly Pittman, directora del Centro de Investigación de la Fuerza Laboral de Salud de la Universidad George Washington.
“Si eres una agencia de empleo, básicamente tienes un incentivo financiero para que se queden contigo para siempre”, indicó.
Trabajando 55 horas y cobrando 40
Miles de enfermeras formadas en el extranjero llegan a Estados Unidos cada año, la mayoría procedente de Filipinas, donde los programas de formación son similares a los de las escuelas estadounidenses, un hecho que se remonta a la colonización estadounidense de Filipinas a finales del siglo XIX. Durante ese tiempo, Estados Unidos estableció varios hospitales y facultades de Medicina en el país que utilizaban el método estadounidense para capacitar enfermeras.
Jeddalyn Ramos fue contratada en Filipinas y comenzó a trabajar en agosto de 2022 en Baldwin Health Center en Pittsburgh, propiedad del operador de hogares de ancianos CommuniCare, que brinda servicios de recuperación y rehabilitación a personas mayores.
Ramos firmó un contrato de tres años que requería que ella pagara una cantidad prorrateada de 16,000 dólares si renunciaba o era despedida antes de que terminara el plazo. El acuerdo decía que el dinero era para gastos relacionados con su relocación, incluidas ciertas tarifas de presentación, tarifas de contratación y agencia, costos legales y vivienda temporal. El contrato decía que los costos eran “adelantos y asistencia de reubicación que podían ser perdonados durante un período de empleo continuo”.
Una vez que Ramos comenzó a trabajar en Estados Unidos, a menudo era la única enfermera de hasta 30 pacientes, lo que usualmente le impedía darles sus medicamentos a tiempo o protegerlos de caídas, comentó Ramos en una demanda. La alta cantidad de pacientes por enfermeras puso a esas personas en peligro, alegó, y ella misma se arriesgó a perder su licencia de enfermería.
En un caso, recordó, un paciente al que le habían amputado una pierna presionó el botón de llamada en busca de ayuda para ir al baño, dijo en una declaración escrita entregada a su abogado y que fue proporcionada a NBC News. Ramos estaba atendiendo pacientes en el otro extremo del pasillo y no pudo responder de inmediato. Dijo que asumió que el asistente de enfermería en el piso respondería, pero cuando no lo hizo, el paciente intentó llegar al baño por su cuenta y se cayó. Finalmente, el personal de servicios sociales encontró al paciente, alertó a Ramos de lo sucedido y pidió su ayuda. Relató que corrió a la habitación del paciente y lo encontró llorando en el piso del baño.
“El paciente lloraba y pedía ayuda”, escribió Ramos, “se me partió el corazón por el paciente y por mí porque no se suponía que estuviéramos en esa situación”.
Para satisfacer las necesidades de los pacientes que le asignaron, tuvo que trabajar durante sus descansos y quedarse más allá del final de su turno, horas extra por las que no le pagaron, dijo en su demanda.
Después de menos de dos meses en el trabajo y a pesar de la sanción financiera que sabía que enfrentaría, Ramos dijo que renunció. Poco después de dejar el trabajo, Ramos recibió una carta del propietario de las instalaciones, CommuniCare Family of Companies, en la que le exigían el pago de 15,555 dólares estipulados en su contrato de trabajo. Dos días después, envió a la compañía un cheque por el monto total, según documentos que compartió con NBC News.
Aun así, CommuniCare la demandó por 100,000 dólares o más bajo el argumento de daños por incumplimiento de contrato, enriquecimiento injusto y conducta fraudulenta, según documentos judiciales.
Ramos está entre más de una docena de enfermeras demandadas desde principios de 2022 por CommuniCare –cada una por 100,000 dólares o más–, por dejar sus trabajos antes del final del acuerdo de tres años que habían firmado, arrojó una revisión de documentos legales en en condado de Hamilton, Ohio, donde tiene su sede la empresa.
Ramos y otras enfermeras han presentado contrademandas en las que afirman que CommuniCare violó las leyes de salarios justos al no pagar horas extras, y que los 16,000 dólares en presuntos costos que la compañía busca recuperar violan las leyes al usar la amenaza de daños financieros graves para obligarlos a seguir trabajando. La contrademanda de Ramos indicó que la compañía “a sabiendas usó tales amenazas para ejercer presión sobre la demandada para que siguiera trabajando para el demandante y evitar que buscara empleo en otro lugar”.
CommuniCare no proporcionó una lista detallada de sus costos en su demanda, pero dos enfermeras de CommuniCare que habían firmado contratos con el requisito de reembolso de 16,000 dólares aseguraron que CommuniCare pagó su vuelo, un mes de alojamiento temporal mientras no tenían ingresos y esperaban en Estados Unidos para ser asignadas a trabajos, y por sus visas y exámenes médicos. La compañía también pagó las tarifas de presentación de visas, que pueden llegar a 2,500 dólares, y que el empleador debe cubrir según las leyes de Estados Unidos.
Las enfermeras, que ganaban varios cientos de dólares a la semana en Filipinas, afirmaron que pagaron por los exámenes de Enfermería e Inglés que tomaron en Filipinas, así como también por los gastos diario en Estados Unidos, mientras esperaban durante más de un mes sin tener ingresos, antes de ser asignadas a un trabajo.
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Ariane Rose Villarín, otra enfermera que trabajó con CommuniCare, presentó una demanda contra CommuniCare y WorldWide Health Staff Solutions –un reclutador con el que la compañía trabaja en Filipinas– en un tribunal federal en marzo. En la queja, hizo acusaciones similares a las de Ramos.
Villarín, quien comenzó a trabajar en julio de 2022 en Green Park Senior Living Community, propiedad de CommuniCare, en St. Louis, alegó que tuvo que cuidar hasta 40 pacientes que requerían una atención prolongada sin contar con la cantidad adecuada de asistentes de enfermería. Amplió que a menudo trabajaba durante sus descansos para comer y laboraba horas adicionales antes y después de su turno para completar todas sus tareas, lo que equivalía a trabajar de 50 a 55 horas a la semana a pesar de que sólo le pagaban por 40 horas, indicó en la demanda.
“Un enganche a base de engaños”
Temiendo que la abrumadora carga de trabajo pudiera ponerla en riesgo de perder su licencia de enfermería si cometía un error, renunció al trabajo después de unos dos meses, aseguró en la demanda.
“Traen a estas enfermeras, les prometen el sueño americano, pero es un enganche a base de engaños”, declaró Magen Kellam, abogado de inmigración de Florida que ha representado a docenas de enfermeras educadas en el extranjero y es uno de los abogados que representa a Villarín. “Llegan aquí y muchas veces los trabajos son muy diferentes a la idea que les vendieron. Pero ahí es donde entra en juego esta servidumbre basada en deudas, donde no pueden irse incluso si las condiciones no son seguras, y además les roban el salario y las explotan en sus horas de trabajo”, agregó.
Las enfermeras que vienen a Estados Unidos llegan con residencia, también conocidas como visas EB-3, por lo que su estado migratorio no está vinculado a su empleador y pueden dejar sus trabajos sin que les afecte su estado migratorio, a diferencia de otros trabajadores con visas temporales como las H1-B.
CommuniCare afirmó en un comunicado que no podía comentar sobre los detalles del litigio en curso, pero que consideraba “una rareza estas acusaciones sobre maltrato a trabajadores o violación de los términos de los acuerdos con nuestros empleados internacionales”. La compañía dijo que las enfermeras tienen la libertad de irse siempre y cuando reembolsen a la compañía el monto que pagó en honorarios al Gobierno y terceros.
“Desafortunadamente, algunas de las enfermeras manipularon el sistema para ingresar a los Estados Unidos y luego buscaron oportunidades mejor pagadas”, aseguró CommuniCare en un comunicado.
La compañía, que tiene más de 18,000 empleados, indicó que había enfrentado escasez de personal, en parte por los efectos continuos de la pandemia, y “después de agotar todas las opciones” recurrió a la contratación de trabajadores en el extranjero para cubrir esas vacantes laborales.
Ramos dijo que se había comunicado en varias ocasiones con CommuniCare para pedirle que retire la demanda, basado en el hecho de que le había devuelto dinero a la empresa después de que la queja fue presentada en corte en octubre de 2022. Cuando la empresa no lo hizo, presentó en enero su contrademanda.
Aproximadamente dos semanas después de que Ramos presentó su contrademanda, CommuniCare le envió un correo electrónico en el que le dijo que discutir sobre su despido y llegar a un acuerdo, según un intercambio de correo electrónico proporcionado por CommuniCare. En el intercambio, Ramos respondió que aceptaba retirar su contrademanda si le devolvían los 15,555.45 dólares que pagó y le otorgaban 78,000 dólares por daños emocionales.
Un portavoz de CommuniCare afirmó que la compañía trató de retirar la demanda después de descubrir “un error administrativo” y alegó que Ramos “se negó a comprometerse razonablemente” con la compañía.
La mayoría de los estados no tienen cifras obligatorias de personal para los centros de atención médica, pero la escasez de personal ha sido una preocupación cada vez mayor de las enfermeras en el país desde el comienzo de la pandemia y una razón clave para que abandonen la profesión, aseguró Cheryl Peterson, vicepresidenta de programas de Enfermería de la Asociación Estadounidense de Enfermeras.
Pero en lugar de mejorar las condiciones de trabajo para atraer a las enfermeras estadounidenses, los empleadores buscan ocupar esos puestos con personal extranjero, que no tiene la misma libertad para renunciar debido a los contratos que han firmado, afirmó Peterson.
“El miedo es la clave”
Los documentos en corte arrojan luz sobre lo ocurrido con las enfermeras que renunciaron y fueron demandadas, pero no sobre la situación de las que han seguido trabajando, temerosas de las consecuencias de abandonar sus puestos de trabajo.
Otra enfermera filipina en Maryland, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias de su empleador, afirmó que volvió a trabajar pese a temer por su bienestar físico, después de que su empleador la amenazó con una demanda de más de 100,000 dólares cuando trató de renunciar antes de que se cumplieran sus tres años de contrato, revelaron documentos revisados por NBC News.
Contó que ella y otra enfermera tenían la tarea de cuidar a más de dos docenas de pacientes con problemas mentales y de adicción a las drogas que necesitaban supervisión constante, en una instalación que no tenía personal de seguridad. Amplió que temía por su seguridad cada vez que entraba y salía del lugar después de que ocurrió un tiroteo cerca de la instalación y de que entraran a robar en varios autos de empleados. Relató que había conseguido otro trabajo en un hospital cercano, pero que había rechazado la oferta después de que fue amenazada con una demanda.
Otro enfermero reclutado en Filipinas que comenzó a trabajar en 2022 en un hogar de ancianos en Connecticut, quien tampoco quiso ser identificado, aseguró que le gustaría dejar su empleo por lo que consideraba prácticas laborales injustas que incluían un salario más bajo que su compañeros de trabajo y horas extras no pagadas, pero que su gerente le dijo que iba a enfrentar una multa de 45,000 dólares si rompía su contrato de cinco años después de haber trabajado sólo uno.
“Es una sensación de que estás en una celda y no puedes hacer libremente lo que quieres”, afirmó.
El enfermero dijo que cuando fue reclutado le ofrecieron alojamiento gratuito y le prometieron que iba a trabajar en una instalación en la ciudad de Nueva York, donde estaría cerca de su familia, que vive en Nueva Jersey. Pero cuando llegó el año pasado, lo enviaron a una instalación a dos horas de Nueva York. Y el alojamiento gratuito resultó ser en realidad una habitación en el hogar de ancianos.
El miedo es lo que permite que estas empresas se salgan con la suya”
DavId Seligman Director de Towards Justice
Vivió allí durante cuatro meses. Después de inspectores de Salud llegaron a revisar las instalaciones, finalmente fue trasladado a un apartamento. También supo que su salario de 34 dólares por hora era menos de lo que recibían sus contrapartes estadounidenses en la misma institución. Una revisión en el sitio de internet Indeed.com reveló numerosos trabajos similares en hogares de ancianos, donde el salario es de 37 dólares por hora. Ello equivale a más de 8,000 dólares adicionales al año por semanas laborales de 40 horas. Otros, incluso, llegar a pagar hasta 50 dólares por hora.
A diferencia de sus colegas estadounidenses, el enfermero filipino fue clasificado como contratista independiente, aunque había sido empleado directamente por la agencia de empleo y no por el hogar de ancianos y, además, no recibió seguro médico ni de liability (responsabilidad profesional).
“El miedo es la clave, porque el miedo es lo que permite que estas empresas se salgan con la suya al pagar salarios muy por debajo de lo que tendrían que pagar en el mercado si estuvieran compitiendo de manera justa”, afirmó David Seligman, director ejecutivo Towards Justice, un grupo de defensa de los trabajadores. “Estas empresas han podido monetizar el miedo”.
Los empleadores están obligados a pagar a las enfermeras inmigrantes el salario establecido por el Departamento de Trabajo para cada región. Sin embargo, tres abogados que representan a enfermeras con quienes NBC News habló dijeron que los empleadores a menudo usan prácticas engañosas para determinar esos salarios.
Una enfermera en Nueva Jersey aseguró que su pago por hora estaba basado en el salario promedio de las enfermeras en la parte más rural del estado, en comparación con el área de mayor salario, donde había sido ubicada, más cara cerca de la ciudad de Nueva York.
Dijo que los 3,800 dólares de salario neto al mes que recibía no eran suficientes para que su familia de tres personas pudiera cubrir los gastos de alquiler y seguro médico, además del automóvil que necesita para ir al trabajo. Como resultado, tuvo que pedirle dinero a su familia en Filipinas.
Estamos atrapados porque no tenemos otra opción, porque no tenemos los fondos para devolver el dinero”
Enfermera en Nueva jersey
Cuando le preguntó a su empleador qué podía pasar si se iba antes de que terminara su contrato de tres años, un gerente le dijo que tendría que pagarle a la empresa 100,000 dólares, por lo que decidió quedarse en el trabajo. El contrato de trabajo con la compañía, que fue revisado por NBC News, no establecía un monto específico en dólares que tendría que ser reembolsado si la enfermera no trabajaba durante todo el período, pero decía que la enfermera tendría que compensar a la compañía por la inversión que había hecho en la capacitación y contratación, además de las pérdidas asociadas con la renuncia de la enfermera y los perjuicios a los pacientes. El acuerdo indicaba que la compañía presentaría recursos legales para recuperar esas pérdidas.
Como resultado, la enfermera dijo que decidió quedarse en el trabajo. Para cubrir sus gastos, recientemente asumió un segundo trabajo de enfermería a tiempo completo. Ahora trabaja de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. seis días a la semana.
“Estamos atrapados porque no tenemos otra opción, porque no tenemos los fondos para devolverles el dinero”, comentó la enfermera de Nueva Jersey, quien pidió que no se revelara su nombre porque temía a represalias de su empleador.
“Buena fe y sensatez”
Kaye Mendoza se había graduado recientemente de la escuela de Enfermería cuando asistió a una feria de reclutamiento en Filipinas por sugerencia de su tía. Después de hacer una breve entrevista, le ofrecieron un trabajo y le presentaron un contrato de tres años en un hospital de Harlem, Nueva York. Relató que firmó el contrato a pesar de no entender completamente lo que decía, dado que el inglés era su segundo idioma y no estaba familiarizada con los términos legales estadounidenses.
“Todo lo que sabía sobre Harlem tenía que ver con [el equipo de baloncesto] los Harlem Globetrotters”, afirmó Mendoza.
Llegó a Nueva York en 2006. Su reclutador le había dicho que le iba a dar alojamiento y que su nuevo trabajo comenzaría pronto. En cambio, no le ofrecieron una vivienda y pasaron cuatro meses antes de que le dieran una fecha de inicio para trabajar, aseguró. Con sólo 200 dólares en ahorros y sin ingresos –relató–, tuvo que quedarse con parientes en Nueva Jersey y Maryland mientras esperaba.
Otra enfermera con un niño, que llegó en la misma fecha, terminó quedándose en la casa del reclutador durante meses, aseguró Mendoza.
Entiendo por lo que pasaron porque yo pasé por lo mismo, y esto debería terminar”
Kaye Mendoza enfermera y activista
Debido a su difícil comienzo en Estados Unidos, Mendoza se convirtió en defensora de un número cada vez mayor de enfermeras filipinas, docenas de las cuales la encontraron a través de un grupo de Facebook y se acercaron a ella para pedirle ayuda tras experimentar situaciones similares.
En los últimos meses, Mendoza se ha reunido con funcionarios filipinos y estadounidenses para crear conciencia esta situación.
“Entiendo por lo que todos pasaron porque yo pasé por lo mismo y hay que ponerle fin a esto”, declaró. “La situación está empeorando”.
No todos los hospitales y centros de atención médica utilizan prácticas de contratación de enfermeras extranjeras como las que se revelan aquí, dijo Virginia Alinsao, quien trabajó como reclutadora internacional para el Hospital Johns Hopkins.
Actualmente trabaja como reclutadora para el Sistema de Salud Henry Ford en Michigan, donde se esfuerza por llenar cientos de puestos vacantes con enfermeras capacitadas en el extranjero. Esas profesionales son empleadas directamente por el hospital, no por una agencia de personal, y se les paga lo mismo que a sus contrapartes estadounidenses, dijo.
Las enfermeras de Henry Ford cuentan con alojamiento amueblado, capacitación y una red local de otras enfermeras filipinas con las que pueden conectarse tan pronto como lleguen a Estados Unidos, explicó Alinsao. Añadió que, incluso, se asegura de que sus enfermeras tengan arroz y una olla para cocinarlo cuando llegan por primera vez a la vivienda que les asigna, un gesto que busca ayudarlas a adaptarse a su nuevo hogar con algo de la cocina de su país de origen.
El empleador invirtió dinero para traerlas. Reciben la residencia en Estados Unidos con lo que, básicamente, luego pueden ir a cualquier parte. Creo que es justo pedir que reembolsen, al menos, los costos directos"
Virginia Alinsao reclutadora
Alinsao afirmó que es justo exigir a las enfermeras que reembolsen a su empleador los costos directos de inmigración, como las tarifas de los exámenes, que pueden sumar varios miles de dólares, si se van antes de un cierto período de tiempo. Pero dijo que las tarifas deben ser razonables y no cubrir los gastos generales del negocio, los costos indirectos o la pérdida de ingresos.
“Creo que es justo pedirle a la enfermera que pague los gastos directos de traerlas. El empleador invirtió dinero para traerlas. Reciben la residencia en Estados Unidos con lo que, básicamente, luego pueden ir a cualquier parte. Creo que es justo pedir que reembolsen, al menos, los costos directos”, indicó Alinsao, quien dijo que esos costos pueden llegar a varios miles de dólares.
Los grupos de enfermería y de la industria han tratado de establecer pautas mediante acuerdos sobre el proceso de contratación, y ha tratado de abrirles los ojos a las enfermeras para que estén alertas sobre prácticas de contratación injustas. La Asociación de Enfermeras de Filipinas en Estados Unidos ha realizado seminarios en internet y publicado una hoja de consejos para las enfermeras. Además, las alienta a usar solo reclutadores autorizados por el Gobierno filipino.
La Asociación Estadounidense de Reclutamiento de Atención Médica Internacional, el grupo comercial que representa a aproximadamente a la mitad de los reclutadores, también tiene su propio código de ética y expulsa a los miembros que lo violen.
“Creemos que las enfermeras internacionales deben ser tratadas con dignidad”, dijo James Richardson, portavoz de la Asociación Estadounidense de Reclutamiento Internacional de Atención Médica, en un comunicado. “La membresía está condicionada al cumplimiento de un estricto código de ética administrado por una junta de revisión independiente”.
El código del grupo dice que sus miembros utilizarán “la buena fe y la sensatez en la búsqueda de tarifas por incumplimiento”, y que las tarifas por incumplimiento del contrato no deben usarse con “fines punitivos”. También indica que sus miembros deben hacer “esfuerzos razonables” para garantizar que los trabajadores sean asignados a “lugares de trabajo que sean seguros y que puedan realizar dicho trabajo sin daño para ellos u otros”.
Pero las pautas de ninguno de los grupos prohíben el uso de sanciones financieras para las enfermeras que renuncien antes del final de sus contratos.
Un problema con solución
A nivel federal, el empleo de enfermeras capacitadas en el extranjero cae en gran medida en un área gris de regulaciones, donde varias agencias supervisan una parte del proceso, pero ninguna tiene toda la supervisión. El Departamento de Estado tiene jurisdicción sobre el proceso de visas, incluso cuando las enfermeras solicitan la residencia. Pero una vez en el país, el Departamento de Trabajo supervisa que no se violen las leyes laborales.
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Un portavoz del Departamento de Estado indicó que, si bien no podía comentar sobre ningún litigio pendiente, “se toman en serio todas las denuncias de trabajo forzado, abuso de trabajadores y fraude, y se trabaja para garantizar la integridad de las adjudicaciones de visas estadounidenses y todos los servicios consulares que brindamos en el mundo”.
La secretaria de Trabajo interina, Julie Su, ha tomado algunas medidas recientes contra los presuntos abusos. En marzo, el Departamento de Trabajo presentó una demanda en un tribunal federal contra la agencia de empleo Advanced Care Staffing, en la que se alegó que la disposición de reembolso en los contratos de las enfermeras equivalía a una forma de presión que viola la Ley de Normas Laborales Justas.
La demanda indicó que Advanced Care Staffing obligó a las enfermeras que intentaron irse antes de que terminaran sus contratos a pasar por un proceso de arbitraje privado, y requirió que devolvieran decenas de miles de dólares en ganancias futuras que la compañía esperaba obtener de los empleados, así como el monto de los costos de los procedimientos de arbitraje y honorarios de abogados.
Advanced Care Staffing no respondió a las solicitudes de comentarios por correo electrónico y mensajes de de voz.
Las enfermeras han tenido cierto éxito en los tribunales. Un juez dictaminó en 2019 que el operador de un hogar de ancianos, SentosaCare, y una agencia de contratación que utilizó en Filipinas violaron la Ley de Protección de Víctimas de Trata al amenazar con daños financieros cuando incluyó una multa por daños y perjuicios de 25,000 dólares en los contratos de enfermeras inmigrantes, y presentó demandas contra enfermeras por 250,000 de dólares por incumplir sus contratos.
Sentosa argumentó ante el tribunal que la suma de 25,000 dólares era “por daños”, no una sanción, y que sus esfuerzos por cobrar la cantidad estaban dentro de sus derechos contractuales. Las partes llegaron a un acuerdo de 3.2 millones de dólares en marzo de 2022.
Pero ese fallo y otros a favor de las enfermeras no han detenido docenas de otras demandas contra enfermeras en los tribunales estatales de todo el país, dijo Kellam.
Vandenberg planteó recientemente el tema durante una audiencia en el Congreso sobre la reautorización de la Ley de Protección de Víctimas de Trata. Indicó que le gustaría que el Congreso o la Administración Biden tomen medidas para prohibir el uso de sanciones contractuales contra los trabajadores que son traídos a Estados Unidos.
“Parece que un pequeño cambio de política podría resolver estos problemas en Estados Unidos”, comentó Vandenberg. “Realmente no tomaría mucho trabajo resolver esto”.